Control obrero: una prueba de fuego para el gobierno ante la inversión de UPM

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, destacó en conferencia de prensa el carácter novedoso de la medida y al detallar todas las gestiones que había hecho durante este jueves expuso la importancia para el Poder Ejecutivo de resolver sin mayores inconvenientes esta ocupación ilegítima. Es que más allá del caso puntual de Montevideo Gas, en el gobierno sabían que cada una de las acciones que estaban ocurriendo eran observadas con lupa a miles de kilómetros, en Helsinki, donde UPM tiene su sede central.

La instalación de la segunda planta de celulosa por parte de la empresa finlandesa ha pasado a ser una de las máximas prioridades para el gobierno que espera que la empresa confirme la inversión que será la más importante del país. Y esa respuesta está cerca: la empresa anunció que la dará en la segunda quincena de junio. Los ejecutivos de la empresa le transmitieron al gobierno que quieren evitar que la noticia caiga dentro del “ciclo electoral firme”, es decir después de las elecciones internas que se realizarán el 30 de junio.

A principios de febrero, cuando el CEO de la empresa Jussi Pesonen estuvo en Uruguay y se reunió con Vázquez en el piso 11 de la Torre Ejecutiva dijo que quedaban “muchas tareas por hacer”, un mensaje distinto a la “confianza” y el “optimismo” que expresaron altas fuentes de gobierno a El Observador.

Pero para que la inversión se concrete, el Poder Ejecutivo y UPM deben alcanzar un acuerdo en materia de relaciones laborales. En el contrato firmado en 2017 la empresa estableció que su principal preocupación –y que podría hacerla desistir de la inversión– es que Uruguay tenga un mecanismo de solución de conflictos que prohíba las ocupaciones.

Actualmente está vigente un decreto del año 2006 que regula el derecho a huelga y permite las ocupaciones, siempre y cuando sean pacíficas.

Por esta razón, lo que ocurriera en la tarde del jueves en la sede de Montevideo Gas, podría tener repercusiones en la decisión final de la inversión de los finlandeses.

El Poder Ejecutivo se encuentra estudiando la manera en que cumplirá este pedido, que significará una modificación en las relaciones laborales, que viene siendo pedida hace años por la clase empresarial, y que es rechazada por los sindicatos.

El director de la OPP, Álvaro García, adelantó meses atrás en radio Sarandí que se haría mediante ley, decreto o negociación colectiva. A mediados de marzo, el gobierno envió una propuesta a UPM, cuya respuesta se espera para los próximos días. Este miércoles, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo en radio Carve que "en 15 días –aproximadamente– habrá novedades respecto al acuerdo laboral" y que ellas traerán "buenas noticias para el Uruguay".

Según supo El Observador en base a fuentes políticas, la propuesta está enmarcada en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que aspiran a que la empresa transmita una respuesta favorable.

Cuando a fines de marzo el sindicato de Montevideo Gas anunció su decisión de tomar el control de la empresa, el Poder Ejecutivo resolvió "inmediatamente" rechazarlo, señalando que se estaba incumpliendo con el artículo 4 del decreto que regula el derecho a huelga. El artículo señala que los trabajadores no podrán “asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país”.

Pero además de observar la salida pacífica, en el gobierno también entienden que se produjo un hito nuevo al haber actuado la Justicia. El juez civil que hizo lugar al recurso de amparo presentado por Montevideo Gas consideró “ilegítimo” el control obrero. Este jueves, Murro subrayó la importancia para el Poder Ejecutivo de que existiera una sentencia judicial que estuviera por encima de las resoluciones que podía tomar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Ante una sentencia judicial prima la sentencia y no lo que existía antes de la instancia que eran las potestades que hubiera tenido el MTSS de solicitar el desalojo”, sentenció.