Coalición vota por "cerrar heridas" y le pide al gobierno una reparación para las víctimas de la guerrilla

La iniciativa responde a Cabildo Abierto y -si bien omite una referencia explicita- está dirigido a los civiles, policías y militares heridos o muertos por la actuación de grupos guerrilleros de izquierda durante ese período, que abarca justamente desde surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros hasta su desarticulación final, ya en plena dictadura. 

La minuta, cuya aprobación no es vinculante para el Poder Ejecutivo, será aprobada por el Senado la próxima semana, en una de sus últimas actuaciones de este período parlamentario. Llega luego que los cabildantes presentaran en diciembre de 2020 un proyecto de ley similar, que nunca se discutió. Lo que se busca por parte de los liderados por Guido Manini Ríos es que el Estado “asuma la responsabilidad” por esos hechos, repare e indemnice a las víctimas. 

El senador Guillermo Domenech justificó la iniciativa ante la comisión. “Uruguay tiene que superar esa enfrentamiento”, afirmó. “Es una herida abierta que tiene y , además, una deuda con quienes fueron las primeras víctimas de un enfrentamiento que debería haber quedado en el campo de las ideas”. 

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Domenech recordó algunos de esos episodios, como la bomba en el Club de Bowling de Carrasco, o los asesinatos de Julio Morató Manaro y Jaime Oroza. “Me parece importante que se conozca la historia en toda su plenitud”, dijo. “Eso va a ayudar a que los sectores que estuvieron enfrentados no vuelvan a cometer esos errores”. 

En el Partido Nacional se respalda la iniciativa. “Nos hemos demorado demasiado”, señaló la senadora Graciela Bianchi.  “Son situaciones que ya debieran haberse resuelto”. La intención de Bianchi es dar la discusión en sala y que sea el Poder Ejecutivo -que tiene iniciativa privativa, dado que se trata de un tema económico, sea el que tome una definición. A nivel del gobierno el ministro de Defensa, Javier García, había considerado de justicia que las víctimas de la guerrilla o sus familiares recibieran una reparación económica. 

Bianchi, en tanto, remarcó haber vivido personalmente esos episodios en su juventud. “Conocí bien a los juventudes comunistas, de las que yo participaba, con las que íbamos a los cadenazos al Liceo Bauzá”.  Banchi inistió. “Con la misma tranquilidad y ecuanimidad de haber vivido esos episodios, creo que ya es hora”, señaló. 

"Nadie me va a contar"

La iniciativa fue defendida en el Parlamento por los integrantes del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, cuyo objetivo autodeclarado es “la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, centrados en la dignidad y responsabilidad personal, teniendo a la familia y sus valores como base de la sociedad”. También se cuenta la “promoción de una discusión respetuosa de ideas que fortalezcan los principios democráticos que sustentan la República”, bregando para que “la justicia y el derecho lleguen a todos los ciudadanos sin distinción”. 

Uno de sus integrantes es Sergio Molaguero. “Nadie me va a contar lo que es vivir momentos difíciles”, les dijo a los legisladores. “Sé lo que deben haber vivido esas personas, estoy completamente seguro”.  Hijo de un reconocido empresario de Santa Lucía, fue secuestrado el 5 de mayo de 1972 por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33). Fue liberado el 19 de julio de ese año, luego de 75 días de cautiverio.

Según Molaguero la reparación abarcaría a unas 80 familias. Se trata de policías, militares y civiles víctimas de ese período que “en un 99,9% quedaron desamparadas", dijo. Familias, agregó, en su mayoría muy modestas que “eligieron una profesión dedicada al servicio del Estado”.  Molaguero dijo que la asociación no discute la justicia de las compensaciones y reparaciones económicas a los expresos políticos y víctimas del terrorismo de Estado. Lo que se pide, apuntó, es una medida “espejo”. 

“No hubo una parte menor que la otra”, afirmó. “Solo hubo muertos y familias que quedaron desamparadas”. Para unas de esas partes, insistió, no hubo nunca reparación ni memoria.  Allí radica otra de las partes del proyecto de Cabildo: la construcción de un lugar de “reconocimiento público” a las víctimas del accionar guerrillero, a donde, según Molaguero, “los hijos y las pocas viudas que van quedando puedan ir a depositar una flor”. 

De qué estamos hablando

La voluntad del oficialismo era votar la minuta el miércoles, pero el Frente Amplio argumentó falta de tiempo para su análisis, tomando en cuenta que la minuta fue presentada el pasado martes. "Es un tema complejo", señaló la senadora Liliam Kechichian.  Luego de repudiar toda “muerte de inocentes” Kechichian planteó las interrogantes de la oposición. A su entender, el proyecto resulta muy abarcativo y no define a qué grupos ideológicos específicos se refiere el proyecto.  

Kechichian recordó en ese sentido la actuación de “grupos ideólógicos armados” como el Escuadrón de la Muerte, la Juventud Uruguaya de Pie o Tradición, Familia y Propiedad, que asesinaron gente y cuyas víctimas nunca fueron reparadas.  “Sería importante saber de qué estamos hablando”, expresó. A su entender, Cabildo Abierto busca “achicar la cancha” al redactar la iniciativa de forma tal de dejar por fuera a ciertos grupos de “extrema derecha” que también ejercieron violencia. 

La intención de Domenech fue que se quiso evitar la individualización de algún grupo en particular.  “Cualquiera que pueda considerarse comprendido en el proyecto podría presentarse” dijo. Todo quedará manos de una comisión -prevista en el proyecto- que verificará los datos. 

Finalmente, este jueves el Frente Amplio rechazó votar la minuta de aspiración, que será discutida el próximo martes en la sesión de Cámara. 

El proyecto de Cabildo planteaba determinados parámetros para establecer las indemnizaciones o pensiones. Se considera el tipo de afectación (desde el "menoscabo de un derecho" hasta la muerta, pasando por lesiones leves, incapacitantes o permanentes). Según esa escala los eventuales beneficiarios podrían optar por una reparación única en unidades indexadas de entre $ 10 mil hasta $ 2,8 millones, o bien recibir una pensión de entre $ 22 mil hasta $ 56 mil  mensuales.