El Partido Independiente presentará una demanda judicial a OSE por la construcción de la represa de Casupá que incluye una medida cautelar para impedir que el proyecto avance debido a que, según sostienen, la obra "es contraria a la normativa legal y constitucional de carácter ambiental".
El líder del partido, Pablo Mieres, realizó una conferencia de prensa este martes y en redes sociales afirmó que la obra "ni siquiera tienen la autorización previa ambiental". Además, invitó a "a los actores sociales y políticos que compartan esta postura a firmar en forma conjunta la demanda", escribió en su cuenta persona de X (exTwitter).
"El principal cuestionamiento es que OSE ya puso en marcha la licitación pública internacional para ejecutar la obra cuando el Ministerio de Ambiente aún no ha resuelto la Autorización Ambiental Previa, requisito indispensable para determinar la viabilidad ambiental del proyecto", expresó este partido en un comunicado.
A finales de junio, el directorio de OSE aprobó los pliegos para la licitación de la construcción de la represa de Casupá. Cuatro empresas estarán habilitadas a participar de la licitación, ya que superaron la instancia de precalificación que planteó OSE. Son el consorcio CCCC-YREC-Impacto; Casupá (compuesto por Sinohydro10 y Grinor); Consorcio Rovella CVC, y el consorcio Constructor de Presas Uruguay (integrado por Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello).
El presidente de la OSE, Pablo Ferreri, detalló que la idea es adjudicar la obra después que reciba la autorización ambiental previa por parte de Ambiente. Ese trámite aún está a estudio y las autoridades estiman que será otorgado antes de terminar el año, por lo que las obras comenzarían en 2027.
Este martes, desde el Partido Independiente afirmaron que "no corresponde seguir consolidando una obra de esta magnitud mientras permanecen pendientes requisitos legales indispensables para su ejecución".
"En la demanda se sostiene que el proyecto ha seguido avanzando mediante la obtención de financiamiento internacional, la elaboración del proyecto ejecutivo, expropiaciones y el llamado a licitación, generando compromisos administrativos, contractuales y económicos antes de que se hayan cumplido todas las etapas previstas por el ordenamiento jurídico", agregaron desde este partido.
Según ellos, esta situación "puede exponer al Estado a futuras responsabilidades patrimoniales si el proyecto debiera modificarse como consecuencia de las decisiones que aún deben adoptarse dentro del procedimiento correspondiente".
Esta acción judicial "no cuestiona la necesidad de desarrollar infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua potable, ni pretende sustituir las decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo", pero "plantea es que una obra de esta magnitud debe respetar el procedimiento previsto por la Constitución y la normativa ambiental vigente".
Además, "la demanda incluye una solicitud de medida cautelar para suspender nuevas actuaciones administrativas, licitatorias, contractuales, financieras, expropiatorias y materiales vinculadas al proyecto mientras la Justicia analiza el caso".
Entre las próximas acciones, los independientes mantendrán reuniones con vecinos de Casupá, organizaciones sociales, productores rurales y partidos políticos.
