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Caso Marset: FA evaluó varias medidas y acuerdan ceder en una de sus exigencias para acordar por financiamiento de partidos
"Nane, con todo lo que estudió, se quedó sin ministro para interpelar", bromeó Fernando Pereira desde la mesa de cabecera cuando vio llegar a la senadora frenteamplista Silvia Nane a la Huella de Seregni el domingo, mientras sesionaba el Secretariado Ejecutivo ampliado.
"No va a faltar oportunidad", devolvió la legisladora en tono jocoso.
El presidente Luis Lacalle Pou había anunciado la noche anterior la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, convocado por el Frente Amplio al Senado para dar respuestas sobre "graves irregularidades" en la cartera, incluido el caso Marset. También dimitieron ese día el subsecretario Guillermo Maciel y el publicista Roberto Lafluf, sumándose a la salida de Francisco Bustillo como canciller.
La oposición, sabedora de los flancos abiertos que dejó el relato del mandatario en la noche del sábado –si, por ejemplo, avaló la destrucción de posible prueba ante la Justicia cuando su asesor se deshizo del acta protocolizada por escribano que contenía chats entre Carolina Ache y Maciel–, barajó esa tarde medidas a varios niveles para sostener su posición en la opinión pública.
"No es a partir de ahora que debemos tomar medidas, porque eso sería darle un punto final a algo que aún no lo tiene", dijo en ese sentido este lunes la senadora Nane. Una de ellas, anunciada por la bancada de senadores, será introducir el tópico como "asunto político" en la sesión ordinaria de la Cámara del martes, lo que –por dos tercios de los presentes o mayoría absoluta– habilitaría disertaciones de 15 minutos por legislador para expresarse sobre lo sucedido.
"El Parlamento no puede quedar omiso a decirle a miembros del Poder Ejecutivo: 'Señores, al Parlamento no se le miente'", justificó Nane, en referencia a que en la interpelación de agosto de 2022 ninguno de los jerarcas dio cuenta de los chats que evidenciaban que estaban al tanto de la peligrosidad de Marset. El malestar legislativo se extiende también al oficialismo y así lo dejó claro la semana pasada el blanco Sebastián Da Silva cuando declaró a Desayunos Informales: "Yo puedo parecer boludo pero no soy. Que me mientan en la cara no me gusta".
El énfasis del Frente Amplio en esta etapa estará en aprobar la ley de financiamiento de partidos políticos y fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). "Nosotros no podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política", afirmó Fernando Pereira el domingo.
La coalición de izquierda acordó el domingo pisar el acelerador en sus negociaciones con el Partido Colorado y el Partido Independiente para cerrar una redacción común esta semana en Diputados, lo que dejaría en compromiso al Partido Nacional y Cabildo Abierto, cuyos legisladores tomaron distancia de las conversaciones bajo la promesa de hacer devoluciones.
El nudo del acuerdo estará por un lado en la "disposición" del FA a "deponer" sus exigencias respecto a que las empresas (personas jurídicas) no puedan contribuir a los partidos para las campañas, confirmaron fuentes de la oposición a El Observador. Si bien por la vía de los hechos las grandes compañías aportan a todos los partidos, algunos sectores en la izquierda mantenían que dar luz verde a ese mecanismo podía formalizar una dinámica en que las contribuyentes tengan derecho a tocarles la puerta a los gobernantes.
El anteproyecto de ley presentado por el colorado Conrado Rodríguez y el independiente Iván Posada a que también cada persona jurídica –al igual que las físicas– podrán aportar hasta un máximo de 350 mil unidades indexadas (poco más de $2 millones) por año siempre y cuando "no reciban subsidios o subvenciones del Estado", no sean concesionarias de obra pública y que sus contribuciones sean "nominativas", registrando "con toda precisión nombre y demás datos".
"Vamos a llegar a un acuerdo esta semana", confirmó a El Observador el colorado Conrado Rodríguez, quien aspira a votar el proyecto en comisión el próximo martes 14 de noviembre y así llevarlo a una segunda oportunidad en el Plenario de la cámara baja el jueves 16, luego de que en 2018 Darío Pérez dejara sin mayoría al Frente que aún era oficialismo.
Rodríguez aclaró no obstante que "esto no es por el episodio de Marset": "Lo veníamos impulsando por un buen tiempo y estábamos prontos para llegar a un acuerdo mucho antes de que pasara esto, no vamos a llegar a un acuerdo solo porque el FA ahora lo pide", sentenció el colorado, mandatado por la Convención de su partido a resolver un proyecto que lleva dos períodos trancado.
Diputados de los tres partidos ya habían avanzado con los 12 primeros artículos, tomando en algunos casos la redacción impulsada por Rodríguez y Posada –tales como los montos que candidatos a distintos cargos electivos pueden aportar a su propia campaña, casi el triple a los postulados en un principio por el Frente– y el de la oposición en otros –como el piso de casi 7 mil UI (casi $41 mil) para obligar a que el aporte sea mediante transferencia electrónica–.
Otro nudo importante es quién controla las facturas cobradas por los medios de comunicación a cada partido para las pautas publicitarias, que por ley deberán tener el mismo precio. Posada y Rodríguez proponen que esa tarea recaiga en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) mientras la izquierda se mantendrá firme en que lo haga la Auditoría Interna de la Nación.
Los blancos ya han adelantado respecto a este punto –históricamente sensible para los políticos– su intransigencia en que lo haga la Corte Electoral, a la que consideran la "más garantista". Una redacción de ese tipo podría complejizar el debate en tanto puede requerir mayorías especiales y, por tanto, no bastaría con una posible mayoría absoluta lograda entre colorados, Posada y frentistas.
Comisión investigadora y movilizaciones
Una de las posibilidades barajadas por el Secretariado Ejecutivo del Frente el domingo fue la de pedir una comisión investigadora en el Parlamento por el caso Marset, según supo El Observador, aunque la dirigencia aún aguarda por las nuevas informaciones que surjan de las declaraciones en Fiscalía.
El Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo coincidieron en pedir que la coalición de izquierdas convoque a una "movilización de masas contra la corrupción", según reconstruyó El Observador. El Partido Comunista planteó por su parte aprovechar el aniversario del acto del Obelisco el 27 de noviembre para movilizarse "por la democracia".
Las propuestas, que no aún hallan eco en el Frente, condicen en cambio con lo anunciado el lunes por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien habló de "preparar una gran acción masiva en defensa de la democracia y contra la corrupción”.
Si bien la oposición ha desterrado de momento la posibilidad de pedir un juicio político –para afirmarse como "garante de la institucionalidad" pero también por su inviabilidad política–, algunas voces han reclamado "medidas contundentes" que se condigan con la "gravedad" remarcada por la propia oposición, como lo dijera en el Secretariado el diputado del PVP, Daniel Gerhard, según transmitieron fuentes de la izquierda a El Observador.
Dirigentes de izquierda empiezan a reconocer por lo bajo la tensión entre una "base" que les reclama endurecer el tono –prueba de ello fueron este lunes los gritos y pancartas en la inauguración del Hospital del Cerro– y la responsabilidad, asumida en particular por Fernando Pereira, de no incendiar la pradera.
