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Reparación a víctimas de la guerrilla: Inddhh ratifica que "derecho a reparación es inherente a la persona"
Durante la discusión por el proyecto de ley de Cabildo Abierto para reparar a las víctimas de la guerrilla durante la dictadura y sus años precedentes, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se limitó a afirmar que "el derecho a la reparación es inherente a la persona" y evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto.
El presidente del Consejo Directivo del organismo, Marcos Israel, dijo ante la Comisión de Constitución y Códigos que tiene el proyecto un detallado repaso jurídico para fundamentar la postura. El contador señaló que la Constitución uruguaya establece que "los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad" y que "nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general".
Con citas a expertos en la materia del Derecho como Justino Jiménez de Aréchaga, José Korzeniak, Carlos Delpiazzo, Martín Risso y Horacio Cassinelli Muñoz, la Institución ratificó que "la norma que se proyecta confirma en todos sus términos el derecho a la reparación de todos los habitantes que están amparados bajo la Constitución de la República".
El diputado frenteamplista Mariano Tucci intentó recabar "una opinión detallada sobre el articulado del proyecto", pero Marcos Israel respondió que la Inddhh había resuelto no entrar "en la discusión del articulado". "Nos parece que lo importante es que este contexto genérico, que está bien claro para nosotros, sea respetado por la norma que a ustedes les parezca que puede cumplir con este mandato de reparación", sostuvo.
El diputado del MPP, Óscar Amigo, recordó que la legislación internacional establece "la importancia que se le da a las violaciones de derechos humanos por parte del Estado", y contrapuso: "Acá estamos hablando de terrorismo de Estado con un estatus bien particular y contundente de parte de la legislación internacional a la que Uruguay adhiere, y de otros hechos de violencia que se pueden dar en la sociedad; estamos hablando de grupos armados, y allí hay una diferenciación que quizás ustedes encuentren interesante desarrollar".
Amigo preguntó también si en la Institución consideran que en el proyecto de Cabildo Abierto a estudio indica con precisión quiénes serían los sujetos reparados. Ante las consultas, el director de la Inddhh Bernardo Legnani reiteró que la postura expresada por Marcos Israel "se restringió simplemente a juzgar y a valorar el derecho a reparación", y remarcó que lo consideran "como un derecho inherente a la persona humana".
"La Institución no se ha abocado al contenido en sí de la norma, sino que se ha restringido simplemente a juzgar y valorar ese derecho. La posición que expusiera el contador Marcos Israel es la que se adoptó por unanimidad en el día de ayer en el consejo directivo. Esa es la que hemos venido a exponer ante la invitación que nos cursara esta comisión", zanjó Legnani.
Consultado por El Observador, el diputado Tucci –que a través de la bancada del Frente Amplio había solicitado la comparecencia de la Inddhh para expedirse sobre el asunto– señaló: "Naturalmente que esperábamos un poco más de profundidad pero los que comparecieron indicaron que su análisis iba a ser general".
La oposición pretende responder a través de distintas cátedras "si es correcto que el Estado repare por acciones de terceros". Tucci apuntó que "no está claro el universo de eventuales beneficiados" y enfatizó en que para el Frente es "importante que un proyecto de esta envergadura recoja en su articulado que hubo terrorismo de Estado. Ese es el mínimo común denominador", dijo.
Wilder Tyler, director de la Inddhh, había declarado semanas atrás a La Diaria: “¿Deben todas las víctimas de la violencia política ser reparadas por el Estado? Mi respuesta es, en principio, sí. Esto incluye a las personas que están comprendidas por este proyecto que fue aprobado recientemente”. Tyler apuntó que “si se considera que hay individuos que sufrieron, fueron víctimas y nunca fueron reparados, y no pueden conseguir la reparación por otro lado, por defecto, el Estado debe ampararlos con la reparación”.
No obstante, el director de la Inddhh precisó que "el hecho de que se repare a estas víctimas no cierra un capítulo en nuestro país de ninguna manera porque todavía hay muchas víctimas de la violencia política, pero sobre todo del terrorismo de Estado, que no fueron reparadas integralmente o se les puso condiciones que contradicen las obligaciones del país de repararlas”.
La comisión parlamentaria recibirá la próxima semana a la última tanda de delegaciones para pronunciarse sobre el proyecto que establecería la "indemnización moral, social y económica" de víctimas civiles, policiales, militares y sus familias, por parte de grupos políticos armados entre 1962 y 1976.
Tanto la Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay (Crysol) como Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos criticaron la iniciativa legislativa de Cabildo Abierto.
