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Senado votó este martes el proyecto de reparación.

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El debate por las víctimas del accionar guerrillero y el rezongo de Graciela Bianchi a Lacalle Pou

La senadora nacionalista insistió en el que presidente elimine por decreto las pensiones para hijos y nietos de las víctimas del terrorismo de Estado

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29 de diciembre de 2022 a las 05:00

El Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que consagrará un sistema de reparación integral a las víctimas del accionar de los grupos guerrilleros que operaron antes y durante la última dictadura militar. Fue casi sin debate, en una discusión bastante tranquila y que, dada la sensibilidad que despiertan los temas vinculados al pasado reciente, transcurrió por los carriles previstos. 

En realidad el debate se había dado el día anterior, cuando el proyecto debió pasar por la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara alta, ante la imposibilidad del oficialismo de contar en sala con los 21 votos indispensables para –tal era su intención– aprobar la ley en carácter "grave y urgente" en un periplo que, desde que el tema ingresó al Parlamento, insumió apenas ocho días. 

Lo que se propone es reconocer el derecho a una indemnización moral, social y económica a las víctimas de "hechos ilícitos por integrantes de grupos armados, por motivos ideológicos y políticos", entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. Incluye a todas las personas que "hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad" por estos hechos y que pueda acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal con estos grupos. 

Lo que se aprobó en la práctica fue una ley sustitutiva que Cabildo Abierto presentó en la misma tarde de este martes al proyecto que en los días previos había enviado el Poder Ejecutivo y que, en parte, le enmienda la plana al gobierno al quitar toda referencia a la "responsabilidad del Estado" en esos hechos. 

Entre el articulado alternativo los cabildantes definieron el monto concreto de las pensiones reparatorias. La opción que eligieron fue equipararlas a las previstas desde 2006 para las víctimas del terrorismo de Estado. Al senador Guillermo Domenech le pareció adecuado utilizar esta equivalencia "para que nadie pueda decir que se le considera más dañado que otro". Según la ley, esas personas cobran por mes 8,5 bases de prestación contributiva (BPC), que equivalen hoy a unos $ 44 mil. A los efectos, se dispone la creación de una comisión especial que tendrá a su cargo todo lo relativo a la definición sobre las solicitudes de amaro que se presenten y que incluirá a dos representantes de las victimas. 

El Frente Amplio había dejado en claro que no votaría un proyecto al entender que, dada su sensibilidad, el tema requería un mayor tiempo de análisis. En particular, los senadores frenteamplistas intentaron inútilmente este martes contar con la opinión del Banco de Previsión Social (BPS), que será el organismo encargado de pagar las pensiones. También había planteado sus dudas de que la rápida aprobación de este proyecto fuera un "peaje" de Cabildo Abierto a sus socios a cambio de votar la reforma jubilatoria. 

En nombre del Frente Amplio el senador José Carlos Mahía planteó además una serie de dudas. Por ejemplo, el porqué de las fechas indicadas en el texto. Mahía reparó que, el 31 de diciembre de 1976, regía en Uruguay la dictadura cívico-militar. La explicación de Domenech fue que se tomó como base el período que estaba previsto en un proyecto de ley en el que el primer gobierno de Tabaré Vázquez pretendió otorgar una reparación a las víctimas de la guerrilla, que terminó archivado ante la negativa del Frente Amplio de aprobarlo en el Parlamento.

Domenech solo pudo aventurar por qué se eligió esa fecha. "Pienso que fue porque es cercana a la fecha en la terminó el mandato, que en principio hubiera sido constitucional, del señor (Juan María) Bordaberry", dijo. 

Mahía también reparó en el hecho de que no conoce con exactitud la cantidad de personas a ser reparadas. Según la información que aportó Domenech, en el listado en su poder están incluidos 74 posibles beneficiarios" que buena parte sale de un relevamiento efectuado por una organización que nuclea a estas víctimas y que, entre otros, es integrada por uno de los que seguramente será beneficiario de este tipo de pensiones. 

Se trata de Sergio Molaguero, que en 1972 y siendo hijo de un conocido empresario de Santa Lucía, fue secuestrado por varios meses por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33).  Otro de los beneficiados será Diego Burgueño, cuyo padre fue asesinado en 1969 cuando caminaba por la calle durante la "toma de Pando" por parte del MLN. 

Otros en la lista son los soldados Saúl Correa, Osiris Núñez, Gaudencio Núñez y Jesús Ferreira,  asesinados a manos del MLN el 18 de mayo de 1972 mientras montaban guardia en un jeep frente al entonces comandante en Jefe del Ejército, Florencio Gravina.  En la lista están además Hilaria Quirino, la mujer que terminó con gravísimas heridas tras la voladura del Club de Bowling de Carrasco, o Jaime Arosa, asesinado por los tupamaros en medio de un control militar en el ómnibus en el que trabajaba. 

"Toda esta gente fue víctima inocente en su totalidad de una situación de violencia que no provocaron y que debieron ser indemnizadas hace mucho tiempo", indicó Domenech, que mostró su impresión de que el Frente Amplio busca "dilatar el reconocimiento al sufrimiento de esta gente". 

Pero la senadora frenteamplista Liliam Kechichian marcó que el proyecto elude expresamente cuál es la población objetivo y cuáles serían los "grupos armados violentos" victimarios. Una falta de definición que, apuntó, podría hacer incluir también a las víctimas de grupos de ultraderecha como el Escuadrón de la muerte o la Juventud Uruguaya de Pie además de "los grupos que todos conocemos" y que optaron por el camino de la vía armada. "Un camino que nunca compartí ni compartiré nunca", precisó. 

El presidente no le hizo caso

"Vengo de una izquierda de mucho más atrás, donde las indemnizaciones estaban especialmente prohibidas por decisión del Comité Central del Partido Comunista", recordó en la  comisión la senadora Graciela Bianchi, que en esa época militaba en esa formación. Bianchi fue especialmente crítica con una de las últimas decisiones del segundo gobierno de Tabaré Vázquez que, "con las elecciones perdidas", decidió otorgarles vía Fonasa atención médica gratuita a los que percibían pensiones reparatorias por haber sido víctimas del terrorismo de Estado, y hacer extensiva la pensión, en caso de fallecimiento, a sus herederos.

"Me pueden llegar a convencer de que la primera generación de víctimas del terrorismo de Estado pueden tener derecho a indemnizaciones", dijo Bianchi. "Hasta ahí sí, pero para los hijos y nietos....", ironizó. 

La senadora se permitió emitir un rezongo al presidente Luis Lacalle Pou que, sostuvo, actuó en contra de su opinión. "Estoy insistiendo en forma sistemática de que saque un decreto para que se saquen esas pensiones para los hijos y para los nietos", reclamó. "Vivimos el proceso del terrorismo de Estado más la guerrilla que se superpuso y tenemos la edad que tenemos, y encima ahora tenemos que estar pagando millones de dólares a la gente a la que le preguntaría por qué se metió a resolver las cosas a balazos". 

Bianchi marcó su discrepancia con Cabildo Abierto en cuanto a que estas pensiones permitan el comienzo de la reconciliación nacional. "Primero hay que tener voluntad de reconciliación", señaló, para luego insistir en su reclamo. "Si el presidente me escuchara, sacaríamos las pensiones de los hijos y de los nietos por decreto".  La senadora fue más allá y señaló que por ese concepto el Estado ya pagó más de US$ 5 millones, cosa con la que, dijo, está "muy enojada". "Y muchísimo más con hijos y nietos, que no tienen nada que ver". 

"Al kiosco no"

A juicio del senador frenteamplista Charles Carrera el hecho de que la ley fije desde ya el monto de las pensiones económicas viola claramente el artículo 86 de la Constitución. Allí se establece que "toda ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo".

Algo que, dijo, se está incumpliendo en este caso. Domenech lo rebatió aclarándole que el proyecto indica que los fondos para el pago de estas pensiones saldrían de Rentas Generales. Pero Carrera no quedó convencido y solicitó que se le pidiera opinión a la Asesoría Jurídica del Senado. 

"Yo no lo voto", le aclaró Bianchi, que dijo que no le tenía confianza a esa asesoría. La senadora perdió la votación, pero solicitó que el pedido fuera dirigido a la "verdadera" división jurídica, la que depende de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. "No al kiosco que se armó después", reclamó. Bianchi no supo explicar por qué el Senado recibe asesoramiento jurídico por dos vías distintas. 

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