Abogados alertan que se legisla para "situaciones de coyuntura"
El Colegio de Abogados rechaza cambios propuestos en el acceso a medicamentos y en el cobro de juicios contra el Estado
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) expresó su "enorme preocupación" por dos disposiciones planteadas en el proyecto de Ley de Presupuesto: el artículo que establece una nueva regulación para el cobro de juicios laborales contra el Estado y la norma que restringe el acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo.
El Directorio de esa institución, en un comunicado divulgado ayer, llamó a los legisladores a "asegurar la adecuación de las normas presupuestales a los preceptos constitucionales respetando el alcance general y abstracto que debe poseer toda ley, lo que resulta improbable cuando se legisla para situaciones de coyuntura". Y para eso ofreció a los parlamentarios brindar asesoramiento técnico.
El CAU rechaza el artículo 425 del proyecto de Ley de Presupuesto que establece que la responsabilidad de los prestadores de salud de brindar medicamentos y tratamientos "queda limitada" únicamente a los autorizados y regulados por el Ministerio de Salud Pública. Para los abogados, esa disposición "contraría la Constitución" porque hará que las personas que no tienen capacidad económica para pagar los medicamentos y tratamientos de mayor costo no accedan a ellos.
El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República también se pronunció contra el artículo 425 del proyecto de Ley de Presupuesto y, de hecho, varios docentes y alumnos iniciaron una campaña pública para evitar su aprobación.
Juicios laborales
En tanto, el artículo 677 del proyecto de Presupuesto propone modificar el artículo 400 del Código General del Proceso (CGP) en cuanto al mecanismo de cobro de las sentencias judiciales contra el Estado por reclamos laborales. Se plantea que en esos casos el Ministerio de Economía deberá hacer la previsión en el próximo Presupuesto o Rendición de Cuentas "que permita atender el pago de la erogación resultante".
A criterio del CAU, la modificación que plantea el artículo 677 del proyecto de Ley de Presupuesto es "inconstitucional por cuanto hace ilusorio el acceso a la justicia de ciertas personas, consagrando restricciones a la plena responsabilidad del Estado y estableciendo un mecanismo violatorio del principio de igualdad al estipular distintos procedimientos para el cobro de juicios contra el Estado dependiendo de quién sea el acreedor".
Y la situación se "agrava" porque la norma pretende "postergar a los trabajadores en su derecho al cobro de créditos" en "aras de proteger aspectos presupuestales", dicen los abogados.
