Una publicación de Ceres que analizó los mitos y realidades de la ley de Inclusión Financiera marcó algunos matices en la instrumentación de uno de los buques insignias de la actual administración de gobierno.
Si bien dice que comparte el "espíritu" de la normativa por la "ganancia de eficiencia" y el acceso a un gran número de personas al sistema financiero, "consideramos que algunas de sus consecuencias son inconvenientes y deben ser consideradas. Son ejemplos de esto, las limitaciones directas o indirectas al uso de efectivo por parte de los consumidores y las limitaciones directas o indirectas al cobro en efectivo por parte de los comerciantes", sostiene.
Según Ceres, desde un punto de vista conceptual "creemos que fijadas las reglas e incentivos para promover el uso de medios de pago electrónicos, el consumidor debe ser capaz de decidir la cantidad de efectivo que quiere tener en su poder y cómo distribuir sus pagos entre efectivo y medios electrónicos; y que el comerciante debe ser libre de aceptar los medios de pago que más le convengan y hacer los descuentos que considere necesarios".
"Restringir ciertas opciones puede involuntariamente afectar transacciones fundamentales para el funcionamiento del sistema de pagos de manera adversa e imprevista", advierte.
