¿Es inevitable una suba de impuestos?

Lo dicen los analistas privados, lo enfatiza la oposición y lo reconoce el gobierno. Lo que no es tan claro es cómo lograr que la brecha fiscal se cierre. Y en medio de la campaña política las cosas son más difíciles, porque el deber ser se confunde con lo que el electorado quiere escuchar y ahí los problemas crecen.

En los últimos tiempos se han escuchado distintas voces de expertos hablar de los problemas fiscales de cara al próximo gobierno. Es claro que quien asuma, cargará con una herencia difícil de procesar que mal llevada, puede poner en juego las posibilidades reales de acción de su administración y hasta su capital político.

¿Es posible asumir un ajuste fiscal del entorno de dos puntos del PIB sin aumentar impuestos o subir tarifas? La respuesta a esa pregunta divide en dos grandes grupos a los economistas y esa división no distingue ideología ni bandera política. Por un lado, están los idealistas, aquellos que entienden que sí, que es cuestión de gastar menos y gastar mejor. Y que ya desde el año uno el próximo gobierno va a estar en condiciones de aplicar medidas que racionalicen el gasto público.

Apuntan principalmente a las empresas públicas, al número de funcionarios públicos y a las políticas sociales. No hablan de recortes sino de eficiencia. Que se puede gastar menos sin afectar los resultados. Este punto no es patrimonio de la oposición ni obedece únicamente a un enfoque liberal. El favorito del Frente Amplio según las encuestas, Daniel Martínez, lo ha planteado en más de una ocasión: habrá que rever las políticas sociales y mejorar su coordinación.

El equipo de Lacalle Pou incluso le pone números a esa consigna y asegura que tiene mapeado, dependencia por dependencia, las fuentes del ahorro que permitirán afrontar el déficit sin recurrir a aumentos de impuestos ni tarifas.

Otro elemento que surge del discurso de los idealistas es el crecimiento económico como fuente de ingresos adicionales que permitan reducir el déficit fiscal. Promover la inversión privada o el crecimiento basado en obra pública y compras del Estado, aparece muy presente en las promesas de distintos partidos políticos, en particular en candidatos como Carolina Cosse.

Los pragmáticos, por su parte, coinciden en la necesidad de reducir el gasto, pero difieren en las posibilidades reales que tendrá el próximo gobierno de instrumentar esa reducción en los tiempos que el escenario fiscal lo exigen.

Son conscientes del efecto recesivo de un aumento de impuestos o una suba de tarifas, de cómo eso atenta con la necesidad real que tiene Uruguay de mejorar la competitividad y retornar a una senda de crecimiento, pero hay factores de economía política que se interponen entre el deber ser y la realidad.

Por un lado, reducir el gasto implica acuerdos –tanto dentro como fuera de la política– y en algunos casos, leyes de difícil negociación –como la reforma de la seguridad social, de la cual la mayoría de los políticos se rehúsan a adelantar postura–. Más aun en un parlamento fragmentado como el que le depara al próximo gobierno en su escenario más probable.

Son caminos que habrá que recorrer, porque el gasto debe bajar en última instancia, pero será un camino largo y de resultados inciertos. ¿Y mientras tanto qué? El próximo gobierno no tendrá tiempo suficiente para implementar las reformas que requiere una reducción del gasto significativa.

Entre otros expertos de renombre, eso opinan Gabriel Oddone, Pablo Rosselli y Javier de Haedo. Del otro lado, los precandidatos y sus equipos de asesores defienden la visión más idealizada, que es más fácil de vender desde el punto de vista del marketing político, pero muy peligrosa para quien resulte vencedor.

El discurso de campaña calibra las expectativas de la opinión pública de cara a los próximos cinco años. La gente espera un ajuste inocuo. Quizás los idealistas tengan razón y efectivamente el gasto resulte tan sencillo de bajar como sugieren Lacalle Pou y Martínez. Pero es muy probable que no. La historia propia y ajena así lo sugiere.

Los políticos uruguayos deberían perderle el miedo a trazar escenarios difíciles, a exigirle a sus votantes algo más que el voto por un proyecto de país. A definir con precisión ese esfuerzo, en monto y en tiempo, con un esquema justo. Pero habrá que asumir un compromiso por parte del gobierno de a partir de cuándo ese esfuerzo será recompensado. Y comprometerse a que si eso no es así, habrá consecuencias. Y asumir esas consecuencias. Porque de eso se trata gobernar: de compromiso y responsabilidades. Y vaya si se las echa en falta.