La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en general el proyecto de ley que reconoce el derecho de las víctimas de los grupos guerrilleros armados que operaron en la década de los 60 y 70 a recibir una reparación "moral, social y económica".
Esta votación se dio luego de que el documento fuera aprobado en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado este martes 27.
En el articulado se reconoce "el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes, como consecuencia de hechos ilícitos cometidos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas". En el artículo quinto agrega: "El Estado se compromete al pago a las mencionadas víctimas o sus causahabientes, de una pensión reparatoria que se determinará por la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo".
Será a través de la futura reglamentación que se deberá determinar el monto de las reparaciones económicas y que, según se definió, saldrán de Rentas Generales.
También se prevé, en el artículo 4 de la norma, la construcción de “uno o varios memoriales” para estas víctimas.
Las personas incluidas entre los beneficiarios están compuestas por civiles, policías y militares, así como también sus familias (que, por acción u omisión del Estado hayan sufrido "daños a su persona o bienes").
De acuerdo con un proyecto presentado por Cabildo Abierto en 2020 —que jamás fue discutido—, esta fuerza política planteaba determinados parámetros para cuantificar las pensiones. De esta manera, se preveía una escala que evalúe el tipo de afectación (que incluye desde el “menoscabo de un derecho” hasta la muerte); los eventuales beneficiarios podrían optar, entonces, por una reparación única en unidades indexadas de entre $ 10 mil hasta $ 2,8 millones o recibir una pensión de entre $ 22 mil hasta $ 56 mil mensuales.
Desde el oficialismo se tiene la seguridad de que con mayoría simple quedará sancionado en la votación de este miércoles.
La discusión del tema se retomará en la Cámara de Diputados una vez que el Parlamento levante, el 1º de marzo, el receso parlamentario.
Por su parte, el Frente Amplio no votará el proyecto. El diputado Gustavo Olmos calificó de "obsceno" el apuro de un texto tan importante sin discusión. En esta línea, aventuró que todo responde a un "peaje" que Cabildo Abierto le está cobrando al resto de la coalición de gobierno a cambio de su voto a la reforma jubilatoria. Consultado por El Observador, Olmos sostuvo que los "indicios" en ese sentido son claros.
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