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Caso Rocío: el homicidio que destapó una red de explotación sexual en Treinta y Tres

El homicidio de la adolescente Rocío Duche se investiga desde 2018 y se suma la trama de explotación sexual que fue detectada por el INAU

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03 de febrero de 2021 a las 11:39

Rocío Duche iba a un cumpleaños de 15 al que nunca llegó. El 7 de julio de 2018 fue asesinada y su cuerpo apareció en una zanja en una calle cerca de su casa en el barrio Abreu de la ciudad de Treinta y Tres.

Su homicidio conmocionó al departamento. Tres días después, vecinos y familiares organizaron una protesta en reclamo de Justicia, consigna que siguen manteniendo dos años y medio después porque la causa penal todavía no determinó quiénes fueron los responsables.

La tía de la adolescente, Mónica Hernández, dijo durante la manifestación que Rocío era "una niña alegre y contenta que no le tenía miedo a nada", y que la noche anterior al homicidio estaba entusiasmada por el cumpleaños al que tenía pensado ir. 

Rocío estaba viviendo en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde un año antes del homicidio a raíz de la sospecha de que la joven era víctima de explotación sexual y requería más protección de la que podía brindarle su familia.

Sin embargo, la adolescente quería volver a su casa e INAU confirmó un arreglo con la familia para que la controlaran y la tuvieran más cerca, y por eso un mes antes del homicidio comenzó a vivir en una situación compartida entre el hogar de la institución y su casa.

En la noche del cumpleaños, había pedido permiso para quedarse con su familia, porque el lugar al que iba quedaba cerca de la vivienda.

A nivel judicial, la investigación avanzó en la toma de declaraciones de varias personas. El caso fue investigado por el fiscal de 1° Turno del departamento, Maximiliano Sosa, que ahora se desempeña como fiscal en Ciudad de la Costa, por lo que el caso sigue en manos de Viviana Maqueira.

Maquiera también es la encargada de investigar una denuncia que presentó el INAU ante la fiscalía sobre situaciones de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas de cerca de 20 niños y adolescentes vinculados a la institución en el departamento. Una de ellas es Rocío, según informó La Diaria, que tuvo acceso al informe.

Según se detalla en la investigación realizada por el INAU, mientras Rocío estaba en la institución “le gustaba estar limpia y arreglada, pero cuando regresaba de las salidas no acordadas siempre volvía con ropa diferente, toda sucia y rota”, y había tenido intentos de suicidio. 

El entonces vicepresidente de INAU Fernando Rodríguez, dijo en una entrevista con FM Conquistador luego del homicidio que en el mes previo a la muerte la adolescente había manifestado que quería volver con su familia, algo que fue evaluado por los técnicos de la institución.

“Para fortalecer la protección de los derechos de ella se comenzó a trabajar para un reintegro a la familia en el momento que se dieran las condiciones”, explicó el jerarca y agregó que “ella estaba en su mejor momento en términos de asumir sus responsabilidades".
Luego, se acordó que volvería a su casa aunque continuaría el monitoreo de la situación.

Después del homicidio se abrió una investigación administrativa que concluyó que hubo responsabilidades en la entrega de la adolescente a su familia de origen sin que estuvieran en condiciones de recibirla, una decisión que de todas formas fue avalada por el equipo técnico de la institución.

El actual vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, confirmó en diciembre del año pasado que la investigación se reabrió -había sido archivada- pero que la recomendación de sumariar a dos funcionarios por su grado de responsabilidad en la decisión no se instruyó.

Velázquez detalló un informe elaborado por un abogado de la institución que señala que la joven ingresó al INAU por disposición judicial tras constatarse luego de informes técnicos que la familia no podía hacerse cargo de ella ni le otorgaban "la mínima protección de sus derechos, y se ponía en riesgo su integridad tanto física como moral". 

Por otra parte, su madre dijo que no podía hacerse cargo de la adolescente porque "temía que en el seno familiar le causaran daños", por lo que finalmente fue trasladada a un hogar de amparo. 

Luego, según el informe jurídico, "contra todo lo informado se llega a un acuerdo entre el INAU y parte de su familia en el que se dice que la joven pasaría de la modalidad de amparo al contexto familiar. Se la entregó a la familia cuando a todas luces surgía que en ese contexto no presentaban condiciones para recibirla".

Vínculos con otra joven

El 13 de diciembre, Milagros Piedra murió luego de realizarse un aborto legal en el Hospital de Treinta y Tres. Este caso se investiga a nivel penal y también en la Administración de Servicios de Salud del Estado.

Milagros también fue señalada como víctima de explotación sexual y es uno de los nombres que integra la investigación que publicó La Diaria, porque también recibía apoyo del INAU.

Además, hay otro punto de contacto entre ambas. Según supo El Observador, las adolescentes se conocían y Milagros había señalado en una publicación en Facebook quiénes podían ser los asesinos de Rocío, algo que fue investigado por la fiscalía.

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