Aprobaron en comisión el proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla, uno de los requisito de Cabildo Abierto para apoyar la reforma jubilatoria
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que se aprobó en comisión el proyecto de ley de reparación a las víctimas de "grupos armados por motivos políticos o ideológicos entre 1962 y 1976"
Los diputados de la coalición aprobaron en la comisión de Constitución el proyecto de reparación a víctimas de grupos armados durante la guerrilla, informó el representante del Partido Nacional, Rodrigo Goñi.
Este era uno de los proyectos que Cabildo Abierto había puesto como condición para apoyar la reforma jubilatoria, algo que todavía no se ha materializado y que tiene en vilo a la coalición.
"Aprobamos en Comisión de Constitución de Diputados el proyecto de ley de Reparación a las Victimas de Hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos entre 1962 y 1976. Justo, necesario y conveniente para la sociedad uruguaya", escribió Goñi en su cuenta de Twitter.
El proyecto había sido aprobado el 28 de diciembre en la Cámara de Senadores, pero restaba su trámite en la Cámara de Diputados.
En el articulado se reconoce "el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes, como consecuencia de hechos ilícitos cometidos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas". En el artículo quinto agrega: "El Estado se compromete al pago a las mencionadas víctimas o sus causahabientes, de una pensión reparatoria que se determinará por la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo".
Será a través de la futura reglamentación que se deberá determinar el monto de las reparaciones económicas y que, según se definió, saldrán de Rentas Generales. También se prevé, en el artículo 4 de la norma, la construcción de “uno o varios memoriales” para estas víctimas.
Las personas incluidas entre los beneficiarios están compuestas por civiles, policías y militares, así como también sus familias (que, por acción u omisión del Estado hayan sufrido "daños a su persona o bienes").
El texto recibió críticas de las cátedras y de otras organizaciones sociales por diversas ambigüedades en su redacción.
