Abrir las puertas a los hermanos: una región en alerta busca soluciones a la migración venezolana

Los países cercanos están sobrepasados pero aseguran que no cerrarán las puertas a los inmigrantes

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28 de agosto de 2018 a las 14:04

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Los distintos países que en los últimos meses han estado recibiendo fuertes oleadas migratorias provenientes de Venezuela intentan encontrar soluciones conjuntas para atender una situación que crece cada día.

Cada país tiene sus propias reglas sobre la entrada de inmigrantes, y el caso de Perú es particular ya que en los últimos días cambió sus normas y se vio desbordado por la llegada de inmigrantes. El gobierno peruano declaró este martes la emergencia, por 60 días, en distritos de la frontera con Ecuador por el peligro inminente de afectación a la salud y saneamiento ante el incremento de la migración procedente de Venezuela.

De acuerdo al decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la declaratoria de emergencia regirá a partir de la fecha en los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, y en el distrito de Tumbes, en la región del mismo nombre, donde se encuentra el paso fronterizo con Ecuador y las oficinas binacionales de Migraciones.

La solicitud de emergencia fue presentada por el gobierno regional de Tumbes y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), tras ver "sobrepasada" su capacidad de respuesta ante el ingreso de miles de ciudadanos venezolanos en los días previos al sábado 25 de agosto, cuando entró en vigencia la exigencia del pasaporte para ingresar a Perú.

Lea también: Ecuador declara la emergencia por la llegada de 4.200 venezolanos por día

El éxodo de venezolanos alcanzó su pico en agosto, cuando ingresaron más de 4.000 ciudadanos de ese país en un sólo día, alentados además por la posibilidad de solicitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les permite trabajar y residir legalmente, el cual podrá ser tramitado sólo hasta el 31 de diciembre.

Perú es el segundo país que alberga a más inmigrantes venezolanos, con alrededor de 400.000 llegados en el último año, según los datos de la oficina de Migraciones, pero solo unos 75.000 tienen el PTP, mientras que otros 100.000 están en trámite.

 

Qué hacer

 

En tanto, delegados de los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú se reunieron este lunes en Bogotá para exponer la manera en la que enfrentan la masiva llegada de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social de su país. A la cita acudieron el superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla; el delegado del embajador de Brasil en Colombia, Mauricio Díaz Biera; la directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería de Colombia, Margarita Manjarrez, y el director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

Al terminar el encuentro Krüger indicó que ante la situación en Venezuela "la solución no es cerrar las fronteras, ya que eso es incentivar la irregularidad y no hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros están en su territorio".

Además, comentó que "si no se conoce la verdadera dimensión del fenómeno en cada país, es imposible generar políticas de atención". Por ello, precisó, "a partir de la soberanía de cada país debemos buscar estrategias que nos permitan brindar, atender e identificar estos flujos migratorios y lo más importante, hacerlos parte activa de la sociedad".

Los representantes de los tres gobiernos acordaron establecer principios básicos comunes para el manejo del fenómeno migratorio.

 

Más de 50 mil

 

Muchos acampan durante meses en esquinas y terrenos baldíos y viven de donaciones de comida y ropas. También es común ver en los semáforos grupos de hombres y mujeres lavando los vidrios de los autos y ofreciendo otros servicios por monedas.  La ola de inmigrantes buscando atención médica y servicios básicos puso bajo presión a los hospitales y escuelas, así como al saturado mercado de trabajo.

Roraima, estado brasileño fronterizo con Venezuela, es el que más ha sentido en los últimos dos años los impactos de la crisis en el país vecino, donde faltan medicamentos, atención sanitaria y alimentos. De acuerdo con la Policía Federal (PF) de Brasil, desde principios de 2015 hasta junio de este año, 56.740 venezolanos solicitaron refugio o residencia en Brasil, aunque es difícil precisar cuántos permanecen en el país.

Lea también: Uno de cada diez inmigrantes venezolanos que llegó a Uruguay entre 2015 y 2017 acudió al Mides

Según la última estimación de la alcaldía de Boa Vista, capital de Roraima, a 200 km de la frontera, unos 25.000 venezolanos están instalados actualmente en la ciudad, lo que equivale al 7,5% de su población total, de más de 300.000 habitantes.

Muchos fueron alojados en una decena de refugios gestionados por el Ejército brasileño, la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y ONG, pero unos 2.500 todavía duermen en la calle.

Los hospitales de Roraima registraron más de 50.000 consultas y atenciones médicas a venezolanos en 2017, un número que alcanzó los 45.000 apenas en los primeros tres meses de este año, según cifras oficiales.

La disputa por camas de hospital y puestos de trabajo, así como el aumento de la delincuencia en determinadas regiones de Boa Vista y la fronteriza Pacaraima han generado tensiones con la población local.

El fin de semana pasado, un grupo de vecinos de Pacaraima incendió campamentos de inmigrantes y los expulsaron hacia el otro lado de la frontera.

"Estamos muy cerca del límite. Nadie va a conseguir soportar si el flujo continúa y el gobierno federal hace de cuenta que nada pasa en Roraima", dijo a la AFP Marcelo Lopes, secretario del Gabinete Institucional del Gobierno de Roraima.

El reclamo más urgente de las autoridades locales es la reubicación de refugiados hacia otros estados brasileños que puedan oferecerles trabajo.

Hasta ahora, apenas 820 venezolanos han sido transferidos y 270 serán trasladados esta semana.

El ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, admitió que el proceso de transferencias no está funcionando con la rapidez necesaria, pero aseguró que el gobierno federal está empeñado en brindar la asistenta necesaria para seguir acogiendo a los inmigrantes.

Y reiteró: "No vamos a cerrar la frontera de ninguna forma".

 

El Observador y agencias

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