Boliche móvil: los autos que llevan música a la calle y la "zona gris" para controlar

El joven sentado junto a sus amigos sobre la baranda del Muelle de Mailhos —tradicional punto de encuentro nocturno en Punta del Este— se acercó a los dos policías motorizados, que lo esperaban junto a la valija del auto estacionado, de la que pocos segundos antes salía a todo volumen la música. El diálogo fue breve, y los bajos ya estaban atenuados cuando los efectivos siguieron su recorrido. 

Consultado por El Observador, el propietario del vehículo reconoció que probablemente habría habido una denuncia de los vecinos de la vereda de enfrente, aunque con una sonrisa señaló que no tendría mayor consecuencia que la de las autoridades estando atentas a aplicarle una espirometría a la salida. A los pocos minutos, el grupo de amigos volvía a jugar con el volumen. 

No estaba equivocado, y esas situaciones de particular roce con los edificios aledaños tienen una "zona gris" a la hora de controlarse, sin más repercusión —a menudo efectiva— que la de una exhortación de las autoridades. Los bajos resonantes y los woofer en las valijas se suceden a lo largo de una bahía icónica para la movida nocturna, aunque sin grandes bailes en el entorno, más allá de los bares concurridos de la rambla. 

Varios vecinos y porteros consultados por El Observador destacaron que se trata de una temporada tranquila y sin sobresaltos, más allá de un operativo puntual de disuasión en la noche de Navidad. Sin embargo, un planteo repetido refiere a los ruidos molestos en la madrugada, en especial provenientes de autos, donde no hay un margen de acción tan definido como en los locales comerciales.

Así lo atestiguan los policías que patrullan a pie la zona: "Llegan llamadas por ruidos altos, pero a nosotros no nos corresponde", dijo uno de ellos. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El Observador que la situación también sucede en la rambla de Piriápolis, aunque al final no es una práctica sancionable, porque no es un delito. Desde la cartera expresaron que velan por mantener un equilibrio —en este caso que la música no esté fuerte toda la noche— aunque reconocieron que se trata de puntos de encuentro y muy concurridos. 

A la Intendencia de Maldonado es a quien compete actuar sobre ruidos molestos, pero en ese tema surgen contradicciones. El director de Higiene de la comuna, Jorge Piriz, dijo a El Observador que el control no corresponde a su repartición, que sí está encargada de atender el mismo aspecto cuando se trata de bares y boliches.

"El ruido molesto de los autos lo controla Tránsito, desde los caños de escape hasta los parlantes. La denuncia ahí es contra el vehículo", declaró. El jerarca añadió que desde su dirección no procesaron ninguna denuncia de ese tipo. 

"No es de Tránsito", contrarrestó por su parte el referente del Centro Coordinador Emergencias (Cecoed) de Maldonado, Mauricio Souza. "Se hace todo un trabajo con los inspectores que detectan los decibeles y se actúa en base a normativa departamental. Se le hace una notificación con apoyo de personal policial", explicó a El Observador. El director de Tránsito, Juan Pígola, no contestó llamados ni mensajes. 

La normativa departamental se enmarca en la jurisdicción de Higiene, según surge de la ordenanza. El texto establece que solo se admite un máximo de 65 decibeles en vía pública a 20 metros del sitio generador del ruido. El límite desciende a 35 cuando refiere a los dormitorios de casas y apartamentos aledaños. Los inspectores están cometidos por normativa a medir esos niveles desde el propio interior de las habitaciones, si así lo solicita el denunciante. 

"A un local comercial se le exige ciertos decibeles con toda una acústica para generar su propio sonido. Ya el auto es un equipo al aire libre que no tiene control", detalló Mauricio Souza. 

"Es difícil determinar a quién le corresponde", afirmó, por su parte, el edil blanco Ronald Martínez, que preside la Comisión de Higiene en la Junta. "En la calle le tendría que corresponder a la intendencia", apuntó, aunque indicó que hay una "zona gris" a la hora de definir el rol de la Policía o la Prefectura —al tratarse de un muelle que es jurisdicción de la Armada—.