La Comisión de Constitución y Códigos del Senado aprobó el proyecto de ley que reconoce el derecho de las víctimas de los grupos guerrilleros armados que operaron en la década de los 60 y 70 a recibir una reparación "moral, social y económica". Este proyecto pasó al Senado y será votado este miércoles.
En el articulado del proyecto se reconoce "el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes, como consecuencia de hechos ilícitos cometidos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas". En el artículo quinto agrega: "El Estado se compromete al pago a las mencionadas víctimas o sus causahabientes, de una pensión reparatoria que se determinará por la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo".
Además del pago a las víctimas el proyecto contiene también, en su artículo 4, "la construcción de uno o varios memoriales dirigidos a su consideración como víctimas de acciones delictivas por motivos políticos".
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Se creará una Comisión Especial que tendrá a su cargo la instrucción, sustanciación y resolución sobre las solicitudes de amparo al beneficio, así como su otorgamiento. Su integración, cometidos y funciones será designada por el Poder Ejecutivo.
En su propio proyecto —presentado a fines de 2020 y que jamás fue discutido— Cabildo Abierto planteaba determinados parámetros para cuantificar las pensiones. Allí se consideraba el tipo de afectación (desde el "menoscabo de un derecho" hasta la muerte, pasando por lesiones leves, incapacitantes o permanentes). Según esa escala, los eventuales beneficiarios podrían optar por una reparación única en unidades indexadas de entre $ 10 mil hasta $ 2,8 millones, o bien recibir una pensión de entre $ 22 mil hasta $ 56 mil mensuales. Iría a abarcar unos 80 casos. Esto no fue incluido en el proyecto aprobado.
El texto fue firmado por el Poder Ejecutivo el martes 20, ingresó al Parlamento el jueves 22 y entre este martes y miércoles será ratificado en el Senado. Llega luego de que el 9 de este mes, y a impulsos de Cabildo Abierto, los senadores de la coalición enviaran una "minuta de aspiración" al gobierno pidiéndole una iniciativa en este sentido.
En diálogo con El Observador el senador cabildante Guillermo Domenech justificó la rapidez del proceso. Según recordó, no se trata de un proyecto nuevo, sino que recoge lo esencial de la propuesta que su partido había presentado en diciembre de 2020 y que nunca fue considerada. Lo mismo señaló su correligionario Raúl Lozano.
Los escasos días de plazo motivaron las sospechas en filas del Frente Amplio, que no votará el proyecto. El diputado Gustavo Olmos calificó de "obsceno" el apuro un texto tan importante sin discusión y aventuró que que todo responde a un "peaje" que Cabildo Abierto le está cobrando al resto de la coalición de gobierno a cambio de su voto a la reforma jubilatoria. Consultado por El Observador, Olmos sostuvo que los "indicios" en ese sentido son claros.
En la misma línea se expresó el senador Eduardo Brenta, que dijo este lunes esperar que el proyecto relativo a las víctimas de la guerrilla no sea una "suerte de canje" por la reforma.
Los argumentos de la oposición fueron rechazados por varios senadores nacionalistas. Jorge Gandini, por ejemplo, señaló que la voluntad del oficialismo responde a cumplir un "viejo compromiso" de avanzar en un tema que hace dos años está en el Parlamento y así evitar que "pase un tercero" sin definirse.
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