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Una mañana en una ocupación con control obrero como no se recuerda en la historia

Los trabajadores llevaron adelante una medida extrema horas después del fallo judicial que les prohibió obstaculizar el ingreso a la planta

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25 de abril de 2019 a las 16:21

Había 12 sindicalistas en la puerta bloqueando el ingreso con sus siete termos –algunos bajo el brazo y otros apoyados en el muro– cuando llegó el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre las ocho y media de la mañana. Los trabajadores estaban ejecutando una decisión que, según varios allegados al movimiento sindical, no tiene antecedentes cercanos en el tiempo: ocupar una empresa y tomar el control como medida de lucha.

Desde hacía dos horas, en esa planta de MontevideoGas –en General Flores casi Propios– y en las oficinas de la Plaza Independencia, el sindicato de la empresa llevaba adelante una forma de protesta que este miércoles había sido catalogada de ilegítima por el fallo del juez civil Hugo Rundie quien hizo lugar al recurso de amparo que Montevideo Gas presentó semanas atrás ante el anuncio del gremio. El magistrado apoyado en el decreto 165/006 que rige el derecho de huelga, definió que lo que la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) pretendía llevar a cabo iba a violentar "los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente (en especial la propiedad), que solamente pueden encontrar su límite en una ley basada en el interés general”, y que por lo tanto debían "abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”.

Con el incumplimiento de esa sentencia, los trabajadores cometieron desacato y por eso la dirección de MontevideoGas presentó esta mañana la denuncia penal para que la Justicia enviara a la policía para sacarlos de la planta.

Sin embargo, horas antes, durante los seis minutos de discurso que Abdala dedicó a los empleados afiliados al sindicato que lo rodearon en semicírculo para recibir su arenga, no hizo mención a esa posibilidad ni quiso expresar luego su opinión sobre cuál sería la posición de la central obrera cuando se concretara la intervención policial para interrumpir una medida de protesta. El presidente de la central, Fernando Pereira, había dicho más temprano que la respuesta judicial constituía una "lógica perversa" y que en algún momento el PIT-CNT iba "a conversar con la Justicia".

Pero ante la consulta de El Observador, Abdala respondió distinto: "No entendés cómo funciona el PIT-CNT: nosotros no nos involucramos en las decisiones tácticas de un sindicato", dijo. Minutos antes de esa respuesta, les recordó a los trabajadores que la lucha era también por la salud de un "servicio público" y por "tratar de reflotar de vuelta un parque de usuarios que permita una escala superior de trabajo". Los sindicalistas calculan que desde que la concesionaria Petrobras asumió la gestión de la compañía en 2005, se perdieron cerca de 7.000 usuarios en Montevideo.

En las riendas

Un gerente y dos jefes que habían llegado a primera hora de la mañana a trabajar no pudieron ingresar, porque el control obrero implica que el sindicato se haga cargo de las decisiones operativas del establecimiento laboral.

"Estamos todos trabajando y cumpliendo nuestras taras administrativas. Yo, por ejemplo, ahora paré porque estoy atendiendo a la prensa", dijo el dirigente Alejandro Acosta.

Pero más tarde, según reconoció a El Observador Wilson Araújo, tesorero de Uaoegas, los funcionarios, los que no estaban a la entrada dialogando con la prensa o recibiendo las distintas visitas sino en el interior las oficinas, no trabajaban como en un día cualquiera. "Estamos ocupando bajo control obrero, pero sabiendo que nos van a sacar de un momento a otros. Los que están adentro están trabajando, pero más bien dilucidando a ver cómo termina todo esto. Lo que sí tenemos es guardia gremial", sostuvo.

Martín Guerra, presidente del sindicato, le explicó lo mismo al comisario Miraballe durante la segunda visita protocolar que hizo la policía en la mañana como cada vez que observa que hay una manifestación o concentración de personas. El oficial le preguntó por los detalles de la medida gremial al dirigente y Guerra le explicó que se trataba "de una ocupación bastante particular  porque es una ocupación con control obrero. La idea es estar trabajando en la empresa, pero no con normalidad por todo lo que se está dando, obviamente".

 

No negocian nada

A media mañana, tal como lo habían anunciado, llegó el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Luis Puig, y el representante comunista Gerardo Núñez, para proponer una simple plataforma que acercara a las partes y solucionar el conflicto, pero fracasó en menos de cinco minutos. Se reunieron con los sindicalistas para plantearle, allí en la puerta del establecimiento, que si ellos se comprometían a levantar la medida les pedirían a los empresarios que retomen a los 20 trabajadores que están en seguro de paro actualmente y que dejaran sin efecto el anunció de despedir en forma a directa a otros 30 empleados.

Los movilizados estuvieron de acuerdo y Puig tomó su celular para llamar a Carlos Bellomo, gerente general de MontevideoGas, y preguntarle si la compañía aceptaba el trato. La llamada duró menos de tres minutos. "No quieren negociar nada", le dijo a Núñez al cortar, y todo quedó en la nada.

Puig primero dio una breve conferencia de prensa para transmitir la noticia, en la que opinó que "una actitud de tanta intransigencia no le hace bien a esta situación”, y que no consideraba "entendible" la decisión de la Justicia de amparar a la empresa con la consecuencia del desalojo para los trabajadores, algo que finalmente ocurrió luego de las cuatro de la tarde.

Uaoegas, de todos modos, ya tiene definido los pasos siguientes. Acosta les pidió a Puig y Núñez que le transmitan al Poder Ejecutivo –especialmente al ministro de Industria, Guillermo Moncecci– que "solucionen esta situación", y que la forma de hacerlo era que una firma que no sea Petrobras asuma la gestión de la empresa: el sindicato entiende que la firma brasileña solo ha "deteriorado" el servicio y que como sus propias intenciones son, además, desentenderse del negocio, han descuidado las finanzas de MontevideoGas.

Y en cuanto al futuro de la medida de fuerza, ya habían anunciado también que luego de ser desalojados iniciarán una huelga de hambre en la Peatonal Sarandí, donde está el Ministerio de Industria. Por lo pronto, al mediodía no había novedades sobre la presencia policial y los sindicalistas encargaron su almuerzo, que trajo un repartidor a las 12.45: 14 pizzetas con moozarella.

Historia

Araújo hace 33 años que trabaja en MontevideoGas y este es el conflicto más importante que llevó adelante su sindicato, dijo a El Observador. Recuerda uno, no obstante, que tuvo grandes dimensiones. En 1995, cuando la concesión pertenecía a la multinacional Gaz de France, fueron echados 10 trabajadores, entre los que estaban todos los dirigentes de Uaoegas. La situación se corrigió recién 10 años después, pero ni entonces habían decidió ocupar y hacerse cargo de la empresa como en esta oportunidad.

De hecho, muchos sindicalistas demoran varios minutos en recordar antecedentes. Pedro Balbi, ex directivo de la Federación Nacional de Profesores y del PIt-CNT que estaba apoyando a los trabajadores, dijo que no es infrecuente que los sindicatos asuman la conducción de las empresas cuando las firmas abandonan el país o se desentienden del negocio –algo que el decreto 165/006 permite–.

El exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, Juan Manuel Rodríguez, recordó en diálogo con El Observador algunos de esos casos. Uno de ellos fue a la salida de la dictadura, en 1985, cuando la Unión Ferroviaria tomó el control de los ferrocarriles de AFE.

Otro antecedente ocurrió en setiembre de 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio, los trabajadores de la imprenta Vanni ocuparon la empresa y luego tomaron el control. La industria cerró y los obreros conformaron la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf), recomenzando con la producción y la gestión comercial con 75 de los 110 empleados. Los trabajadores facturaron US$ 32 mil en un mes, informó El Observador en aquel momento.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de José Mujica (2010 - 2015), Eduardo Brenta, dijo a El Observador que su único recuerdo son ocupaciones de los lugares de trabajo, "que fueron disminuyendo con los años desde que asumió el FA", explicó.

 

 

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