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Blanco en problemas: la Comisión de ética nacionalista evaluará el caso de Rodrigo Blas

Al dirigente del sector de Luis Lacalle Pou la DGI le puso una multa de casi dos millones de dólares por evasión

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19 de agosto de 2018 a las 19:11

El directorio del Partido Nacional enviará a la Comisión de Ética de esa colectividad el caso que involucra al edil de Maldonado Rodrigo Blas quien hizo uso indebido de su inmobiliaria –Blás Propiedades– para evadir parte de los impuestos que correspondían a la venta de terrenos de la empresa de la que el mismo es apoderado, Javipark SA, por lo que la DGI lo sancionó con una multa de US$ 1,9 millones -cuatro veces el monto evadido-.

La presidenta del directorio, Beatriz Argimón, propondrá este lunes al órgano de dirección de la fuerza política que los antecedentes de Blas se entreguen a la comisión de ética para ser investigados.
"La comisión se encargará de reunir material, hacer una evaluación y aconsejar al directorio sobre qué medida se debería tomar", dijo Argimón a El Observador.

Blas, que el es principal dirigente del líder Luis Lacalle Pou en el departamento, presentó un recurso contra la multa. Pero más allá de esa acción, Lacalle Pou, indicó que el caso "debe ir a la comisión de ética del partido". "Ya lo hablé con la presidenta y con él", dijo Lacalle Pou a El Observador. Respecto a qué medidas se pueden llegar a tomar, Argimón sostuvo que se decidirá a partir del informe por lo que no se llevará a cabo ninguna medida esa la evaluación.

"De acuerdo a lo acordado por la comisión, nos reuniremos con el directorio para tomar una decisión. Vamos a esperar esta instancia", dijo Argimón.

El caso

En la resolución emitida el 6 de julio por la Dirección de Rentas, se responsabiliza a Blas "por el IRAE e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación", según publicó el semanario Brecha el viernes 17.

A su vez, la DGI sancionó al empresario por colaborar en la maniobra de Blas a su esposa; al escribano José Luis Robatto, miembro Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle; Darwin Correa, edil nacionalista; y dos escribanas que son funcionarias municipales.

El organismo de contralor impositivo constató que los profesionales mencionados evadieron cerca de US$ 500 mil correspondientes al pago de IRPF e IVA.

Según lo establecido por la DGI, desde Javipark SA se utilizó la inmobiliaria Blas Propiedades para ingresar los inmuebles que se vendían, por un precio menor más allá de lo pactado entre las partes.
Además, se entendió la existencia de un acuerdo extrajudicial donde se le solicitaba al comprador –a cambio de beneficios– mantener la reserva sobre el contenido real de las negociaciones.

Un grupo de cuadernolas que se encontraban en la inmobiliaria del edil nacionalista y fueron incautadas durante la investigación, fueron claves para determinar el fraude ya que ahí estaban registrados los precios que se declaraban y los que se cobraron realmente. Las maniobras confirmadas se ejecutaron durante el período en que Blás era edil por la lista 23, entre 2011 y 2014.
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