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La mayoría de los uruguayos se sienta a la hora indicada frente al televisor para ver cómo la celeste dirigida por Óscar Washington Tabárez busca un lugar en el mundial de Rusia 2018, sin importarle demasiado el conflicto que existe entre Full Play y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El contrato firmado por ambas partes regula la concesión de los derechos televisivos de los partidos de las eliminatorias. El problema radica en que los propietarios de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, son acusados por la Justicia de Estados Unidos de pagar coimas a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para ganar contratos televisivos, y además ambos son investigados en Uruguay por lavado de dinero.

Sus cuentas bancarias fueron embargadas en Uruguay por la jueza de Crimen Orgnizado Adriana de los Santos, que investiga la ramificación local del escándalo de la Conmebol. La magistrada congeló además en agosto un giro de US$ 500 mil que Full Play hizo a la AUF correspondiente al pago de una cuota del contrato.

Ante esa situación, Full Play recurrió a la Justicia de Paz para saber de qué manera podía cumplir con el contrato y pagar las restantes cuotas sin que se las congelaran. La audiencia de oblación y consignación, en la que se definió la forma de pago, se realizó el 14 de octubre. La jueza de Paz Soraya Gougeon ordenó entonces la apertura de una cuenta en el Banco República (BROU) para que Pitch International LLC, una empresa vinculada a Full Play, realizara la operación. El pago de US$ 1 millón llegó a la cuenta abierta por la jueza, y el 16 de noviembre el monto fue transferido a una cuenta de la AUF, también en el BROU. Entonces, la jueza De los Santos, de Crimen Organizado, embargó el monto girado por existir sospechas de lavado de dinero.

La magistrada citó a declarar en las últimas horas al presidente de la AUF, Wilmar Valdez, para que explique cómo fue el proceso y por qué no notificó formalmente al juzgado que recibió este cobro. Valdez aclaró que los abogados de la AUF notificaron al juzgado sobre la situación. El asunto, por ese lado, quedó saldado. Pero lo que más llama la atención a algunos de los actores involucrados en la investigación es que el BROU omitió denunciar el giro ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Los bancos están obligados a presentar Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando un giro está vinculado a una empresa indagada por lavado de dinero, como es el caso de Full Play.
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