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Historiadores cuestionan las fechas de Cabildo Abierto para reparar víctimas de la guerrilla
Los docentes e historiadores Aldo Marchesi y Ana Frega –ambos autores de obras relacionadas al accionar de las guerrillas en el país– plantearon sus observaciones a la periodización empleada en el proyecto de Cabildo Abierto para reparar a las víctimas de los grupos armados. La iniciativa impulsada por los cabildantes y respaldada por el Poder Ejecutivo explicita un período entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.
Marchesi y Frega concurrieron el miércoles a nombre del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (Udelar) a la comisión que aborda el proyecto y prevé aprobarlo al finalizar marzo. El primero, autor de varios libros sobre la temática, expuso ante los diputados que las "políticas de reparación histórica definen un período específico sobre el cual se desarrollan, una experiencia traumática, algo que marcó algún tipo de situación crítica".
Marchesi remarcó en este sentido que hay "un problema", porque "no están explicitados los fundamentos de la periodización; no hay una suerte de marco interpretativo que explique por qué se elige como punto de partida el 1° de enero de 1962 y culmina el 31 de diciembre de 1976". El autor recordó a modo de ejemplo que, si bien el 1962 "es un año relativamente importante en la historia reciente", el 1° de enero "no es una fecha que indique algo".
El docente sostuvo que "la ley debería explicitar cuáles son los criterios de periodización histórica que se están manejando para el inicio y para el final". Marchesi aclaró que en el año previo al contemplado en el texto "existieron eventos de estas características que no estarían acogidos por la ley", como el asesinato del manifestante anticastrista Serafín Billoto en enero, en un episodio que "hasta hoy no está claro qué ocurrió".
El proyecto a estudio refiere a los delitos perpetuados por organizaciones armadas que tuvieron "carácter ideológico", ante lo que Marchesi remarcó que "durante la década del 60 y del 70 diferentes actores denunciaron múltiples ataques por organizaciones armadas de izquierda y derecha con estas características", y añadió que hay asesinatos tanto "por la guerrilla de izquierda" como también de "organizaciones ilegales de extrema derecha como el Escuadrón de la Muerte".
El docente de Historia –autor del libro "Hacer la revolución" y de otros artículos académicos– señaló que "no se especifica quiénes serán los destinatarios de dichas políticas de reparación", un cuestionamiento recurrente de la oposición y de otras organizaciones. Marchesi observó además que el texto no indica "ningún antecedente relativo a las víctimas de la violencia no estatal".
"Esto necesita ser clarificado para evaluar si la actual política de reparación moral y material intenta ser una continuidad con iniciativas previas o intenta proponer un nuevo enfoque", reparó, mientras que recordó que una ley de marzo de 1973 –durante el gobierno de Juan María Bordaberry– ya establecía reparaciones para el personal militar, con montos diferenciados para superiores y subalternos al adquirir una vivienda.
"La dictadura desarrolló una política de reparación o reconocimiento moral a las llamadas "víctimas de la subversión"", apuntó ante los diputados. Respecto a la creación de memoriales que recuerde a los caídos –reconocimiento establecido en el artículo 4° del proyecto de ley– Marchesi afirmó que "ya existen", y puso como ejemplo a la Plaza de la Bandera sobre Tres Cruces, como un caso "paradigmático de la política de la dictadura, donde se conmemoraba el 14 de abril como el "Día de los caídos en la lucha contra la subversión" y se consideraba como el altar de la patria donde, básicamente, se recordaba a aquellos mártires que habían dado su sangre por la creación de un orden dictatorial".
Ana Frega, en tanto, apuntó contra la falta de una "orientación" del proyecto de ley para el debate parlamentario, con elementos sin aclarar, como la integración de una comisión especial que resuelva sobre las solicitudes de amparo. La exdecana de Humanidades añadió que ya hubo casos de "reparación simbólica" concedidos en períodos no democráticos, y que no está contemplado en el proyecto ningún antecedente; la fundamentación, dijo, "parece demasiado escueta".
Marchesi volvió a marcar a su turno como un "problema clave" la periodización utilizada, en tanto después del límite de 1976 establecido en el texto pueden seguir apareciendo víctimas de violencia no estatal, pero eso depende de si la iniciativa contempla a todos los grupos armados más allá de los tupamaros. La guerrilla ya estaba disuelta cuando en junio de 1973 se produjo el golpe de Estado.
El docente planteó que ya en los '60 aparece una "profunda violencia social en la sociedad uruguaya" que incluye atentados, asesinatos y otras formas de agresión, por lo que al "abrir el abanico" en el actual proyecto de ley –que contempla otro tipo de daños– "aumenta la complejidad" de su aplicación.
Ya durante la votación en el Senado el Frente Amplio negó sus votos a la iniciativa por considerar que requiere un análisis en mayor profundidad. El oficialismo prevé aprobar el texto en comisión el 29 de marzo y pasarlo nuevamente al Senado, según informó La Diaria. El colorado Ope Pasquet había dicho a El País que le parece "impracticable" la redacción del artículo en que no se especifica cómo quedaría integrada la comisión que resolverá las reparaciones.
