Diego Vila

Cómo serán las capacitaciones que dará Cabildo Abierto a sus legisladores

El encargado de los cursos será Eduardo Lust, quien tiene previsto invitar a sus compañeros de la Cátedra de Derecho Constitucional

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20 de noviembre de 2019 a las 08:33

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Cuando asuma como senador, Guido Manini Ríos quiere "evitar votar mamarrachos", por lo que Cabildo Abierto tiene previsto que los legisladores del partido reciban capacitaciones sobre el funcionamiento del Parlamento. 

Esos cursos comenzarán en diciembre y estarán a cargo del diputado electo Eduardo Lust, según supo El Observador. El profesor grado cuatro contó que, en principio, tiene previsto instruir a sus compañeros de bancada sobre cinco temas: la estructura del Poder Legislativo, su función, los reglamentos por los que se rigen ambas cámaras, técnicas argumentativas y redacción de proyectos de ley. 

Hay detalles que todavía no están definidos –como decidir cuántas clases se impartirán y si los cursos serán presenciales o a distancia– y que dependen de la aprobación de Manini Ríos, que por estos días está sumido en una gira por el interior del país para agradecer a los militantes y hacer campaña por Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional.

Lust, sin embargo, manifestó su intención de invitar a participar a los catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a dar clase junto a él. "Como soy docente de la facultad y tengo amistad, mi idea es invitar a todos los de la cátedra constitucional para que enseñen conmigo y me ayuden a implementar los cursos. Todavía no se lo propuse a ninguno, por eso no puedo dar nombres, aunque tengo varios en mente", señaló. 

Ninguno de los legisladores electos de Cabildo Abierto tiene experiencia parlamentaria. Esto llevó a que algunos de ellos comenzaran a asesorarse con los actuales diputados y senadores, con amigos y conocidos, e incluso con expertos en derecho constitucional. Si bien Cabildo Abierto como partido ha adelantado cuáles serán sus prioridades –mejorar el acceso al sistema de salud y combatir la inseguridad y la corrupción, por ejemplo– los diputados tienen sus propias agendas, en función de las necesidades de sus departamentos, que intentarán concretar en el Parlamento. 

Impulsar políticas sociales para las zonas más pobres de Montevideo será la prioridad de Elsa Capillera. "Quiero ver cómo se pueden llevar a cabo, cómo se deben armar para que todo sea legal y limpio, que no haya nada que manche. Uno tiene muchas ideas pero no sabe si las puede llevar adelante o no, ese tipo de cosas estoy consultando", precisó la diputada electa a El Observador

Leonardo Carreño

Capillera, exconcejala blanca del municipio D, quien durante años militó para la lista 40 del senador Javier García en Casavalle, señaló los barrios de la capital que a su entender deberán ser priorizados: Cerro, La Boyada, Villa Sarandí, Manga y Casavalle. "Hay que arrancar por ese lado, pero también hay gente en las calles de Pocitos y Punta Carretas. Eso es un problema y hay que diseñar políticas sociales", acotó. 

Hasta que los cursos del partido no empiecen, Capillera zanja sus dudas con abogados que conoció cuando militaba para el Partido Nacional. Incluso Rodrigo Goñi, el diputado blanco reelecto, se puso a su disposición. "Ayer estuvimos en un acto, por ejemplo, y me dijo que cuando necesitara algo le tocara la puerta. Hablamos cosas a la ligera, así como con el resto de los legisladores de la coalición, con quienes nos estamos conociendo", afirmó. 

Para otros, la principal fuente de aprendizaje ha sido la Constitución y lo que la academia ha escrito sobre ella. Sebastián Cal, diputado electo de Cabildo Abierto por Maldonado, dijo que no ha "perdido el tiempo y desde el día cero" le ha "pegado una ojeada" a la carta magna y a manuales escritos por abogados constitucionalistas. 

Además, Cal contactó a algunos de los actuales legisladores de su departamento para profundizar en las necesidades locales. Según contó, quienes intercambiaron con él fueron Andrés Carrasco (Partido Independiente), Germán Cardoso (Partido Colorado) y Elisabeth Arrieta (Partido Nacional). 

El tornero de 29 años visualiza a la ciudad de Maldonado como un centro universitario en el futuro, lo que además de "dar vida" al departamento, según dijo, impactará favorablemente en su economía. "Solo basta con pasar de noche por la avenida Roosevelt (en Punta del Este) y ver el gran movimiento que generó el Claeh, que es una universidad relativamente chica", argumentó. 

Para concretar esta idea, Cal pretende trabajar en un proyecto de ley que "promueva las ciudades universitarias" a partir de la exoneración de todos los impuestos a las universidades privadas que den becas a sus estudiantes. Según dijo, en los últimos meses ha conversado con "empresarios internacionales que son propietarios de universidades en otros países", aunque no quiso decir sus nombres.

Por otra parte, aseguró que también buscará formas de avanzar en la descentralización de la educación pública, y planteará estas ideas en el curso que Lust dará. 

El abogado constitucionalista, representante electo de Montevideo, señaló que en el Parlamento hará énfasis en "ajustar la administración a la Constitución". Lust entiende que desde la década de 1990 los sucesivos gobiernos se han ido apartando de lo que establece la carta magna para cambiar la forma de gobierno. "La Constitución no prevé un sistema presidencialista y Uruguay ha ido cambiando a un presidencialismo a través de leyes, cuando en realidad eso es algo que se debería haber hecho a través de una reforma constitucional", sostuvo. 

Leonardo Carreño

El legislador electo de Cabildo Abierto planteó que Presidencia de la República tiene cerca de 20 secretarías no previstas en la Constitución. Por eso, cuando llegue al Parlamento, buscará la forma de sacarlas de la órbita de Presidencia y trasladarlas a otros organismos del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, Lust apuntó contra las más de 120 sociedades anónimas estatales que existen, ya que si bien desarrollan una actividad pública con fondos públicos, se rigen por el derecho privado, y eso supone que no puedan ser controladas por el Tribunal de Cuentas. 

"Esas sociedades han llevado al desfinanciamiento del Estado. Hablan del déficit fiscal y todos se preguntan qué hacer, como si fuera algo imposible de solucionar. Ancap tiene 20 sociedades anónimas, Antel tiene sociedades anónimas hasta en Estados Unidos", planteó.

"Me sorprende que la dirigencia política hable de ese tema y no sepa cómo hacer. Es sencilla la solución: no meter dinero público en empresas con estructuras privadas que escapen al control del Estado", señaló. 

Eliminar las sociedades anónimas no es una opción que Lust considere. Sin embargo, se propone crear una ley de un artículo que diga que las sociedades anónimas del Estado estarán sujetas al control del Tribunal de Cuentas.

Además, dijo que el próximo gobierno podría considerar "reglamentar por ley que en determinadas circunstancias, no siempre, los gastos observados" por el Tribunal de Cuentas "queden sin efecto de inmediato". 

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