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Crecen los conflictos ecológicos en el mundo y Uruguay no es la excepción
Se publicó un atlas sobre justicia ambiental donde el país figura con tres problemas, dos en referencia a la planta de celulosa UPM y uno por la minería a cielo abierto
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19 de marzo de 2014 a las 11:52
En la Tierra hay actualmente más de 2.000 conflictos ecológicos, un número que va creciendo al mismo tiempo que se multiplican las injusticias medioambientales provocadas por la demanda de energía y materiales de las clases medias y altas de las sociedades avanzadas.
Esta es una de las conclusiones del Atlas Global de Justicia Ambiental que un equipo internacional de expertos, coordinados por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), presentará este miércoles en la Delegación del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Bruselas.
El Atlas Global de Justicia Ambiental es una plataforma interactiva de mapas que analiza más de un millar de conflictos ecológicos en el mundo, un proyecto que quiere documentar 2.000 casos en 2015.
El atlas es el resultado del proyecto europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT), dirigido por el catedrático de Economía de la UAB, Joan Martínez Alier, con la participación de 23 universidades de 18 países. En su opinión, este trabajo elaborado entre activistas y académicos, aporta evidencias sobre "los desequilibrios estructurales de poder en la economía global".
"El atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en el mundo por las demandas de materiales y energía de la población de clase media y alta, y las comunidades que reciben el mayor impacto son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud", ha comentado Martínez Alier.
Según el profesor de Economía, "el mapa muestra tendencias preocupantes, como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza".
Entre las historias de destrucción ambiental y de represión política que se analizan en el atlas se describen un 17% de los casos en los que se han ganado juicios legales, proyectos que se cancelan y bienes comunes que han retornado a la comunidad, según Leah Temper, investigadora del ICTA UAB y coordinadora del atlas.
La plataforma online del atlas permite buscar y filtrar entre un centenar de campos para visualizar los conflictos (nucleares, de residuos tóxicos, de agua, mineros...) por tipo de mercancía, compañía o país. El inventario de los casos de conflicto ambiental facilita, según sus autores, la búsqueda de información, la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos.
Una de las conclusiones del proyecto y del atlas es que los movimientos sociales de justicia ambiental de base "son clave para conseguir que las formas de consumo y producción sean más justas, equitativas y menos perjudiciales". Según Temper, "sólo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, gobiernos y empresas cambiarán su comportamiento".
En el caso de Uruguay, el atlas destaca tres conflictos, dos de los cuales hacen referencia a la planta de celulosa UPM, ex Botnia. Por un lado, se habla de problemas por el manejo de las tierras: "UPM es uno de los mayores latifundistas de Uruguay con un total de aproximadamente 250 mil hectáreas de tierra bajo forestación con eucaliptos destinados a abastecer su fábrica de celulosa (...). Ha ocupado los mejores suelos del país –suelos de pradera, valiosos ecosistemas– otrora destinados a la producción de alimentos. La forestación es una de las causas que llevan al desplazamiento de los productores nacionales, a la concentración y extranjerización de la tierra".
Por otra parte, se menciona el conflicto internacional entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de UPM en la orilla opuesta a Gualeguaychú. En el atlas, entre otra información, se habla de impactos visibles y potenciales ambientales, socioeconómicos y para la salud.
El tercer conflicto es el de la minería de hierro a cielo abierto, localizado en Florida dentro del atlas. "Con un desparpajo sin igual, se asegura en 2013 que serios estudios muestran que lejos de provocar daños, el Proyecto Aratirí propone asignar inversión y gestión ambiental hasta alcanzar mejoras en la calidad del ambiente. El gobierno del presidenta Mujica se prepara a firmar un contrato mientras los ambientalistas piden un referendum", indica parte del texto explicativo de la situación.
Al menos en el caso de las descripciones de Uruguay, se nota el tono opinado de quienes contribuyeron al atlas.
Esta es una de las conclusiones del Atlas Global de Justicia Ambiental que un equipo internacional de expertos, coordinados por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), presentará este miércoles en la Delegación del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Bruselas.
El Atlas Global de Justicia Ambiental es una plataforma interactiva de mapas que analiza más de un millar de conflictos ecológicos en el mundo, un proyecto que quiere documentar 2.000 casos en 2015.
El atlas es el resultado del proyecto europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT), dirigido por el catedrático de Economía de la UAB, Joan Martínez Alier, con la participación de 23 universidades de 18 países. En su opinión, este trabajo elaborado entre activistas y académicos, aporta evidencias sobre "los desequilibrios estructurales de poder en la economía global".
El mapa muestra tendencias preocupantes, como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza", dijo Joan Martínez Alier, quien dirigió el proyecto
"El atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en el mundo por las demandas de materiales y energía de la población de clase media y alta, y las comunidades que reciben el mayor impacto son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud", ha comentado Martínez Alier.
Según el profesor de Economía, "el mapa muestra tendencias preocupantes, como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza".
Entre las historias de destrucción ambiental y de represión política que se analizan en el atlas se describen un 17% de los casos en los que se han ganado juicios legales, proyectos que se cancelan y bienes comunes que han retornado a la comunidad, según Leah Temper, investigadora del ICTA UAB y coordinadora del atlas.
La plataforma online del atlas permite buscar y filtrar entre un centenar de campos para visualizar los conflictos (nucleares, de residuos tóxicos, de agua, mineros...) por tipo de mercancía, compañía o país. El inventario de los casos de conflicto ambiental facilita, según sus autores, la búsqueda de información, la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos.
Una de las conclusiones del proyecto y del atlas es que los movimientos sociales de justicia ambiental de base "son clave para conseguir que las formas de consumo y producción sean más justas, equitativas y menos perjudiciales". Según Temper, "sólo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, gobiernos y empresas cambiarán su comportamiento".
Conflictos en Uruguay
En el caso de Uruguay, el atlas destaca tres conflictos, dos de los cuales hacen referencia a la planta de celulosa UPM, ex Botnia. Por un lado, se habla de problemas por el manejo de las tierras: "UPM es uno de los mayores latifundistas de Uruguay con un total de aproximadamente 250 mil hectáreas de tierra bajo forestación con eucaliptos destinados a abastecer su fábrica de celulosa (...). Ha ocupado los mejores suelos del país –suelos de pradera, valiosos ecosistemas– otrora destinados a la producción de alimentos. La forestación es una de las causas que llevan al desplazamiento de los productores nacionales, a la concentración y extranjerización de la tierra".
Por otra parte, se menciona el conflicto internacional entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de UPM en la orilla opuesta a Gualeguaychú. En el atlas, entre otra información, se habla de impactos visibles y potenciales ambientales, socioeconómicos y para la salud.
El tercer conflicto es el de la minería de hierro a cielo abierto, localizado en Florida dentro del atlas. "Con un desparpajo sin igual, se asegura en 2013 que serios estudios muestran que lejos de provocar daños, el Proyecto Aratirí propone asignar inversión y gestión ambiental hasta alcanzar mejoras en la calidad del ambiente. El gobierno del presidenta Mujica se prepara a firmar un contrato mientras los ambientalistas piden un referendum", indica parte del texto explicativo de la situación.
Al menos en el caso de las descripciones de Uruguay, se nota el tono opinado de quienes contribuyeron al atlas.
