"Se pierde la oportunidad de avanzar en combate al abigeato"

"Cuando parecía que todos nos habíamos convencido de que era necesario dotar al Poder Judicial de mejores instrumentos para combatir el abigeato, al punto que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con la firma de los ministros Néstor Bonomi y Tabaré Aguerre, increíblemente sólo fue rechazado por el Frente Amplio", dijo Goñi.

Según el artículo 258 del proyecto aprobado el abigeato se castiga con tres meses de prisión a seis años de penitenciaria. (El proyecto original del Poder Ejecutivo establecía 12 meses de prisión a ocho años de penitenciaría). A su vez en el art 259 se mantuvo una pena de dos a ocho años de penitenciaría, cuando el juez entienda que existen elementos agravantes que hacen presumir la actuación concertada de dos o más personas con fines de de lucro antes, durante y después de la ejecución del delito. (El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establecía una pena de dos a 10 años de penitenciaria).

Entre otros, se consideran hechos agravantes, el empleo de vehículos para cometer el delito, dañar alambrados y cercos, dejar animales heridos (servicias), ser productor agropecuario o funcionario público, y uso de guías de propiedad y tránsito.

Las claves del proyecto original era aumentar las penas al delito del abigeato

El diputado Goñi explicó que la clave del proyecto original era aumentar las penas y hacer inexcarcelables las conductas de abigeato agravadas. "Pero el Frente Amplio no aceptó aumentar las penas y estableció condiciones muy difíciles para poder aplicar el agravamiento de las penas".

El legislador opinó que había que facilitar a la Justicia mejores y más precisos instrumentos para poder juzgar con mayor severidad el flagelo del abigeato. "En eso consistía la propuesta del Poder Ejecutivo, y fue lo que apoyó el Partido Nacional. Pero el Frente Amplio dio marcha atrás y quedamos peor de lo que estábamos".

El legislador consideró que la modificación introducida por el Frente Amplio para configurar las agravantes "desdibuja completamente el objetivo original de facilitar la labor judicial, ya que al exigir al Juez que presuma que hubo actuación concertada de dos o más personas y a la vez que estas lo hagan con fines de lucro, ello conlleva una mayor complejidad que hará más difícil que se puedan aplicar las agravantes".

El diputado sostuvo que no se trata solo de proteger los bienes del productor rural. Es también proteger el status sanitario del país, la economía nacional y valores culturales que tienen que ver con la familia rural.