El alivio de la deuda por sí solo no salvará a Argentina

Hay muchos casos que merecen una condonación de deuda en medio de la pandemia mundial de coronavirus. El G20 ofreció congelar los pagos de la deuda que las 70 naciones más pobres les deben a los gobiernos miembros y ha invitado a los acreedores privados a unirse. Lo que no está tan claro es si Argentina, un país de ingresos medios-altos que es un acreedor neto del resto del mundo, merece este trato.

La nación ha acumulado una deuda de US$323 mil millones, en gran parte durante la administración previa de Mauricio Macri. Los inversionistas le apostaron a su visión de una nueva Argentina que había aprendido de ocho impagos anteriores. Quienes compraron un bono a 100 años que ofrece un rendimiento del 7.9% en el momento más álgido de la Macrimanía sólo pueden culparse a sí mismos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también se les unió, aprobando precipitadamente el mayor rescate financiero de su historia después de que la confianza del mercado en Macri comenzó a flaquear en 2018. El fondo entregó la mayor parte de sus US$57 mil millones prometidos antes de que Macri dejara el cargo, dejándole un difícil calendario de pagos a su sucesor, el peronista Alberto Fernández.

Ahora Martín Guzmán, el ministro de economía, dice que el país está efectivamente en bancarrota. Aduciendo una recesión persistente y una pobreza generalizada, alega que Argentina no puede ofrecerles nada a los tenedores de bonos privados durante los próximos tres años. Después de eso, los tenedores de US$65 mil millones de deuda cubierta por leyes extranjeras pueden esperar sólo un cupón promedio de 2.3%, además de un modesto recorte en el valor del capital. Las estimaciones para el valor actual de la oferta oscilan entre 32 y 35 centavos por dólar. Los acreedores han rechazado la propuesta de Guzmán. Dicen que no hay incentivo para aceptar un acuerdo que no les da nada hasta mediados de 2023, cuando el gobierno actual se acerque al final de su mandato.

Si no se puede llegar a un acuerdo antes del 22 de mayo, se producirá un impago. Cuando sucedió esto por última vez en 2001, Argentina perdió el acceso al mercado internacional durante 15 años. Esta vez, ambas partes deben hacer concesiones para evitar ese resultado.

La pandemia de coronavirus, la cual Guzmán citó como una razón para la falta de pago, no es el principal problema. La economía ya estaba en caída libre y los niveles de deuda eran insostenibles mucho antes de que el virus llegara a Buenos Aires. Aunque es innegable que existe la necesidad de más gastos sociales y en materia de salud, la crisis económica provocada por la pandemia afectará a Argentina menos que a otras naciones.

Sin embargo, las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 exigen nuevas ideas. Se han hecho propuestas para que el FMI emita 1 billón de derechos especiales de giro adicionales (alrededor de US$1.36 billones) para préstamos a países de ingresos medios, aunque aún no se ha podido persuadir a EEUU. Existen algunas razones para implementar moratorias de deuda más amplias que abarquen países como Ecuador, exportador de petróleo con una economía dolarizada. Tiene sentido que el FMI insista en un acuerdo de moratoria de deuda para el sector privado antes de asignar más recursos, para evitar la fuga de capital.

También Guzmán podría hacer más para ayudar a su país a regresar a la senda de la prosperidad. Sobre todo, a Argentina le falta una narrativa económica convincente a mediano plazo que convenza a sus ciudadanos de repatriar e invertir los más de US$300 mil millones que se estima poseen en el extranjero. En cambio, el banco central está imprimiendo dinero a un ritmo cada vez más acelerado, lo cual amenaza con provocar una inflación descontrolada en un país donde la confianza en la moneda nacional ya es prácticamente nula. La congelación de aranceles, los controles de cambio, los impuestos a las exportaciones y la riqueza forman el resto de un panorama triste. No hay condonación de deuda posible que salve a Argentina si Guzmán no puede atraer la inversión privada necesaria para que el país vuelva a crecer.