Alertan que algunas licitaciones del Estado promueven la colusión

Ausencia de fechas de pago y cláusulas de ajuste incentivan "acuerdos"

Presidencia

La forma en que se diseñan las licitaciones para compras públicas pueden ser un elemento por el cual el propio Estado incentive los acuerdos colusorios entre empresas, advirtieron ayer expertos jurídicos e incluso empresarios.

Ayer durante un seminario organizado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, el representante de la Cámara de Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay, Ricardo Poggi, planteó que hay licitaciones recientes en donde no se establece el plazo de pago de las compras y tampoco se contempla una paramétrica de ajuste, por ejemplo, que tome en cuenta la evolución de la inflación.

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"Entendemos que eso afecta a la competencia. ¿Cómo hacemos para cotizar si no sabemos cuándo vamos a cobrar? Eso induce a que, de alguna manera, nos tengamos que poner de acuerdo (...) Es muy complejo seguir siendo proveedor del Estado. Sospechamos que se va a volver a comprar a precios malos y creo que se va a privilegiar a ciertos sectores que van a tener alguna manera de saber cuándo van a cobrar para poder acordar", afirmó durante la ronda de preguntas.

La colusión en procedimientos de compras públicas fue el tema abordado ayer por la abogada Ximena Pinto Nerón. La experta indicó que algunas prácticas que se pueden dar son, por ejemplo, el retiro sorpresivo de propuestas. La experta resaltó que el hecho de que en una licitación haya muchas ofertas no garantiza que no haya acuerdo entre las empresas. Otra es el reparto de mercados por zonas geográficas, donde los oferentes tienen concertación previa respecto de en qué llamados participará cada uno.

Por otra parte, el economista Leandro Zipitría sostuvo que los acuerdos entre empresas son cada vez más difíciles de detectar por las características del mercado uruguayo y señaló a la herramienta de "clemencia" como clave. Mediante ese mecanismo, una empresa que participa de un cartel denuncia su existencia y aporta elementos de prueba a cambio de quedar eximidos del pago de la multa que le podría corresponder. "Hay que reforzar las políticas de clemencia, destacar los casos en los que ha habido clemencia, mostrar los resultados que eso ha tenido sobre los mercados, cómo eso ha impactado en que los precios sean menores", afirmó Zipitría.

En tanto, la jefa de la División Litigios de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, Vanessa Facuse, dijo que en el caso de su país la mejora de las herramientas de detección y probatorias han sido "efectivas" para lograr la convicción de los tribunales en cuanto a la existencia de pruebas. Facuse indicó que con el paso del tiempo los carteles han ido perfeccionando su funcionamiento y los identificó en tres versiones: "1.0, 2.0 y 3.0".

En la primera, las empresas no toman mayores resguardos e incluso han llegado a acordar por escrito, lo que facilita el hallazgo de pruebas. En el segundo, es más difícil encontrar la "prueba dura" y la investigación recurre, por ejemplo, a la búsqueda de declaraciones públicas que delatan asociaciones entre empresas, explicó. Eso permite luego pasar a la fase de incautación de documentos. En un tercer escalón, aparecen los carteles que toman medidas de resguardo para no ser detectados como, por ejemplo, el no uso de correos institucionales para la comunicación entre sus integrantes.

Uruguay y la colusión en el papel higiénico

El comisionado Javier Gomensoro dijo ayer a El Observador que seguramente Uruguay decidirá la próxima semana el inicio de medidas preparatorias (paso previo a investigación) respecto al caso de colusión que es investigado en Chile y que involucra a empresas dedicadas a la comercialización de papel higiénico. Las empresas se asignaron cuotas de participación de mercado y fijaron precios de venta de sus productos.

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