Cobrar al grito: las iniciativas legislativas que buscan el aplauso de la tribuna
El "tema del momento" suele propiciar propuestas que luego se diluyen prontamente
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14 de febrero de 2018 a las 05:00
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Un hecho irrumpe en la agenda informativa; políticos de todos los partidos comentan la noticia; un legislador toma la iniciativa y anuncia que va a presentar un proyecto de ley sobre el tema en cuestión; los políticos discuten en las redes sociales y en los programas radiales, fijan postura y, con el paso de los días, el tema se diluye sin que la propuesta sea, ni siquiera, tratada en el Parlamento. La historia se repite cada vez que una noticia conmociona a la sociedad o genera indignación, y la línea entre las iniciativas oportunas y las oportunistas se vuelve muy difusa.
Algunas veces los anuncios ni siquiera se transforman en proyectos de ley y, en otras ocasiones, es la mayoría oficialista la que tranca el avance de una propuesta opositora.
Muchas veces existe acuerdo o posturas similares entre las partes pero los temas no pasan de declaraciones y no llegan al debate parlamentario. En un breve repaso del último año, El Observador identificó varios proyectos o anuncios realizados "al grito" que, una vez que el tema desapareció de la agenda mediática, quedaron en el olvido.
En los últimos días fue el senador colorado Pedro Bordaberry el que recogió el guante luego de que canal 12 informara acerca de la contratación de familiares por parte del intendente de Artigas, Pablo Caram, y presentó un proyecto de ley para prohibir ese tipo de decisiones en el Estado.
Pero Bordaberry no es el primero, y seguramente no será el último, que aprovecha el tema del momento para presentar un proyecto sobre el asunto. Cuando las noticias son impactantes, las propuestas suelen ser variadas y, en varias ocasiones, radicales. El asesinato de la niña Brissa González derivó en una catarata de propuestas -que iban desde al aumento de penas hasta la castración química- pero ninguna prosperó. La ética de los políticos, que durante 2017 estuvo en la mira, fue otro de los temas que generó variadas iniciativas. Desde la creación de una comisión sobre ética parlamentaria hasta eliminar las tarjetas corporativas, varios políticos aprovecharon el contexto para tratar de arrimar agua a su molino. Todas las iniciativas descansan en el Parlamento.
Familiares en el Estado
La contratación de cinco familiares por parte del intendente de Artigas, Pablo Caram, fue una de las noticias del verano. En los siguientes días surgieron otros casos en otros gobiernos departamentales y fue el senador colorado Pedro Bordaberry el primero en reaccionar. El 9 de febrero presentó un proyecto de ley para prohibir la contratación de familiares en el Estado.
Según el proyecto, quedaría prohibida la contratación de personas "que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja, con jerarcas del Estado", desde el Presidente de la República hasta los suplentes de los ediles departamentales.
Apenas presentada la iniciativa, recibió el respaldo de varios legisladores de la oposición a través de Twitter. En el oficialismo no hay una postura fijada pero la mayoría de los legisladores entiende que el proyecto es exagerado e incluso aprovecharon la oportunidad para reflotar un proyecto presentado en 2008 que establecía que las contrataciones de las intendencias fueran obligatoriamente por concurso. Para aprobar un proyecto que regule las contrataciones en el Estado son necesarios dos tercios de los votos de ambas cámaras.
Los viajes y los viáticos de los legisladores
Los viajes y los viáticos de los parlamentarios es uno de los temas que año tras año aparece entre las noticias. Y la indignación que el abuso de ese dinero provoca en alguna gente, a veces se transforma en iniciativas parlamentarias. En julio del 2017, luego de que se conociera que el Poder Legislativo había destinado en dos años y medio US$ 526.000 para el pago de viáticos a legisladores y solo fueron devueltos US$ 46.000, el Movimiento de Participación Popular (MPP) junto con el diputado comunista, Gerardo Núñez, presentaron un proyecto para descontar del salario los viáticos que no se devolvían ni se justificaban.
La normativa vigente es la misma para Diputados como para Senadores y no obliga a los legisladores a presentar boletas de los gastos realizados fuera de fronteras. Al regresar de los viajes, cada uno de los que recibe esa partida, entrega una nota sumarial al Parlamento sin especificar en qué gastó. Devolver dinero es entonces una cuestión voluntaria para los legisladores.
A pesar de que el Frente Amplio tiene los votos necesarios para aprobar este proyecto y que varios legisladores de la oposición, como el diputado colorado Tabaré Viera y el blanco Gerardo Amarilla se mostraron proclives a acompañarlo, la iniciativa nunca tuvo tratamiento parlamentario.
El que sí tomó medidas en ese sentido fue el presidente Tabaré Vázquez que en octubre aprobó un decreto que establece que los integrantes del Poder Ejecutivo que viajen en misiones oficiales deben rendir cuentas y devolver los viáticos que no hayan gastado. La medida abarca a todo el Poder Ejecutivo y, en aquel entonces, Vázquez exhortó a las empresas públicas a tomar medidas en el mismo sentido.
Delitos sexuales
A fines de noviembre, el abuso y asesinato de la niña Brissa González ganó la agenda informativa y varios legisladores reaccionaron rapidamente. Cuando apenas habían pasado unas pocas horas, el senador blanco Jorge Larrañaga propuso debatir la cadena perpetua para este tipo de delitos. "Este tipo de sujetos (por el asesino) no debieran estar en la sociedad. Hay que aplicar sanciones gravísimas con mano muy dura. Se debe discutir la cadena perpetua para estos casos", dijo en el programa Todo Pasa de Océano FM.
En el mismo sentido se expresó su correligionario, Luis Lacalle Pou, quien reflotó una propuesta suya, presentada por primera vez en 2008, para crear un registro de violadores y acosadores sexuales. Incluso, esa iniciativa tuvo el respaldo del presidente Tabaré Vázquez quien aseguró que había que "instrumentarla y trabajar al respecto". También desde filas blancas, la senadora Verónica Alonso pidió discutir la castración química. "Debemos tomar medidas inmediatas para evitar que haya una sola víctima más", declaró la legisladora en aquel entonces.
A mediados de abril, el asesinato del niño Felipe Romero en Maldonado generó reacciones similares. Entonces, el diputado del Partido de la Gente Guillermo Facello presentó un proyecto para considerar como "agravante" de homicidio que la víctima sea menor de 13 años. Más atrás en el tiempo, la diputada colorada Cecilia Eguiluz había presentado otro proyecto referido a delitos sexuales. Fue en agosto de 2016, días después de que se diera a conocer que un fiscal de Rivera había archivado un caso de incesto porque no provocó un "escándalo público". El proyecto de ley de Eguiluz, proponía quitar el "escándalo público" de las condiciones para la configuración del incesto. Ninguna iniciativa prosperó.
Los políticos y la ética
La ética en la política fue uno de los temas del 2017 y, por supuesto, hubo varias iniciativas que no prosperaron, para legislar al respecto. El caso del exvicepresidente Raúl Sendic que renunció luego de un demoledor fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por el uso que hizo de las tarjetas corporativas de Ancap, y el del intendente de Soriano, Agustín Bascou, acusado de obtener beneficios económicos al comprar combustible para la intendencia en estaciones de servicio de su propiedad, marcaron la agenda informativa durante varios meses.
Uno de los primeros en recoger el guante fue el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien, tras el caso Sendic, propuso eliminar las tarjetas corporativas de las empresas públicas.
En tanto, el diputado blanco Rodrigo Goñi fue más allá y propuso crear una comisión de ética parlamentaria. La propuesta, que por estos días volvió a estar en la agenda informativa, fue presentada en noviembre del año pasado pero en aquel entonces los propios dirigentes blancos le dijeron que no era el momento para impulsar esa iniciativa.
El subsidio para el exvicepresidenteSendic también estuvo bajo la lupa durante buena parte del 2017. La discusión de si le correspondía cobrarlo al presentar la renuncia o al final del período derivó en propuestas para modificar este beneficio que tienen los legisladores.
El Partido de la Gente propuso reducirlo a seis meses y al 60% del salario –actualmente es por un año y por el salario total- e incluso fue más allá: en el mismo proyecto pretendía eliminar las partidas de prensa que reciben los legisladores y reducir los cargos de confianza. La iniciativa nunca se trató en el Parlamento.
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