Las organizaciones que estudian, atienden y siguen las estadísticas de los casos de explotación sexual de menores prefieren no poner el foco en la cantidad de casos que hay por departamentos o por barrios para no estigmatizar a las zonas. También porque saben que en los datos hay un subregistro: los números solo reflejan las situaciones de explotación que llegan a conocerse y a ser atendidas pero no son necesariamente todas las que ocurren.
Sin embargo, las estadísticas existen y aunque hay que leerlas sabiendo que pueden ser parciales, sí reflejan las situaciones que llegaron a las instituciones. Según las cifras de 2022, Artigas fue el departamento que más situaciones de explotación sexual de menores reportó (7,49 casos cada 10 mil habitantes), lo siguió Florida, Río Negro, Colonia, Paysandú y Treinta y Tres.
Este último departamento quedó en el foco en las últimas semanas por ser escenario de varios casos de abuso y explotación sexual de menores que llegaron a la Justicia y porque el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU) inaugurará un nuevo centro para víctimas en ese departamento.
La seguidilla de los últimos procesamientos de parte de la Justicia en esa zona del país puede ser circunstancial. Sin embargo, Treinta y Tres es un departamento donde "prevalecen" los índices de explotación y abuso sexual de menores, dijo a El Observador el presidente del INAU, Pablo Abdala.
En 2022, según datos del INAU, se atendieron 7.473 situaciones de violencia hacia menores en todo el país, de esas 79 ocurrieron en Treinta y Tres. Fuentes vinculadas con la salud dijeron a El Observador que los casos son cada vez más frecuentes en ese departamento.
Según las fuentes de la salud consultadas y al tanto de los casos, se trata de abusos, generalmente, intrafamiliares, y al haber mayor disposición a denunciar se ha dejado al descubierto, por ejemplo, casos de abusos entre hermanos menores de edad y abusos a varones de parte de familiares, dijeron las fuentes.
Pero que la violencia, los abusos y la explotación de los niños es en la mayoría de los casos de parte de familiares no es una novedad. En 2022, las cifras del INAU de todo el país mostraron que el 40% de las situaciones de abuso atendidas fueron de parte del padre y el 24% de la madre, el 14% de otro familiar y el 13% de la pareja de la madre. Solo el 8% los abusadores eran personas que no eran familiares de las víctimas.
En este contexto, el Sipiav instaló en Treinta y Tres –pero, todavía no inauguró– un dispositivo de "reparación del daño", algo que ya está funcionando en Artigas, Maldonado, Florida y Ciudad del Plata (San José). El lugar se instaló en un local que cedió ANEP y que funcionaba como centro educativo.
En el centro trabajarán técnicos del INAU, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de ASSE y de la intendencia con la víctima y la familia que sufrió consecuencias del maltrato, los abusos y el daño emocional a causa de los abusos, dijo Abdala.
La coordinadora del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia –Sipiav, dependiente del INAU–, María Elena Mizrahi, dijo que aunque aún no se inauguró, el equipo de reparación de daños está trabajando en "situaciones bastantes complejas de abusos" en Treinta y Tres.
Pero, además, "hay un Comité de Recepción Local del Sipiav que trabaja muchas situaciones de abuso" en ese departamento, dijo Mizrahi.
Sin embargo, la coordinadora del Sipiav explicó que no es posible argumentar que hayan aumentado las situaciones de abuso a menores en Treinta y Tres hasta que no estén disponibles los datos de las situaciones que se atendieron durante el primer semestre de 2023, algo que se comenzará a procesar por estos días.
"Si bien entendemos que está habiendo más violencia hacia niños, niñas y adolescentes, eso es real, también es cierto que también está la capacidad de captar y que los técnicos y la comunidad presten más atención a este tipo de violencia", señaló Mizrahi, aunque agregó que "hay un proceso en las y los adolescentes donde ya saben que hay temas o situaciones que les pasan y que no les deben pasar. Hace un tiempo los adolescentes no tenían la conciencia de sus derechos tan clara".
Los casos
El 22 de julio una mujer de 54 años fue condenada a dos años y ocho meses de penitenciaría por explotar sexualmente a sus dos hijas mellizas de 17 años. Además, un hombre de 75 años fue imputado por el mismo caso como presunto autor de un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
Cinco días después, el 27 de julio, la Justicia dispuso procesar a un hombre de 60 años por ser el autor penalmente responsable de reiterados un delito de abuso sexual agravado, luego de que una mujer denunciara que su hija menor de edad había sido abusada por el hombre en Treinta y Tres.
Casi un mes antes, el 26 de junio, la justicia condenó a una pareja por no haber cumplido con los deberes inherentes a la patria potestad luego de que su hija de 17 años se suicidara. La menor había sufrido abusos de parte de su hermano desde los seis años. Cuando los padres se enteraron a través de un pediatra, no realizaron la denuncia y los abusos continuaron.
El 6 de abril se procesó también en ese departamento a un hombre de 60 años que abusaba de tres menores en la localidad de Vergara.
Pero antes, en 2021, la ONG Gurises Unidos denunció junto al INAU casos de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas que involucraban a unos 20 menores de Treinta y Tres.
Un tema "común" en Uruguay, según la ONU
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños, Mama Fatima Singhateh, señaló que en Uruguay los procesos de investigación de casos son lentos y que eso alimenta la percepción de impunidad que siguen teniendo algunos presuntos autores.
"A pesar de ciertos avances, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sigue estando fragmentado", señaló la experta que estuvo en Uruguay reunida con autoridades nacionales. Los organismos y los prestadores de servicios de protección infantil están desbordados y su capacidad para recibir y apoyar a los menores se ve sobreexigida", aseguró.
A su vez, dijo que "la explotación y el abuso sexual de menores son extremadamente comunes" en Uruguay y que "están normalizados social y culturalmente". "La educación sexual en las escuelas puede cumplir un papel fundamental para informar a los niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos inherentes a las relaciones sexuales, la autonomía corporal y el embarazo precoz".
Singhateh aseguró que el gobierno debe adoptar una estrategia "integral, con perspectiva de derechos" y que sea "sensible a las cuestiones de género para combatir y erradicar los fenómenos de la venta, la explotación y el abuso sexual de menores".
