Chile necesita acelerar su reforma constitucional

Los manifestantes bloquearon el acceso a los centros que aplican los exámenes de ingreso a las universidades de Chile este mes, y quemaron exámenes para exigir el acceso universal a la educación superior. Los manifestantes interrumpieron una misa el fin de semana en la catedral de Santiago, arrojando cilindros de gas lacrimógeno al pie del altar. La semana pasada, los alborotadores atacaron estaciones de policía en las afueras de la capital, lanzándoles cócteles molotov. El movimiento de protesta de Chile, que comenzó hace ya tres meses, sigue ardiendo.

El presidente Sebastián Piñera ha intentado calmar a los manifestantes, después de una imprudente represión inicial en la que les ordenó a las tropas que salieran a las calles. Pero un paquete de gasto público de US$5,5 mil millones, junto con pensiones más altas, más dinero para la atención sanitaria, una gran reorganización del gabinete y la promesa de una nueva constitución, no han logrado calmar las protestas. El índice de aprobación de Piñera es del 10%.

Los problemas de Chile están muy arraigados. Las reformas de libre mercado de la dictadura de Pinochet en los años setenta y ochenta le valieron a Chile una reputación de la gran historia de éxito económico de América Latina. También enmascararon la creciente desigualdad y una red de seguridad social deficiente mientras le endilgaron al país una constitución diseñada bajo la dictadura militar. El sistema de pensiones privatizado sí ayudó a las finanzas del gobierno. Pero las deficiencias de un sistema que depende totalmente de las contribuciones de los empleados han sido expuestas conforme los trabajadores se acercan a la edad de jubilación con pensiones que se sitúan en el nivel de pobreza.

Las protestas están cobrando un costo económico cada vez mayor. Más de 160.000 chilenos han perdido sus empleos desde mediados de octubre. El banco central cree que la economía de Chile se habrá reducido en un 4.5% para finales del próximo año en comparación con la cifra que habría alcanzado si no hubieran ocurrido las protestas. Las autoridades comparan el impacto con las secuelas de la crisis financiera mundial de 2008.

Al mismo tiempo, los costos están aumentando. El gasto público aumentará al menos un 10% este año para pagar las costosas promesas de Piñera. El déficit presupuestario total puede superar el 4% en 2020, más del doble del nivel planeado originalmente. Hasta ahora, Chile ha disfrutado del raro lujo de los bajos niveles de deuda, pero ahora se espera que los préstamos aumenten a cerca del 40% del producto interno bruto en un plazo de cinco años.

Quizás la reputación de Chile sufrirá el mayor daño. Como le dijo Piñera al Financial Times en una arrogante entrevista días antes de los disturbios, Chile era un "oasis", inmune a las turbulencias que regularmente asediaban a otras economías latinoamericanas. Esa afirmación parecía creíble antes de las protestas; de hecho, era un artículo de fe para muchos inversionistas regionales.

Ahora Chile enfrenta un dañino período de incertidumbre conforme el impopular gobierno de Piñera intenta bajo presión improvisar reformas que difieren de la plataforma pro-empresarial en base a la cual fue elegido. Las violentas protestas continúan asustando a la sociedad. El proceso para redactar una nueva constitución es dolorosamente lento; los miembros de la asamblea constituyente no serán elegidos hasta octubre y luego deliberarán hasta por un año, antes de que se realice un referéndum confirmatorio.

Los optimistas creen que se preservarán los principios que han contribuido al éxito de la economía de Chile: una economía abierta, el respeto a la propiedad privada, un banco central independiente, y una política macroeconómica sólida. Los pesimistas tienen mucha menos confianza. Están aumentando los riesgos de que se aplacen las grandes inversiones.

Chile no puede permitirse una larga espera. Sus políticos deberían reconsiderar el calendario de la asamblea constituyente y proponer la mayor cantidad posible de fechas clave. Cuanto más rápidamente el país pueda cohesionarse en torno a una trayectoria acordada que balancee la necesidad de una sociedad más justa con la capacidad de crear la riqueza necesaria para costearla, mejor será para Chile.