Denuncian al expresidente de Colombia Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad

Se trata del mayor escándalo que registran las Fuerzas Armadas del país en medio siglo de lucha contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ya autodisueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que consistía en hacer pasar a las víctimas como integrantes de algunas de las organizaciones.

La Justicia Especial de Colombia (JEO), instancia especial creada para esclarecer la verdad sobre lo sucedido, dio por probado que entre 2005 y 2008 no menos de tres centenares de personas, en su gran mayoría campesinos y campesinas, fueron ejecutados en los municipios de Casanare, Boyacá, Meta y Tame, casos que constituyeron las dos terceras partes de los “falsos positivos” que reportó la Brigada XVI durante la época investigada.

Jurisdicción y pasado en común

Tras reunirse con los familiares y organizaciones de Derechos Humanos querellantes, el juez federal argentino Sebastián Ramos Padilla, titular del juzgado en donde recayó la denuncia, solicitó tiempo para analizar la presentación y decidir si abre una investigación penal, dijo la abogada colombiana Daniela Rodríguez Sanabria.

La letrada, además, destacó que Argentina reconoce el principio de "jurisdicción universal", que establece la competencia judicial en casos de lesa humanidad sin importar el escenario de los crímenes ni la nacionalidad de los acusados.

El propio Ramos Padilla abrió en julio pasado una investigación por una denuncia de delitos de lesa humanidad contra jefes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en ese caso por las muertes que dejó la represión de las manifestaciones opositoras en 2014.

La denuncia fue acompañada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, las tres organizaciones con sede en Colombia.

El caso fue presentado en Argentina "porque en el país aplica la jurisdicción universal pero también porque compartimos un pasado de atrocidades y creímos que podría haber mayor sensibilidad frente a esta búsqueda de justicia", dijo Rodríguez Sanabria con relación a la desaparición y muerte de 30.000 víctimas de la dictadura militar en Argentina (1976-1983).

"Estamos esperanzados en una investigación seria, ágil e imparcial, la que no tuvimos en Colombia", añadió la abogada, quien aseguró que las pruebas presentadas "demuestran el conocimiento de los hechos por parte del expresidente Uribe", que no puede ser juzgado por la JEP, mecanismo creado por los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, porque la instancia carece de competencia para procesar a presidentes y expresidentes.

"Creemos que la justicia argentina va a responder. Tenemos expectativas. En Colombia, no hay paz por la corrupción de jueces que fueron amigos de Uribe", agregó Bertina Badillo Herazo, familiar de una de las víctimas incluidas en la denuncia.

“Kit de legalización” e incentivo

En su mayoría, las víctimas fueron hombres de entre 18 y 25 años, pero se probaron los casos de nueve mujeres, una de ellas embarazada, otras dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven homosexual. La resolución de la JEP detalla que “las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes”, implementos que los integrantes del Ejército llamaban “kit de legalización”.

La investigación reveló, además, que unos 140 millones de pesos colombianos –aproximadamente US$ 31.000– provenientes de recursos públicos sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados, que llevaban a las víctimas bajo engaño y falsas promesas de trabajo a otras zonas del país donde eran asesinadas y vestidas con ropas de la guerrilla para presentarlas como bajas en combate y conseguir a cambio promociones y días de descanso.

En las confesiones a la JEP, algunos militares manifestaron que eran presionados por sus superiores e incluso señalaron al general Mario Montoya, jefe del Ejército entre 2006 y 2008, y muy cercano a Uribe.

La resolución del tribunal dio también por probado en base a documentos y testimonios aportados por testigos e imputados que "en la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate”.

Un plan sistemático

La JEP identificó que los asesinatos y las desapariciones fueron parte de un plan orientado en dos direcciones. La primera, “vinculada a la voluntad de aniquilar a la población estigmatizada, o a personas desmovilizadas y en proceso de reinserción por la supuesta vinculación con grupos insurgentes o con la criminalidad”. La segunda, un “dispositivo de presiones e incentivos pues, entre otros, los efectivos recibieron permisos, comidas especiales, vacaciones, cursos en el exterior y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso”.

La investigación encontró al menos tres modalidades que configuraron el patrón criminal. En algunos casos, los uniformados ejecutaban a las personas detenidas o puestas fuera de combate en medio de operaciones inicialmente legales. En otros casos, las víctimas eran señaladas a partir de distintas labores de inteligencia y posteriormente ejecutadas. Una tercera modalidad la constituía, en coordinación con reclutadores pagos, asesinar a personas engañadas, que eran trasladadas desde zonas urbanas a rurales.

El tribunal determinó también que, con el objetivo de encubrir las conductas criminales, los mandos del Ejército usaron “documentos operacionales elaborados con posterioridad a los hechos” y las víctimas eran reportadas “como no identificadas para obstaculizar la judicialización”; además, los cadáveres eran trasladados “sin presencia de la policía judicial para impedir una adecuada investigación”.

Los jueces de la JEP también dieron por probado que, bajo el concepto de “guerra jurídica”, el estado mayor de la Brigada XVI evitó las investigaciones ante las múltiples denuncias presentadas por la población y las autoridades civiles. El tribunal, además, consignó en su resolución que la Justicia Penal Militar no investigó adecuadamente las muertes y "la impunidad percibida por los responsables en la Justicia Penal Militar permitió que la organización criminal siguiera funcionando con libertad a lo largo del período analizado".

(Con información de agencias)