El gobierno promulgó un decreto de ley por el cual quedan anulados todos los actos administrativos basados en la ley de Caducidad que impidieron u obstaculizaron investigaciones de violaciones a los derechos humanos, informó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, tras la reunión de ministros de este lunes.
El secretario de la Presidencia expresó que se ha “decidido demorar el dictamen de este decreto hasta el día jueves o viernes de esta semana para que aquellos interesados en manifestar una voluntad discorde con esta que está presentando el Poder Ejecutivo lo puedan hacer”.
Explicó que la demora se toma ante la posibilidad de que existan algunas “situaciones particulares” de algunos de los denunciantes, o quienes comparecen ante la Justicia, que puedan pretender actuar de forma diferente a lo que establece este decreto. “Pensamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos”. Agregó que de esa manera se cumple con un “deber ético” y que se respeta lo que establece la sentencia de la CIDH.
La medida es aprobada a 38 años del Golpe de Estado. “Creemos que estos anuncios son importantes y que también es importante desde el punto de vista simbólico realizarlos en una fecha tan señalada”, comentó.
El pasado 24 de febrero la CIDH condenó al Estado uruguayo por el caso Gelman, en lo que fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo internacional. El fallo, que además solicita la anulación de la ley de Caducidad, establece la obligatoriedad de reparar a las víctimas mediante una compensación económica.
La CIDH estableció que Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman, deberá ser resarcida con US$ 180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y US$ 5.000 por gastos por la búsqueda de la verdad.
La ley de Caducidad también fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009 para el caso de Nibia Sabalsagaray, lo que llevó al procesamiento del primer militar en actividad por crímenes en la dictadura.
