Cómo es una cárcel de máxima seguridad y qué desafíos se enfrentó un experimento fallido

Una cárcel con esas características, diseñadas para albergar a los delincuentes más peligrosos –asesinos, secuestradores, narcotraficantes–, y que es común ver en el cine de Hollywood, es lo que el gobierno pretende instalar en Uruguay. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció este martes en el Parlamento que se incluirá en la ley de Presupuesto una inversión a cargo del Estado para construir una prisión de máxima seguridad para no más de 300 presos. Se trata de una propuesta contemplada en el documento Compromiso por el país que en noviembre del año pasado habían firmado el entonces candidato a presidente, Luis Lacalle Pou, y todos los líderes de la coalición. 

"Vamos a construir una cárcel de alta seguridad, para no más de 300 personas, para criminales altamente peligrosos y narcotraficantes, para separarlos del resto porque, si no, se transforman en profesores excepcionales de una universidad del delito interminable", dijo Larrañaga durante su comparecencia en la la primera sesión de la comisión especial de la Cámara de Diputados que discute el proyecto de ley de urgente consideración.

En esa sesión también estuvo Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, quien se refirió a la "doble necesidad" de llevar adelante ese proyecto. "Por un lado, se trata de ampliar las plazas, pero como bien se ha dicho, una cárcel de seguridad, por definición, no puede ser una cárcel masiva; ninguna cárcel podría serlo, mucho menos una de seguridad", advirtió el jerarca del gobierno y excomisionado parlamentario para el sistema carcelario entre 2005 y 2014.

"Entonces, si bien una cárcel de seguridad va a aumentar la capacidad en materia de plazas, no va a ser este el mayor aporte al sistema carcelario, sino que Uruguay va a tener finalmente, y en forma necesaria, una cárcel con niveles de seguridad acorde a los estándares internacionales", agregó.

Según explicó a El Observador Diego Sanjurjo, asesor en seguridad del Partido Colorado, las cárceles de seguridad media o baja se enfocan en la convivencia, en brindar educación y oportunidades de trabajo, pero las de máxima seguridad se centralizan en "el control" y la restricción de actividades. "Se prioriza la seguridad entendida como el control: que nadie pueda escaparse, que sean pocos los presos, y que el movimiento que tengan los reclusos sea lo más restringido posible; y eso se logra teniendo menos actividades sociales", sostuvo el especialista.

Durante su exposición en la comisión parlamentaria, Garcé recordó que la carencia de una cárcel de este tipo fue advertida en 2009 por el entonces relator contra la Tortura de las Naciones Unidas, Manfred Nowark, en una visita que hizo a Uruguay en ese año. "Cuando concurrió al penal de Libertad preguntó: '¿Esto ustedes lo consideran una cárcel de alta seguridad?' La respuesta en aquel momento fue: 'No es una cárcel de seguridad. Es la cárcel más cerrada que tiene el sistema', que no es lo mismo", contó Garcé, según consta en la versión taquigráfica.

El intento fallido

Siete años después de esa advertencia, el Ministerio del Interior, entonces encabezado por Eduardo Bonomi, llevó a la práctica un primer plan de reclusión de máxima seguridad que a la postre no fue exitoso. El proyecto se implementó en el Módulo 12 de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), en febrero 2016, con la finalidad de someter a un régimen de aislamiento a delincuentes considerados peligrosos, en principio acusados o condenados por casos de secuestros.

Según contaron a El Observador fuentes de la cartera de seguridad, ese sector, que estuvo conformado por 48 celdas individuales de hormigón separadas por cuatro áreas, contaba con elementos de una cárcel de seguridad máxima: tenía cámaras de video vigilancia en toda el área –salvo en las celdas, como sí hay en cárceles de Estados Unidos–, las visitas tenían que conformarse con verles las caras a los presos a través de un vidrio reforzado y escuchar su voz por teléfono, y los internos debían cumplir con estrictas reglas: ninguno podía tener celular, ni radio, y vivían bajo un régimen de aislamiento casi absoluto. "Estaban las 24 mirando el techo", señaló una fuente que en ese período tenía un cargo de responsabilidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Pero rápidamente los autoridades del INR sufrieron varios dolores de cabeza. Las fuentes contaron que no se previó, por ejemplo, el requerimiento de que los policías a cargo de ese sector estuvieran especializados en tratar con delincuentes pesados, ni que además debían tener alguna compensación salarial, por lo que ocurrieron casos de corrupción. Se detectó que parte del personal resultó "contaminado por las prácticas carcelarias" –de acuerdo a uno de los consultados–, y que cedían a las presiones o los reclamos de los reclusos. Además, hubo varios psicólogos que integraban el equipo técnico que renunciaron por amenazas de muerte.

El módulo finalmente fue clausurado a mediados de 2018, luego de que el 29 de junio de ese año se registrara un histórico motín en el que participaron 134 reclusos y donde tres policías fueron tomados de rehenes. Una informe posterior de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo determinó que este "experimento penitenciario” se llevó a cabo “en forma arbitraria, sin ley y sin juez”, y no respetó ni siquiera las supuestas premisas que lo guiaban.

La experiencia también demostró que para un centro de reclusión de máxima seguridad funcione deben cumplirse al menos tres premisas "fundamentales", agregaron las fuentes de la cartera. "Infraestructura con buenos materiales y cámaras de monitoreo las 24 horas, trabajar con personal formado, especializado y diferenciado del resto, e involucrar a equipos de psicólogos que puedan acompañar las actividades recreativas y pedagógicas de los presos".