El Salvador abrió un penal para encerrar a 40.000 de los 62.000 presos por “estado de excepción”

En marzo de 2022, lanzó una “guerra” contra las pandillas, que permitía encarcelar sin necesidad de proceso judicial y hasta sin un abogado defensor del detenido. Este martes, Bukele presentó una cárcel donde podrán alojar a 40.000 presuntos pandilleros.

La megacárcel fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, la capital del país. El predio tiene 166 hectáreas con 10 pabellones gigantes en 23 hectáreas construidas, según dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en una transmisión en cadena nacional por radio y televisión.

Allí se podía ver al propio Bukele en un video realizando un recorrido por la nueva penitenciaría, según informó el diario El Salvador. Acompañaba al presidente, el director de Centros Penales, Osiris Luna, quien fue incluido en la lista Engel de los Estados Unidos por “haber incurrido en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato”, citó el mencionado periódico.

La cárcel tendrá lugar para alojar a 40.000 de los más de 62.000 detenidos bajo el “estado de excepción” vigente desde marzo del 2022. Estos presos, muchos de ellos asociados a las pandillas por usar tatuajes o frecuentar lugares donde habitan las maras, se suman a los casi 40.000 ya existentes.

El Salvador tiene la tasa de población penitenciaria más alta del planeta. Mientras los Estados Unidos tenía 655 detenidos cada 100.000 habitantes en 2018, El Salvador tenía 614. Las cifras cambiaron radicalmente: los Estados Unidos redujo a 505 detenidos cada 100.000 habitantes mientras que El Salvador quedó en 605.

La información al respecto está disponible en el World Prison Brief (Informe Mundial de Cárceles) del Institut for Crime & Justice Policy Research (Instituto de Investigación de Políticas sobre Crimen y Justicia), con sede en Londres.

Estos indicadores son el resultado de que mientras los Estados Unidos tiene una política para reducir la población penitenciaria, Bukele con su “estado de excepción” la aumenta. En un reciente tuit, el presidente dijo que “El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de América. ¿Cómo lo logramos? Metiendo a los criminales en la cárcel”.

El propio gobierno, en una página oficial, hizo una metáfora asociada al fútbol: la cárcel “es equivalente a casi siete veces el tamaño del Estado de Cuscatlán”, el más grande del país.

Pese al estado de excepción, las voces disidentes continúan. Según el padre Vicente Chopin, de la diócesis de San Vicente, donde está el penal, en declaraciones a El Diario de Hoy dijo que “las personas y las instituciones construyen una obra en proporción a cómo se comprenden a sí mismas, y por consiguiente, hacer una megacárcel dice mucho del cómo se entiende el ejercicio del poder político en un país”.

Chopin destacó que de la mayoría de las 40.000 personas que llegarán a este megapenal “son jóvenes y el encarcelarlas no significa que se ganó la batalla contra el crimen, sino que están reconociendo que perdieron esa batalla”. Y agregó el sacerdote: “Si surgen otros 40.000 delincuentes, ¿qué se les va a ocurrir a las autoridades? ¿Van a hacer otra cárcel?”.

Un tuit de la salvadoreña Ángela Cárcamo es muy elocuente: “En 2019, Bukele cerró una cárcel en Chalatenango y prometió construir una universidad. En 2023 no construyó una universidad, pero sí una cárcel”.

Un artículo de la cadena británica BBC destaca que “se desconoce el costo de la obra, las condiciones en que permanecerán los reclusos, y cuándo se realizará el primer traslado de presos”.

La organización Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos, HRW) denunció hace unos días la existencia de un "grave hacinamiento carcelario" en las prisiones, como resultado de la detención de sospechosos. También criticó que entre los miles de personas detenidas sin un debido proceso, hay cientos de niños recluidos en las cárceles, citando datos gubernamentales filtrados y cotejados con organizaciones defensoras de los derechos humanos de El Salvador.

Según la organización, cerca de 1.000 niños, en su mayoría varones, fueron enviados a prisión preventiva desde el pasado agosto. Esto es posible por una ley que redujo la edad de responsabilidad penal en delitos relacionados con pandillas de 16 a tan sólo 12 años, dice el informe de HRW.

Además, el organismo denunció que decenas de personas murieron en custodia, principalmente en los penales de Izalco y La Esperanza, los cuales tenían respectivamente tres y cuatro veces más prisioneros de los que podían albergar.

El régimen de excepción vigente desde hace 10 meses suspende el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, además extiende el plazo de detención preventiva hasta los 15 días, cuando normalmente es de tres días.