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"Es de justicia": el gobierno acepta reparar a las víctimas de los tupamaros y otros grupos guerrilleros
El Poder Ejecutivo aceptó el pedido de la bancada oficialista en el Senado -promovido por Cabildo Abierto - y envió un proyecto de ley al Parlamento en el que "reconoce el derecho" de que las víctimas del accionar del accionar de grupos guerrilleros en los momentos previos y durante la dictadura reciban una reparación moral, social y económica.
La iniciativa llega luego que, a principios de este mes, la cámara alta elevara una "minuta de aspiración" impulsada por los liderados por Guido Manini Rios con el apoyo de blancos y colorados en la que se le pedía al gobierno -que es el único que puede presentar un proyecto que implica aumento de gasto- la redacción de un proyecto en este sentido.
El texto menciona como posibles beneficiarios a civiles, policías y militares, así como sus familias, que, por acción u omisión del Estado hayan sufrido "daños a su persona o bienes" por hechos ilícitos cometidos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, a percibir una indeminización por hechos referidos a violaciones a su derecho a la vida, integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos, y que puedan acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal con los grupos referidos.
"Es de justicia para estos compatriotas y sus familias", señala el articulado del proyecto, al que accedió El Observador y que lleva la firma del presidente Luis Lacalle Pou y todos sus ministros. A los efectos se creará una Comisión Especial que tendrá a su cargo la instrucción, sustanciación y resolución sobre las solicitudes de amparo al beneficio, así como su otorgamiento. La designación de sus integrantes quedará a cargo del Poder Ejecutivo . Será a través de la futura reglamentación, que también deberá determinar el monto de las reparaciones económicas y que, según se definió, saldrán de Rentas Generales.
En su propio proyecto - presentado a fines de 2020 y que jamás fue discutido - Cabildo Abierto planteaba determinados parámetros para cuantificar las pensiones. Allí se consideraba el tipo de afectación (desde el "menoscabo de un derecho" hasta la muerte, pasando por lesiones leves, incapacitantes o permanentes). Según esa escala los eventuales beneficiarios podrían optar por una reparación única en unidades indexadas de entre $ 10 mil hasta $ 2,8 millones, o bien recibir una pensión de entre $ 22 mil hasta $ 56 mil mensuales. Iría a abarcar unos 80 casos.
Si bien no realizaba ningún tipo de individualización, los cabildantes apuntaban claramente a las víctimas de grupos armados de izquierda, como el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros o la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales
La futura ley obligará al Estado además a promover acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de "restablecer la moral de las víctimas" por el uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como también "honrar su memoria".
