El atentado a la AMIA fue el 18 de julio de 1994
Romina Manguel

Romina Manguel

Periodista de El Observador Argentina

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Argentina: A 29 años del atentado a la AMIA para la impunidad no hay grieta

A 29 años de la voladura de la mutual judía en la calle Pasteur al 600 en el barrio de Once, no hay respuestas
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18 de julio de 2023 a las 17:23

La causa por la investigación del atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994 es un enchastre. Un papelón. Una deuda. No hay eufemismos para explicar lo inexplicable.

A 29 años de la voladura de la mutual judía en la calle Pasteur al 600 en el barrio de Once, no hay respuestas. La expectativa de máxima es hoy avanzar en la línea del encubrimiento. La mejor respuesta a los muertos, a los familiares de las víctimas, a quienes los siguen llorando todos los días y no sólo en los aniversarios sería exponerles eventualmente quienes encubrieron a los que perpetraron e idearon el atentado. Pero sobre quién puso esa bomba y los hizo volar literalmente en pedazos, nada.

El fiscal de la Unidad AMIA Sebastián Basso declaró que “La investigación por el atentado a la AMIA fue una carrera de obstáculos desde el día uno”. Puede ser. Lo que no dice, la parte oscura e indignante de la historia que no se muestra es que esos obstáculos fueron puestos por los que tenían la responsabilidad de dilucidar que había pasado. Corren una carrera mientras van poniéndose impedimentos para llegar a la meta.

Es una historia repleta de cómplices por acción u omisión. Pero cómplices al fin.

El primer juez de la causa, Juan José Galeano, urgido por llevar una respuesta a un gobierno menemista que supo cobijarlo, decidió pagarle cuatrocientos mil dólares a uno de los imputados Carlos Telleldín, para que involucrase a la policía bonaerense en el crimen. En ese acto servil y desesperado, buscando salvar su cargo e ingresos antes que llegar a la verdad, Galeano hecho una mancha de petróleo sobre un océano que tardó menos que nada en teñirse de negro.

Ese juez fue condenado a seis años de prisión. Una sentencia que está a la espera de ser revocada o confirmada por la Cámara de Casación Penal.

El primer juez que tenía que investigar terminó acusado. Junto con el ex titular de la Secretaria de Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

A 29 años del desastre, quienes tuvieron en sus manos la investigación esas primeras horas clave, fueron investigados y están esperando también una respuesta. Más personal, menos colectiva, que podría confirmar lo que se presume. Cuánto embarraron la cancha para que a casi tres décadas de la masacre de Amia nadie sepa nada. Juzgados por otro atentado, el atentado a una verdad que cada año y cada década, por obvias razones, queda cada vez más lejos.

Casi tan lejos como Irán o el Líbano donde residen hoy quienes, según la causa originaria, fueron quienes idearon y encargaron la preparación del atentado que destrozaría 85 familias y la credibilidad de un país entero. Los imputados tienen alertas rojas de Interpol, pero también alguno de ellos pasaportes diplomáticos que les permite seguir moviéndose en las sombras convencidos que ninguno de los dos países entregará a sus nacionales. Y sin demostrar ningún interés en declarar en la Argentina. Porque dicen que no es un país confiable y que la justicia corrupta ya los declaró culpables antes de escucharlos. Triste que esos argumentos no surjan de los funcionarios o ex funcionarios iraníes o de los terroristas de Hezbollah basados en supuestas operaciones del lobby judío internacional, como suelen aducir. Esta, la idea de justicia corrupta se las sirvió en bandeja la propia Argentina. ¿Es una excusa para no dar cuenta nunca jamás de sus actos? Por supuesto. ¿Es cierto? Lamentablemente también.

Solo basta que muestren al exjuez y a los exfiscales en el banquillo de los acusados, o la denuncia del quien fuera el fiscal de la causa que quiso investigar el Memorándum de entendimiento que había firmado el gobierno kirchnerista con Irán. Y termino, según la justicia, asesinado.

O alguna imagen de Carlos Alberto Telleldín, el reducidor de autos que había tenido por última vez la Trafic que impactó contra la mutual judía. Gracias al enchastre generado por el primer equipo de investigación nunca se logró reconstruir, a partir de sus testimonios, en manos de quienes terminó. Tampoco Telleldín cumplió ninguna condena por su participación ya que fue absuelto en dos oportunidades: una porque la justicia entendió que su acusación fue producto de un pago “espurio e ilegal” (los cuatrocientos mil dólares que salieron de la central de inteligencia y que le pagó el juez); La otra, hace apenas unos años, porque no se pudo probar de manera certera que el reducidor conociera el destino final de la camioneta que asesinaría 85 personas. 

Hoy ese mismo señor camina los pasillos de los Tribunales no como imputado de la pesada carga que se sospecha tiene en sus espaldas sino liviano, como abogado. Título que obtuvo en la cárcel y que hoy, como bien señala la colega especializada en temas judiciales Patricia Blanco, utiliza para defender a Brenda Uliarte, la acusada de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner el 1 de septiembre pasado, junto a su novio Fernando Sabag Montiel.

Si Argentina es un país complejo y por momentos absurdo, su justicia imbricada en el poder político y los servicios de inteligencia lo es aún más.

A dos años del atentado a la embajada de Israel en 1992, el estruendo de una bomba volvió a sonar en las calles porteñas. La primera vez en Suipacha y Arroyo. La segunda en el barrio de once. La impunidad de la primera investigación dio lugar a la posibilidad de un segundo atentado. Porque dejó claro cuan apetecible es un país de alta exposición a nivel mundial donde reina la impunidad y los acuerdos políticos y judiciales para perpetuarla.

Tras la jubilación del segundo juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, la investigación pasó sucesivamente por manos de jueces subrogantes. Jueces del fuero penal federal, pero jueces más débiles en cuanto a la estabilidad al frente del juzgado: saben que su subrogancia vence a los dos años y serán reemplazados. Así entre María Eugenia Capuchetti y Daniel Rafecas que seguirá hasta el mes de octubre, fue boyando la causa AMIA. La causa que investiga el atentado, a 29 años del hecho podemos decir que no tiene juez. Así y en crudo, para las autoridades políticas y legislativas que se rasgan las vestiduras cada 18 de julio pero no creen imperioso y urgente hacer el concurso que designe a un magistrado que se comprometa como titular del juzgado con la investigación. Cosa que por desgano en algún caso y por hacer malabares con múltiples causas en otro, ninguno de los magistrados de paso hizo.

A casi tres décadas del atentado esto es más una declamación de impotencia que un pedido concreto que pueda acarrear consecuencias concretas. La sola idea de un nuevo juez que llegue a su despacho y se encuentre con cientos de cuerpos de la causa acumulados en casi tres décadas, que los tenga que estudiar, y que de ahí en conjunto con la fiscalía dar lugar a una serie de medidas que evidencie un avance en la investigación, es absurda. Las respuestas que no se obtuvieron difícilmente se obtengan.

Hoy son adultos esos niños y niñas que preguntaban con tres o cuatro años “¿quién mató a mi mamá, a mi papá a mi hermano” y recibían como única respuesta “gente mala”. Algunos trabajan en agrupaciones de víctimas como Memoria Activa. Algunos se fueron del país. Pero ninguno dejo de preguntar y hoy ya con hijos propios reciben la misma respuesta, tal vez algo más elaborada. Tal vez esos malos tengan nombre y apellido como Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati  todos ministros iraníes. O  Mohsen Rezai  al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”. O el tristemente célebre Mohsen Rabbani  que operó desde nuestro país con el cargo de consejero cultural. Pero no alcanza. En 29 años no saben como interactuó la pata local que perpetró el atentado, ni las razones, ni quienes los financiaron, ni por qué. Si es que hay una explicación para el accionar sangriento de los grupos terroristas.

Mientras tanto, la política y la justicia y por que no, los legisladores que no vieron la urgencia en nombrar un juez para esta causa, juegan a lo de siempre: la maniobra cortoplacista y miserable para salvar el pellejo. El kirchnerismo está obsesionado en que una de las juezas que tiene que resolver si se celebra o no un juicio por el memorándum de entendimiento con Irán, Ana María Figueroa, continue en el cargo a pesar de estar al filo de los 75 años con los que tiene que jubilarse. Dan por sentado que ese voto será negativo y por eso necesitan retenerla. Mientras tanto, los familiares siguen duelando.

¿Novedades en el expediente? Pocas. El juez federal Daniel Rafecas firmó la orden de captura nacional e internacional de Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) José El Reda, cuatro miembros de Hezbollah, sospechados de haber prestado su colaboración para la voladura de la AMIA. No, ellos no están tan lejos: tres en la zona conocida como “triple frontera” entre ciudad del este y Foz de iguazu. Uno logró huir rápidamente tras conocerse la orden de captura. Argentina, otra vez, inexplicablemente inerte.

En el acto obligado de cada año al que convoca la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y algunas las entidades de la comunidad judía argentina volvieron a escucharse la palabra impunidad y el escalofriante “¡Presente!” a la hora de pasar lista de los 85 muertos. Poca presencia oficial, sólo el ministro de educación Jaime Perczyk y funcionarios de segunda línea. Más representación de la oposición. Como si la responsabilidad de esa impunidad reinante fuese más responsabilidad de unos que de otros. Nada nuevo. Nada.

El abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, sintetiza esta errática búsqueda maniquea y simplista de asignar responsabilidades: “Es incontrovertible que el gobierno de Carlos Saúl Menem durante el cual se perpetró el atentado es el gobierno que más obstaculizó la investigación. Es uno de los mayores responsables de la impunidad del atentado. Salvando las distancias, tampoco dejamos de señalar la perniciosa actuación del gobierno de Mauricio Macri donde fueron públicas las presiones para evitar la investigación de los primeros fiscales de la causa. La desjerarquización de la Unidad Amia. Ningún gobierno estuvo a la altura de la investigación de esta causa. Ni hablemos del actual. Nada. Tal vez destacarle al gobierno de Néstor Kirchner que realizó el reconocimiento de responsabilidad internacional ante la comisión internacional de derechos humanos y desclasificó los archivos de inteligencia”.

El actual ministro de Justicia Martin Soria explicó que no estuvo presente en ninguno de los actos por estar abocado a la investigación. De salida y cuando no se le conoce al actual presidente Alberto Fernández el menor compromiso efectivo ni con la causa ni con los familiares. Abatido y perdidoso, Fernández ni siquiera simuló interés, perdido en el derrotero de internas políticas que lo vaciaron de poder.

Y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, empoderada tras la designación del ministro de economía como candidato de Unidad, el ministro al que ella apoyó en sus políticas a diferencia de los designados por el presidente, carga con la sospecha de haber generado un instrumento que les garantizara impunidad a los iraníes ideólogos del atentado.

Si juegan el juego de repartir responsabilidades, todos pierden. Pero ninguno nunca tanto como el que tiene que pasar el resto de su vida con un lugar vacío en la mesa. Extrañando, y sin respuestas.

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