Autonomías y Sánchez en pie de guerra: eluden impuesto a ricos y piden quita de deuda por habitante

Mientras el líder del PSOE se entregaba al debate que terminó por convertirlo nuevamente en presidente, por el que dejó un tendal de principios no sólo partidarios en el camino, esto ocurre en las autonomías, alzadas en pie de guerra.

Ni un euro para Sánchez

El Tribunal Constitucional acababa de dar a conocer su aval, tal como se esperaba, al impuesto a las grandes fortunas, una pirueta fiscal de Sánchez para disciplinar a las autonomías que habían bonificado el impuesto sobre el Patrimonio, que pueden modificar a voluntad por ser un tributo "cedido".

No había pasado más que una hora. Ese 7 de noviembre, aunque conocía de antemano el resultado, Isabel Díaz Ayuso, presidente del Gobierno madrileño, estaba realmente molesta: "Lo sorprendente es que le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad". 

Una obvia alusión sarcástica al acuerdo alcanzado con Junts por el cual Cataluña manejaría el 100% de sus impuestos.

Si bien varias autonomías presentaron recursos, el Tribunal decidió fallar sobre el caso de Madrid por ser la más afectada por el nuevo gravamen (originó el 90% de la recaudación con 550 millones de euros).

Díaz Ayuso no perdió el impulso. Dos días después ya se había registrado una proposición de ley para recuperar el impuesto sobre el Patrimonio, bonificado al 100% desde 2008, durante el período de vigencia del impuesto a las grandes fortunas (en principio, los ejercicios 2023 y 2024).

Madrid reactivará entonces el cobro del impuesto sobre el Patrimonio, manteniendo su bonificación total por debajo de los tres millones de euros y adaptando su escala a partir de ahí, de modo de captar lo que iría al nuevo tributo. 

Sí, todo para que la recaudación se quede en las arcas madrileñas en lugar de ir a engrosar las de Hacienda y darle el gusto a Sánchez. 

Pasemos en limpio. Las tasas son 0% hasta los 3 primeros millones de euros (aunque pueden descontarse otros 700.000 euros exentos y 300.000 del valor de la vivienda habitual), 1,7% hasta los 5,34 millones; 2,1% hasta los 10,69 millones y 3,5% para fortunas superiores a ese monto. 

Pero Madrid tiene un plan: devolver a la gente esta maniobra fiscal/política casi de revancha con una reducción en el IRPF, sobre todo, ver si pueden incluso incrementar el porcentaje previsto (0,5%). 

Desde el equipo de Gobierno reconocen que esta medida, igual que otros incentivos fiscales que están analizando, se aplicará "en todos los tramos". No puede parecer  una "compensación" a quienes tienen un patrimonio superior a tres millones de euros y que en 2022 fueron 10.302 contribuyentes, reconocen.

Lo interesante es que por su capacidad recaudatoria y por ser Madrid, la decisión de Díaz Ayuso resonó por todas partes. Pero está siguiendo los pasos de Murcia, que también tenía 100% bonificado el impuesto. 

Murcia la vio primero

De hecho, Murcia la vio mucho antes. Antes incluso de que se recaudara el impuesto de Sánchez ya había hecho el cambio y no aportó ni un euro. 

No será Madrid pero tiene 15 declarantes que clasifican, lo que basta para convertirla en la sexta comunidad autónoma con mayor número de contribuyentes en ese tramo. Pagaron 42 millones de euros por el impuesto a los ricos pero se los pagaron a Murcia.

El artilugio legal fue el mismo. El Gobierno autonómico mantuvo la bonificación del impuesto sobre el patrimonio pero fijó un nuevo umbral  que afecta a casi 4.500 contribuyentes con ingresos inferiores a 3,7 millones de euros. Por encima de ese monto tienen que tributar pero no a la administración central.

Además, el cambio se implementó con efectos exclusivos para el ejercicio 2023, de modo que Murcia puede prorrogar esta norma en caso de que el impuesto "temporal" de Sánchez (como lo fue en su momento el gravamen extraordinario a la banca) termine prolongandose en el tiempo.

Finalmente, Andalucía parece ser la próxima en la lista, también con una bonificación del 100% de patrimonio. 

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, confirmó que está estudiando si se recupera o no el impuesto y que se estudian varias opciones aunque la Junta esperará a que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado.

Andalucía dejó de recaudar 95 millones de euros al exceptuar a sus ciudadanos del impuesto sobre el patrimonio y es la segunda autonomía en recaudación de grandes fortunas.

Claro que a años luz de Madrid, pero el Estado obtuvo 29,7 millones de euros de 865 declarantes (contra 10.302 madrileños), que aportaron casi el 5% del total. 

Ahora los andaluces no deberían esperan ningún fallo porque no lo habrá. 

Fuentes del propio Tribunal Constitucional se encargaron de aclarar que la sentencia "cierra la puerta a la posibilidad de estimar los recursos ya interpuestos por los gobiernos autonómicos de Andalucía, Galicia y Murcia". 

Y subrayan: "No estamos hablando de jurisprudencia. Lo que se diga en esta sentencia se irá aplicando en cada comunidad autónoma".

Galicia, por último, es la tercera comunidad por recaudación en el impuesto sobre las grandes fortunas. Cuenta con 91 declarantes y una cuota a pagar de 9,8 millones de euros. Es la única que tiene una bonificación del 50% del impuesto sobre el patrimonio.

Cuando en su momento el Gobierno andaluz lo anunció fue ácidamente criticado en una comunidad con la mayor tasa de pobreza del país. Pero se avanzó argumentando que permitiría atraer contribuyentes de rentas altas, que tributarían el IRPF.

El incendio de la deuda 

El acuerdo entre los nacionalistas gallegos BNG y el PSOE, una de las piezas que terminaron de armar el rompecabezas que terminó invistiendo a Sánchez, prendió la llama. 

El pacto, después de todo, fue a nivel partidario y supuso la condonación del 20% de la deuda a Galicia, además de otros beneficios como un 75% de descuento en peajes para usuarios frecuentes y la puesta en marcha de trenes de cercanías.

El Gobierno de la comunidad twitteo enardecido: "Galicia no tolerará ser menos que cualquier otra comunidad". A Alfonso Rueda se le plegaron el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular en una gran catarsis/denuncia en las redes sociales.

El Ejecutivo gallego ya había sido muy radical en su repudio a la condonación de la deuda catalana por considerarla "un reparto entre el resto de las comunidades". Pero el acuerdo con BNG lo llevó al límite.

Claro, estamos hablando de una quita del 20%, igual que la de Cataluña, pero no sobre una deuda de 73.110 millones de euros -40% del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)- sino de 2.759 millones millones  -1,6% del FLA)-. Son unos 552 millones de euros contra los 15.000 millones catalanes.

En términos de población, a su vez, son unos 2,7 millones de gallegos contra casi 8 millones de catalanes. La quita de deuda por habitante no tiene punto de comparación. 

Galicia tiene, de todos modos, algo más de deuda pública ya que se financió por 10.000 millones con la banca privada. 

Los 15.000 millones pactados que Cataluña no pagarán (y tampoco sus más de 1.000 millones de intereses) superan el presupuesto total de la Xunta para el próximo año, que es de unos 13.257 millones, el más alto de su historia.

Los presidentes populares como Rueda en el resto de España ya anunciaron recursos contra la condonación de parte de la deuda a Cataluña.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguraron que irán a los tribunales tras denunciar que el acuerdo "genera desigualdad" y  maneja "con naturaleza favoritismos que supondrán agravios".

No son los únicos que no se sienten ni compensados ni aplacados ni mucho menos agradecidos por el hecho de que la quita de deuda catalana se haga extensiva a las demás autonomías.

Fondo de nivelación

Andalucía, por ejemplo, reclama la condonación de 17.800 millones de euros, lo que supone 2.099 euros por habitante, el equivalente por habitante que se le perdona a Cataluña con un total de 15.000 millones. 

La autonomía concentra el 17,7% de la población (más que Cataluña con 16,5%) y es la tercera más endeudada con el FLA después de Comunidad Valenciana (25,2%) con el 13,25% del fondo (contra el 40% de Cataluña).

Además, los andaluces demandan la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que es de las cuatro regiones que recibe recursos por debajo de la media. Según estiman, han dejado de percibir más de 1.000 millones al año desde 2009.

Para compensar esa infrafinanciación hasta que se cierre la reforma exigen un fondo de nivelación para Andalucía y las comunidades que se encuentran en su misma situación (Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha).

"Los andaluces no estamos dispuestos a seguir pagando la fiesta del independentismo", dijo Carolina España, Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Comunidades del PSOE

Pero incluso comunidades del PSOE como Castilla-La Mancha salieron a defender sus regiones y exigir que la infrafinanciación sea un criterio para estipular el nivel de quita. 

Para que Castilla-La Mancha iguale en financiación autonómica a Cataluña se le deberían condonar 5.300 millones de euros de los casi 12.000 millones que adeuda al FLA.

Si en cambio se le condonara el 20% de la deuda como a Cataluña, la quita sería de 2.200 millones, aunque ese porcentaje no se debe aplicar de forma simétrica a todas las autonomías, explicitan en el Ejecutivo de la región, convencido de la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica.

También el presidente del Principado de Asturias, otro socialista aunque mucho más comedido, Adrián Barbón, reclamó  "igualdad de trato" ante la condonación de parte de la deuda autonómica a Cataluña. 

En Madrid, que no tiene deuda, las cosas también están que arden. No sólo alteran los hechos, también las formas. En una entrevista reciente Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo reparaba precisamente en eso.

"Esto hay que hacerlo con los mecanismos legales que existen, que es a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tenemos un sistema de financiación del año 2009, que ya se pactó en despachos entre Rodríguez Zapatero y los catalanes y que luego se ajustó al resto de regiones en función de los intereses del Gobierno. Ahora lo que se necesita es que nos reúnan".

Y añade: "Lo que no se puede es hacerlo por detrás, con premeditación y alevosía y encima, para intentar callar al resto de autonomías, decirles: No, pero es que a ti también te voy a dar una parte".

Hoy Madrid posee el PIB más alto de toda España (19,6% del total). Pero hubo un tiempo en que ese lugar lo ocupaba Cataluña.

Madrid aporta actualmente el 71,6% a todas las comunidades. En un distante segundo lugar, pero fundamental al fin, está Cataluña, con algo más del 23%. 

"Si Cataluña deja de aportar -dice Albert-, no sé cómo piensan que España pueda seguir adelante".

El que se adelantó y no se equivocó fue el presidente valenciano, Carlos Mazón. Ni siquiera había trascendido el acuerdo de investidura entre PSOE y ERC y Mazón dictaminó con clarividencia: "Si se condona un céntimo de deuda, la Comunidad Valenciana debe ser la primera".

Vale como expresión de deseo.