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Los antecedentes de control obrero en Uruguay

Los trabajadores de AFE y de Imprenta Vanni asumieron el control de las empresas en 1985 y en 2005

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25 de abril de 2019 a las 15:54

Son contados los conflictos laborales que en Uruguay llegaron a la medida del control de la empresa por parte de los trabajadores. Este jueves, los obreros de Montevideo Gas lo hicieron en la planta ubicada en avenida General Flores y bulevar Batlle y Ordóñez.

El exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, Juan Manuel Rodríguez, dijo a El Observador que esta medida no es la mas frecuente, porque "no es parte de los trabajadores tomar el capital que no es de ellos", y explicó que lo que se ha resuelto en situaciones de conflicto límite es ocupar el lugar de trabajo.

Rodríguez recordó que a la salida de la dictadura en 1985, la Unión Ferroviaria tomó el control de los ferrocarriles de AFE.

El consultor señaló que la situación es diferente cuando la empresa cierra y los trabajadores, de forma legal, retoman el trabajo y la ponen en funcionamiento.

En setiembre de 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio, los trabajadores de la imprenta Vanni ocuparon la empresa y luego tomaron el control. La industria cerró y los obreros conformaron la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf), recomenzando con la producción y la gestión comercial con 75 de los 110 empleados. Los trabajadores facturaron US$ 32 mil en un mes, informó El Observador en aquel momento.

El conflicto tuvo repercusiones políticas. En ese entonces, el vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) Ricardo Puglia, presentó su renuncia “indeclinable” ante el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, tras negarse a que ese organismo impulsara algún tipo de solución que permitiera la supervivencia de la firma bajo control y gestión obrera. El propietario de la imprenta, Juan José Vanni, había pedido al Banco República un crédito para seguir operando pero se le había negado. Puglia se negó rotundamente tanto a que la CND respaldara financieramente al propietario de la firma, como a que los trabajadores gestionaran la empresa bajo la forma de una cooperativa.

Como consecuencia de aquella toma obrera, el entonces juez penal Jorge Díaz -hoy fiscal de Corte- resolvió el procesamiento sin prisión de 60 trabajadores (tres de ellos con prisión por tener antecedentes) por apropiación indebida de maquinaria y vehículos de la empresa convirtiéndolos en su provecho. 

Búsqueda de negociación 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de José Mujica (2010 - 2015), Eduardo Brenta, dijo a El Observador que su único recuerdo son ocupaciones de los lugares de trabajo, "que fueron disminuyendo con los años desde que asumió el FA", explicó.

Además, dijo que siempre se busca "privilegiar la negociación" para no llegar a estas medidas.

El actual director del Departamento de Gestión Humana de la IMM comparte la decisión de la Justicia sobre la prohibición de tomar el control de la empresa por parte de los trabajadores del gas. "Los trabajadores no deben adoptar un rol que no les corresponde, no comparto la medida", sostuvo. 

El juez Hugo Rundie establecíó que la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas debía “abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”. El magistrado expresó que tomar el control obrero de la empresa vulnera varios derechos reconocidos en la Constitución como el de la libertad en su sentido genérico; propiedad; derechos a ejercer la industria y comercio, y libertad de empresa o de iniciativa económica, según informó Subrayado.

El sindicato había expresado en un comunicado que la decisión de tomar control de la planta respondía a la reestructura que Petrobras —propietaria de MontevideoGas y Conecta— presentó en el ámbito tripartito: una reducción de 37 puestos de trabajo, "inicialmente", lo que representa el 25% de la plantilla laboral actual de MontevideoGas, incluyendo la exigencia de que 10 puestos sean eliminados antes del 30 de abril o los 20 trabajadores que están en el seguro de paro no serían reintegrados. 

 

 

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