Los hechos de corrupción enfrentan al poder político con el sistema judicial
Los cuestionamientos políticos que recibió esta semana el fiscal Diego Pérez por pedir el procesamiento de ex funcionarios del gobierno del Frente Amplio demuestran que las críticas a la Justicia y a los fallos judiciales no son patrimonio de ningún partido político.
Desde que comenzaron las indagatorias a funcionarios del gobierno por hechos de corrupción a fines de la década de 1990, los jueces y fiscales –hasta ese momento funcionarios desconocidos por la opinión pública– pasaron a estar en el ojo de la tormenta y a ser cuestionados.
Esos casos de corrupción avivaron el problema de la politización de la Justicia y su contracara, la judicialización de la política.
Esta semana le tocó al fiscal del caso Casinos quedar en el centro de las críticas del gobierno de José Mujica. El mandatario defendió al ex intendente Mariano Arana y a la ex secretaria general de la Intendencia de Montevideo (IMM), María Julia Muñoz, y puso en duda la decisión de Pérez. En tanto, el líder político de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, dijo que no se puede “enchastrar apellidos” que tienen una “gran trayectoria” y pidió cuidado al informar.
El caso llegó a la Justicia por decisión del ex intendente Ricardo Ehrlich (MPP) y luego del procesamiento del director de los casinos municipales, Juan Carlos Bengoa, la indagatoria s derivó en las máximas jerarquías de la comuna de entonces, sobre las que ahora recayó el pedido de prisión.
El año pasado le había tocado ser centro de críticas desde el poder político al fiscal Luis Bajac por pedir el procesamiento del senador Rodolfo Nin Novoa. Incluso, durante el transcurso de la indagatoria trascendió que Nin llamó por teléfono al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, y protestó por las filtraciones a la prensa de los detalles del expediente penal que lo tiene en calidad de indagado. Esa llamada fue interpretada por todo el sistema judicial como una presión.
Durante la administración de Tabaré Vázquez, el fallo que declaró inconstitucional el IRPF enfrentó al Parlamento y al Poder Judicial de tal modo que los jueces decidieron presentar una denuncia frente a las Naciones Unidas.
Antes, otros jueces y otros fiscales fueron cuestionados en sus decisiones, como sucedió durante el gobierno de Jorge Batlle cuando la Justicia comenzó a investigar los casos de derechos humanos y a citar militares.
El nuevo titular de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, Carlos Negro, afirmó que los magistrados son funcionarios públicos y como tales están sujetos a críticas por las decisiones que toman. Negro señaló que no puede sorprender que los fallos judiciales sean cuestionados. “El problema surge cuando las críticas se convierten en agravios o intentan desacreditar a la persona del magistrado”, dijo.
Además admitió que los fiscales son funcionarios del gobierno y sometidos a jerarquía del Ministerio de Educación y Cultura.
Los magistrados –también los jueces– dependen del poder político más de lo que quisieran: tanto para el presupuesto y salario, como para ascender. Un juez que pretende ascender a un tribunal de Apelaciones requiere venia del Senado, como la requiere un fiscal para cada ascenso que debe dar en la carrera.
Impedimentos y reservas
Los magistrados –jueces y fiscales– tienen otros impedimentos, como el de hacer declaraciones o dar información sobre los casos que tienen en trámite, en la etapa en que el proceso se encuentra en la etapa de presumario, entre que se recibe la denuncia y se indaga para probarla o archivarla. Esa instancia es reservada, aunque no secreta. La siguiente etapa del proceso penal, el sumario, es pública. Solo en ciertos casos el juez puede disponer el secreto del caso si considera que la investigación en curso se puede ver afectada con su publicidad.
En el caso de los fiscales, el decreto-ley 15.365 de diciembre de 1982 los obliga a “abstenerse de emitir y hacer públicos juicios o censuras, manifiestos o encubiertos en sus dictámenes, o por cualquier otro medio sobre gobernantes o jerarcas del servicio, dar a publicidad o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de cualquier naturaleza que conozca o en que intervenga o hubiere intervenido”.
De todos modos, al asumir el fiscal de Corte Rafael Ubiría declaró que no tendría inconveniente en que los fiscales explicaran sus decisiones. “Cada fiscal tiene derecho a hablar y defender su posición siempre y cuando no viole el secreto de presumario, en materia penal”, afirmó entonces.