¿Qué se hace con un juez corrupto?
En ocasiones, el sistema de Justicia reacciona con lentitud o de manera errática ante irregularidades en su accionar
Ríos de tinta han corrido acerca de cómo se comportaron y qué ocurrió durante la dictadura militar (1973-1985) con la clase política, los medios de comunicación, los gremios, etc. No conozco ningún trabajo serio acerca de qué pasó en los años del plomo en el Poder Judicial y cómo se comportaron los jueces ante la eventualidad histórica que atravesó el país.
Cuando el Uruguay ya se había acostumbrado a que política y corrupción podían estar en una misma oración porque la condición humana es ineludible, voceros del sistema de Justicia seguían propalando una visión romántica acerca de que ese mal que suele estar vinculado al poder no había manchado a los magistrados uruguayos.
Casos como el del fiscal corrupto Carlos García Altolaguirre o la caída de la prestigiosa jueza Anabella Damasco, eran vistos como una anomalía absolutamente puntual, la excepción que confirmaba la regla.
Es altamente probable que la Justicia uruguaya se merezca algunos laureles como los que le concedió recientemente la Asociación Internacional de Abogados, que la ubicó como la segunda más transparente de la región, lo cual no obsta para que los organismos de contralor pongan más empeño tanto en su limpieza como en su eficiencia. En ocasiones, la ineficiencia se parece mucho a la corrupción o, tratándose de la Justicia, en una pérdida de la imparcialidad que debe tener.
En los últimos años, y muchas veces producto precisamente de los ecos que dejó la dictadura, la Justicia estuvo bajo sospecha de una politización que fue rotando según soplaba el viento. Leyes que un día eran constitucionales dejaban de serlo y viceversa, o personas fueron procesadas en fallos no solo antijurídicos sino antihistóricos y violatorios del más elemental sentido común.
La justificación de largas demoras en los juicios, el accionar coordinado de jueces y fiscales violando la separación de poderes, o el traslado de jueces de una rama a otra (de Civil a Familia, por ejemplo) como una forma de sanción solapada, han ido afectando la imagen del Poder Judicial, que aún mantiene altos índices de aprobación (superiores al 50%).
Pero, como todo, si sigue bajando la guardia un día la gráfica puede tomar la pendiente.
Lo que ocurre en Treinta y Tres con dos juezas y una fiscal luce como una agresión brutal al Estado de Derecho y resulta inexplicable como la Justicia no procede con celeridad al menos para sanearse a sí misma porque cada día que demora puede derivar en que alguien pierda lo más sagrado que tiene un ser humano: su libertad.
Está bien que el Estado respete los derechos individuales de los magistrados indagados, pero también está el interés general, que en el caso del sistema de Justicia toca temas sensibles de la vida de la gente.
No se explica por qué la investigación no se hace con separación del cargo, sin que ello suponga una sanción o una conclusión de culpabilidad, pero al menos da garantías a los ciudadanos que están bajo la égida de esas magistradas.
En el ámbito de las fiscalías mientras tanto, un fallo de la Fiscalía de Corte señaló que el fiscal Enrique Viana puede estar procediendo con falta de "idoneidad", pero en vez de enviarlo para su casa mientras se resuelve si esto es así, se lo pasa a los Juzgados de Menores. ¿Qué culpa tienen los menores que se los castiga poniéndoles un fiscal que está bajo sospecha? La idea que se da, una vez más, es que hay materias judiciales de primera y de segunda: Viana no puede estar en Civil porque es un peligro pero sí puede estar en donde se juzga nada menos que a los menores de edad.
El sistema de Justicia no ha dado señales claras, o al menos contundentes, que lleven tranquilidad a los justiciables, ni en Treinta y Tres ni con el fiscal Viana. El filósofo francés Albert Camus decía que si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo.
