Con oficialismo pidiendo “romper la chanchita” y mayor incertidumbre económica, Lacalle Pou presentará las “bases” de la Rendición de Cuentas

La reunión será a las cinco de la tarde en la Torre Ejecutiva, y si bien la convocatoria a los ministros no incluyó el tema, desde Presidencia dijeron que el objetivo será una presentación de las “bases” de la Rendición de Cuentas, que deberá entrar al Parlamento antes que termine junio y será la última en la que la administración de Lacalle Pou podrá incrementar el gasto.

Aunque falta poco más de un mes, los ministerios ya están trabajando en las propuestas que realizarán dado que algunas no suponen gastos y son reasignaciones.

La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) aspira a incluir en el proyecto la reforma de la carrera de los funcionarios públicos mientras que también se discutirá la posibilidad de flexibilizar el dinero que invierten las AFAP’s en el exterior.

Varios ministros consultados por El Observador señalaron que esperan escuchar los lineamientos del presidente para avanzar en los pedidos, sabiendo también que hay algunos gastos que ya fueron asignados y comenzarán a regir el año que viene.

El proyecto incluirá la rebaja en el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) acordada por Lacalle Pou con el Partido Colorado durante la discusión de la reforma jubilatoria, algo que implica una reducción de un 7,2% en la recaudación (US$ 23,5 millones) de la DGI por este impuesto para 2024, cifra que se eleva a US$ 47 millones en 2025.

A su vez, la Rendición de Cuentas votada el año pasado incrementó en US$ 319 millones el gasto para este año y US$ 337 millones para 2024. 

El grueso –US$ 141 millones– se destinarán a salarios del sector público, tras el acuerdo alcanzado con COFE. Habrá US$ 55 millones que irán a educación, US$ 36 millones a políticas de salud y US$ 22 millones a seguridad. También se destinarán US$ 14 millones a innovación, US$ 12 millones a la nueva agencia de cine y US$ 4 millones a políticas de vivienda mientras que los US$ 43 millones restantes se distribuyen en diversas políticas. 

Más allá de este aumento ya votado, el presidente anunció en marzo que la “proa” del gobierno rumbo a la Rendición de Cuentas estará puesta en salud mental y adicciones, dos temas que “ya eran importantes” pero se “agravaron después de la pandemia”. “Es el gran desafío que tenemos por delante", dijo en un almuerzo organizado por ADM.

El Poder Ejecutivo también debe definir si toma en cuenta los planteos de los organismos descentralizados. La Universidad de la República (Udelar) pidió un incremento de más de US$ 113 millones mientras que la Fiscalía solicitó US$ 15 millones extra.

Desde Cabildo Abierto dijeron a El Observador que impulsarán la asignación de recursos para mejorar salarios de maestros y profesores, mientras que el líder Ciudadanos del Partido Colorado, Adrián Peña, piensa que la crisis hídrica evidencia la necesidad de “fortalecer” Dinagua y Dinacea que funcionan en el Ministerio de Ambiente.

Mientras tanto, desde el Partido Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, visualiza la instancia como una oportunidad para “romper la chanchita” y que se puedan plasmar las “transformaciones” prometidas en campaña electoral.

Pero esta línea no reúne unanimidades, ya que el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, es partidario de enviar –como hizo en su segundo gobierno– un proyecto de un solo artículo con “gasto cero” debido a la situación actual.

Enlentecimiento económico

Sucede que la discusión del proyecto se producirá en un contexto de enlentecimiento económico con algunos indicadores a la baja e incertidumbre a mediano plazo por los efectos de la sequía.

A su vez, la diferencia cambiaria con Argentina está provocando una merma en los ingresos por impuestos, a los que se sumará la rebaja del IRPF y el IASS ya implementada. La DGI informó recientemente que en los primeros tres meses del año la recaudación neta descendió 1,8% en la comparación interanual. 

A principios de año, el MEF recortó las estimaciones de crecimiento para este año, pasando de 3% a 2% por la sequía y un descenso en las exportaciones. A su vez, prevé que la actividad crezca 2,8% en 2024, aunque la cifra será actualizada cuando ingrese el proyecto al Parlamento. 

Por otra parte, el déficit fiscal ha venido bajando desde el pico de 5,9% del PBI en 2020 pero viene subiendo desde setiembre (cuando se ubicó en 2,6%). En marzo, el último dato disponible, se ubicó en 3,6% y las expectativas apuntan a que cierre 2024 en 2,8%. 

Miradas externas 

La situación fiscal viene siendo seguida con atención por los agentes económicos que operan en el país. La semana pasada, tras realizar su revisión anual, los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatizaron que “continuar con el fuerte cumplimiento de la regla fiscal vigente es la prioridad en la coyuntura actual”.

“Los directores acordaron que un impulso fiscal modesto es apropiado en 2023 y aconsejaron medidas para poner la deuda en una senda descendente una vez que el efecto de la sequía disminuya”, señaló el organismo en un comunicado.

A su vez, la semana pasada, la calificadora Moody's mejoró la perspectiva de la deuda pública de Uruguay a "positiva" desde "estable" y confirmó la nota en "Baa2", un escalón por encima del umbral de grado inversor.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la decisión estuvo basada en las perspectivas de un sólido crecimiento económico, la política fiscal y el cumplimiento de la regla que apuntalará a una reducción de la carga de la deuda pública.

En abril de este año, Standard & Poor´s había subido la nota a “BBB+” destacando el manejo fiscal del gobierno, y que la reforma de la seguridad social "debería contribuir" a estabilizar las finanzas públicas en los próximos años.