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7 de febrero 2021 - 5:00hs

No es solo en Treinta y Tres o Paysandú. Las situaciones de explotación sexual de niños y adolescentes suceden en todos los departamentos del país. Tampoco se vinculan únicamente con los menores que viven en hogares de amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ya que las víctimas alcanzan a todos los niveles socioeconómicos, aunque el principal impacto se ve en aquellos que provienen de contextos más vulnerables.

La coordinadora de la ONG Gurises Unidos, Fernanda Caballero, afirmó que lo que sucede en Treinta y Tres "es muy complejo". Eso se visualiza en la denuncia que elaboró la ONG junto al INAU luego de detectar casos de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas que involucran a unos 20 menores de edad del departamento. Entre esos casos, aparecen los nombres de tres adolescentes sobre los que existe la presunción de que eran víctimas, pero se está investigando a nivel judicial.

Esos menores vivían en hogares de amparo de INAU o recibían  apoyo y contención del organismo, pero de las 410 situaciones que atendió el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia (Conapees) en 2020, menos de la mitad son de niños institucionalizados, explicó el presidente del INAU, Pablo Abdala.

Sin embargo, Caballero aclara que en algunos casos "hay factores predisponentes" que los pueden volver más vulnerables. "Una gurisa llega al INAU y ya pasaron un montón de cosas antes, ya hubo instituciones que fallaron", cuestionó.

Gurises Unidos trabaja junto al INAU en el Proyecto en Ruta, buscando revertir las situaciones de explotación sexual de niños y adolescentes. Para eso desarrollan planes de capacitación y orientación a los equipos técnicos que detectan y trabajan directamente con los menores.

Caballero explicó que muchas veces es la misma familia o vecinos del barrios los que sospechan de una situación de explotación cercana a una menor y lo denuncian, aunque en el interior donde "todos se conocen" eso no siempre se aplica, tanto por el miedo a represalias como por la naturalización de lo que están viviendo. Por otra parte, señaló que en muchos hogares de 24 horas es difícil manejar todas las problemáticas que se presentan.

Por esta razón, el Conapees tiene como uno de sus objetivos la generación de dispositivos especializados de 24 horas para trabajar en los casos de violencia sexual y llegar a todo el territorio, tal como explicó el presidente del Conapees, Luis Purtscher. 

En este sentido, señaló que en el abordaje de la explotación sexual es importante intervenir en todas las etapas. "Desde la fase de prevención, la detección con instituciones que pueden identificar, la denuncia, la investigación policial y penal y una última fase que tiene que ver con cómo trabajamos en forma especializada con las víctimas y podemos reparar al sujeto por haber sido convertido en una mercancía", dijo Purtscher.

Según los datos de Conapees, los departamentos donde hubo más intervenciones en casos de explotación sexual son Montevideo, que concentra 59 casos de los que se atendieron en 2020, Canelones con 35, Maldonado 29 y Purtscher mencionó el aumento de explotación sexual en los departamentos fronterizos, como en Artigas con 29 casos, Cerro Largo y Salto con 24 y Rivera como 18.

En Treinta y Tres hubo intervención en 18 casos. Si bien es un departamento con una situación compleja, hay otros que presentan problemáticas más difíciles o novedosas, como las que ocurren con la instalación de grandes emprendimientos industriales en una localidad, como sucede con UPM en Durazno, Florida y Tacuarembó.

Por esta razón, Purtscher destacó la importancia de ver este problema como "algo de todo el país, con diversas intensidades".

El perfil

Abdala sostuvo que casi todas las semanas los equipos técnicos detectan situaciones sospechosas de explotación sexual que se denuncian en fiscalía. 

De todas formas, remarcó que en muchos casos las víctimas no están en régimen de internación y pasan una parte del tiempo con su familia y otra en los centros, en lo que se llama "proceso de desinstitucionalización".

Caballero apuntó que los llamados "indicadores de certeza" son, por ejemplo, haber visto al niño con un adulto en un auto, o creer en su palabra si es el propio menor el que lo relata. "Si aparece con cosas que no son para su nivel, o si se van y no quieren decir a dónde ni con quién. La higiene, si tiene ropa nueva o maneja dinero", son algunas de las señalas que tanto para las familias como para los educadores deben llamar la atención.

En 2015, Gurises Unidos publicó un informe sobre el dimensionamiento a nivel nacional de la explotación sexual. Allí se detallan las características de este delito en Uruguay.

Aunque ya pasaron seis años, Caballero explicó que las características generales se pueden analizar en la actualidad. La mayor cantidad de las situaciones identificadas se dan en las adolescentes de entre 13 y 15 años. A su vez, esta situación se refuerza si están más lejos de la educación, o si no se desarrollan "propuestas atractivas" para que permanezcan en el lugar.

La grieta con la denuncia

Aunque la sociedad detecte las situaciones de explotación, es difícil que se haga la denuncia y uno de los motivos es la naturalización del vínculo entre el adulto y el menor. "Si un adolescente de 15 sale con un hombre de 45, el de 15 es pobre, tiene hambre, está desvinculado del sistema educativo, no tiene un adulto referente, puede ser víctima de violencia doméstica, no va a denunciar. A veces se enamoran de verdad porque puede ser la única persona que les de algo".

Al mismo tiempo, para las personas cercanas puede verse como "algo natural" por lo que "no va a pasar por la cabeza denunciarlo". 

Purtscher afirmó que además de la capacitación en las comunidades y las campañas de sensibilización para trabajar en la prevención, es importante adaptar las respuestas a la "rapidez y velocidad de los nuevos tiempos", ya que con las redes sociales el contacto es diferente y más difícil de detectar.

El Conapees está integrado por más de diez organismos del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la Nación. En diciembre, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, planteó  dudas sobre el manejo de las cifras que se hace el comité. "Como autocrítica al Conapees, no podemos tener diferencias. Los números que hoy maneja Conapees no son los que maneja fiscalía, superan ampliamente a los de fiscalía como casos investigados", apuntó en conferencia de prensa el Día Nacional contra la Explotación Sexual de la niñez y la adolescencia.

Entre enero y el 21 de noviembre de 2020, la fiscalía recibió 82 denuncias de explotación sexual, según Ley 17.815, que incluye delitos de retribución o promesa de retribución a menores a cambio de sexo, fabricación o distribución de pornografía y tráfico de personas. En el mismo período del año anterior, fueron 86 las denuncias, según los datos a los que accedió El Observador mediante un pedido de acceso a la información.

En cuanto a denuncias con al menos un imputado, en 2020 fueron 30 y 13 las personas condenadas.

El noviembre del año pasado, la fiscalía imputó a 17 personas por explotación sexual contra dos adolescentes de 15 y 16 años que viven en un hogar de amparo del INAU en Paysandú.

Dos meses antes, un hombre de 32 años fue a la cárcel por reiterados delitos de atentado violento al pudor, en el marco de una investigación por presunta explotación sexual de una adolescente de 14 años, que se encuentra al amparo del INAU en Cerro Largo.

En ambos casos, como en el de Treinta y Tres, fue la propia institución la que realizó las denuncias. 

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