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BPS pagó subsidios por enfermedad a 23.000 personas por la pandemia

El tema de las certificaciones médicas ha despertado polémica y reacciones de distintos jerarcas del BPS y está bajo revisión

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21 de septiembre de 2020 a las 05:00

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El Banco de Previsión Social (BPS) pagó subsidios por enfermedad a 23.107 personas por causales vinculadas a la pandemia durante el período marzo–agosto, según datos de la representación de los trabajadores ante el directorio del organismo a los que accedió El Observador. Ello implicó el desembolso de unos US$ 17,3 millones a valores de hoy.

Por certificaciones médicas vinculadas al covid-19, el organismo de seguridad social cubrió a 18.896 beneficiarios, algunos de los cuales cobró esa prestación más de un mes. El promedio mensual del subsidio se ubicó en $ 23.516, lo que arroja un total de $ 444 millones (unos US$ 10,4 millones). El promedio mensual desde marzo se ubica en casi 6 mil personas; el pico se dio en abril con 8.419 beneficiarios.

A esta cifra hay que sumarle, los trabajadores mayores de 65 años. Durante los primeros meses de la pandemia, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que habilitó a que esa población más vulnerable al virus podía acogerse a ese beneficio. En total, fueron 4.211 personas las que accedieron a esta prestación durante el período marzo–agosto, por los cuales el BPS desembolsó unos $ 292,7 millones (unos US$ 6,8 millones). En este caso, el promedio mensual de beneficiarios durante el último semestre de la pandemia se ubicó en 2.476 trabajadores.

Por otro lado, en el acumulado enero–agosto, el BPS pagó subsidios por enfermedad (por todas las causales) a 188.181 personas por unos $ 4.302 millones (unos US$ 101 millones). El monto promedio de la prestación que recibieron esas personas fue de $ 22.863 mensuales. Pese a la incidencia de la pandemia no se dio un gran salto en la cantidad de beneficiarios respecto a 2019. En igual período del año pasado, el BPS cubrió a 186.368 personas, lo que implicó una erogación de $ 3.123 millones (unos US$ 73,4 millones a valores de hoy). El monto promedio de la prestación en ese entonces fue de $ 16.758 mensuales.

La auditoría y la polémica 

El Banco de Previsión Social (BPS) realizó una auditoría interna –que analizó el 2018 y el 2019– en la que detectó que uno de cada dos cotizantes tuvo una certificación médica, informó Telenoche. De los 1.119.000 cotizantes que tiene el BPS, se certificaron 522.618 afiliados activos. El número de cotizantes previo a la pandemia era 1.181.292 personas. 

Este dato no implica que todas que todas esas personas certificadas hayan cobrado un subsidio por enfermedad, porque este beneficio se cobra a partir del tercer día explicó el presidente del BPS Hugo Odizzio.

Sin embargo, la auditoría confirmó que hubo afiliados que tenían entre uno y tres días entre dos períodos certificados y que cobraron los días trabajados.

La representación de los trabajadores aportó que entre marzo de 2019 y febrero de 2020 se certificaron 5,59% y un 2,58% de los cotizantes cobraron el subsidio por enfermedad.

Este número aumentó en los meses de la pandemia. Entre marzo y julio el promedio de certificaciones fue 7,42%, mientras que las personas certificadas fueron el 5,39% del total y los beneficiarios el 4,22%.

En la auditoría se detectaron certificaciones a personas muertas, a menores de 12 años, retroactivas y otras en las que figura que los médicos certificadores son los directores técnicos de los prestadores.

El director de los trabajadores, Ramón Ruiz, aclaró a El Observador que no se pagaron subsidios que correspondieran a niños ni a fallecidos.

Camilo dos Santos

Cuando presentó el informe, Odizzio dijo: "Cuando son menores de edad o son personas fallecidas pueden ser errores de los controles, o de la fecha de nacimiento mal ingresada, o que la certificación se ingresó después del fallecimiento de una persona que estaba internada. Los casos no los hemos visto uno a uno".

Odizzio explicó que el ingreso al sistema de las certificaciones las suelen hacer administrativos, que tienen que poner el número de médico tratante y, como no lo tiene, ingresan uno que está "pegado en la pared".

En estos dos años hubo 21 millones de días de certificación. El 17,2% no accedió al cobro de subsidios por enfermedad y el restante 82,8% sí. "Probablemente la mayor parte de esos casos sean trabajadores que sí estuvieron en una situación de enfermedad", dijo el jerarca, aunque comentó que hay "unos cuantos casos" de trabajadores que "burlaron los controles del sistema".

Las patologías que tienen mayores certificaciones son lumbago, diarrea o gastroenteritis, infección aguda de las vías respiratorias, episodios depresivos, causas de morbilidad, colitis y gastroenteritis, influencia y convalecencia consecutiva a cirugía.

Otro de los datos que se obtuvo a partir del estudio realizado por el BPS. De las 2.039.813 certificaciones realizadas entre 2018 y 2019 el BPS emitió 52.301, el Banco de Seguros del Estado (BSE) 11.700 y los prestadores de salud 1.975.812.

De las certificaciones que procesó el BPS, en 3.384 casos fue para denegar por algún motivo una certificación que ya había sido ingresada, explica la auditoría a la que accedió El Observador. En las restantes 48.917 se identificaron algunas "inconsistencias" como períodos certificados sin una patología asociada, períodos certificados sin la fecha de la consulta médica y fechas de comienzo de la certificación posterior a la fecha del acto médico.

Leonardo Carreño
Presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odizzio

De las certificaciones realizadas por prestadores de salud, 755.141 fueron certificados por menos de cuatro días. Hubo seis por más de 100 días.

Del total de certificaciones, el 17,2% no están asociadas a una solicitud de subsidio por enfermedad.

Odizzio dijo que detectaron que se crearon empresas de servicio doméstico que no tienen aportes y generaron una cantidad de beneficios.

Ruiz solicitó en el informe que se amplíe la información de la auditoría y, en particular, de la cantidad de subsidios que pagó el BPS durante 2018 y 2019. También hizo explícito su "apoyo y confianza" a los funcionarios que realizan este estudio y pidió investigar "hasta las últimas consecuencias las irregularidades que surjan".

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