Casi 6.000 campesinos aislados por los choques entre el ELN y el Clan del Golfo colombianos

Según informó la Defensoría del Pueblo, amplias zonas del selvático departamento andino, el único del país con costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico, quedaron aisladas y sus pobladores sin poder acceder a suministros básicos, como alimentos y medicinas.

En un comunicado, el organismo hizo “un llamado a entidades nacionales y departamentales” para que aborden la situación causada por los “enfrentamientos entre la guerrilla del ELN e integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo)”.

Según observadores locales, la situación se verifica desde el pasado 27 de mayo, cuando el ELN decretó un “paro armado” que mantiene bloqueadas las rutas, los caminos y los cursos fluviales de las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, impidiendo así el ingreso de ayuda humanitaria.

“Es un llamado urgente para que sean protegidos y garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones que se están tornando lamentables”, señaló la Defensoría.

Los enfrentamientos que provocan el éxodo forzado y el aislamiento de familias enteras, en su mayoría indígenas y afros de los municipios Nóvita y Sipí, hicieron que también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertara sobre la situación.

“Instamos al Estado a proteger y atender a la población. Recordamos a los grupos su obligación de respetar los derechos a la vida, la integridad, y asistencia humanitaria para la población que no participa de las hostilidades”, indicó el organismo.

Por su parte, líderes campesinos y referentes religiosos de las zonas afectadas advirtieron sobre el desabastecimiento. “Hay gente aguantando el hambre y nadie dice nada. Uno se pregunta dónde están las autoridades”, denunció el líder comunitario Tulio Mosquera en declaraciones al canal de noticias Caracol.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Istmina Tadó, Mario del Jesús Álvarez, explicó que la población desplazada y confinada “está en una situación muy dolorosa porque no se puede llegar allí con ayuda debido a los enfrentamientos”. La Defensoría instó a las partes para “abrir un corredor humanitario” en la zona.

“Es imperativo contar con ese paso. La población civil no puede seguir siendo afectada por el accionar indiscriminado de los actores armados ilegales”, señaló el organismo, que solicitó al gobierno que apele “a los medios necesarios para que sea garantizada la libre movilidad el departamento del Chocó”.

La Defensoría, además, pidió al ELN que ponga fin al paro armado y avance “en la búsqueda de la paz con hechos que en ningún caso pongan en riesgo a la población civil”. El llamamiento se produjo pocos días después de que los habitantes del territorio marcharan para exigir la paz.

En el poder desde agosto, el presidente Gustavo Petro lanzó la llamada política de “Paz Total”, en un intento por resolver a través del diálogo el conflicto armado de casi seis décadas que registra el país y que dejó nueve millones de víctimas.

El ELN, sin embargo, rechazó la tregua antes de que se implementara, pese a que mantiene negociaciones con voceros de Petro desde noviembre, en un contexto en el que el gobierno reanudó las operaciones contra el Clan del Golfo, alegando ataques a militares y civiles por parte de la organización narcotraficante.

Por el momento, el medio millar de desplazados, en su mayor parte familias enteras, se encuentran alojadas en albergues transitorios, mientras el ELN y el Clan del Golfo se disputan el control del Chocó, en la frontera con Panamá, paso obligado de las rutas del tráfico de cocaína con destino a México y los Estados Unidos.

En marzo de 2023, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que la situación humanitaria en Colombia empeoró en 2022 por quinto año consecutivo. Ese año se detectaron más de 58.000 desplazamientos forzados y 515 víctimas por artefactos explosivos.