Destitución de generales: entre la responsabilidad de Manini Ríos y el “error” del gobierno

El Poder Legislativo comenzó formalmente este martes a discutir la situación, aunque legisladores y especialistas, advierten que la situación no es clara y que en caso que se termine votando, al oficialismo le será difícil alcanzar los 3/5 necesarios. El nacionalista Javier García, que preside la Comisión de Defensa del Senado, considera que el Poder Ejecutivo cometió un "error" y que no son los legisladores quienes deben votar las destituciones.

En tanto, especialistas consultados por El Observador consideran que el argumento del gobierno no es claro ya que es un “hecho reconocido” que los generales cumplieron con la normativa.

El artículo 77 de los Tribunales de Honor señala que cuando “intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones hasta tanto el superior se pronuncie”.

El martes 10 de abril de 2018, a las cuatro y media de la tarde, el tribunal recibió a Gavazzo, quien reveló que había tirado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. Uno de los tres generales que lo conformaba dijo a El Observador que “inmediatamente” informaron de forma verbal a su superior Guido Manini Ríos y que detuvieron las actividades hasta que el comandante en jefe del Ejército les ordenó seguir.

En el expediente no hay registro de las detenciones aunque la siguiente acta de reunión está fechada el 8 de mayo, prácticamente un mes después. En entrevista con el programa Fuentes Confiables de radio Universal, Manini Ríos dijo que le transmitió al entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, la noticia y dio a entender que Menéndez no se opuso a que avanzara y retomara su actividad. “Yo me reunía con el señor ministro semanalmente, y en una de esas reuniones le comento esto: nuestra percepción de que era una chicana de Gavazzo y que íbamos a seguir porque lo íbamos a condenar”.

El especialista en Derecho Administrativo, Adrian Gutiérrez, de la firma Baker & Tilly, dijo a El Observador que esto constituía un “hecho reconocido”. “Parecería que en la medida en que hay un reconocimiento de los hechos, al menos desde el punto de vista administrativo, es difícil poderles imputarles la responsabilidad porque cumplieron con su superior” aunque “evidentemente lo correcto hubiera sido dejar la constancia por escrito”.

En tanto, los especialistas Hugo Corujo y Eduardo Esteva coincidieron en que el pase a la Justicia no necesariamente obliga a suspender el proceso.

Pero la versión de Manini Ríos se contradice con lo expresado por el nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, este martes en el Parlamento. Ante los legisladores, Bayardi dijo que a Menéndez y Montiel “nunca” les comunicaron la “noticia criminal".

Bayardi también explicó por qué el gobierno considera que no cumplieron con el artículo 77 y citando a Eduardo Couture dijo que “lo que no está en el expediente no existe”.

“En ninguna parte figura que se haya procedido acorde. Alguien puede decir –y se verá en las instancias judiciales correspondientes– que se pudo haber informado oralmente, de palabra (...) creo que el excomandante Manini Ríos no debería desconocer que en un caso de sensibilidad como este, o con el expediente en general, lo que no está en el expediente no existe”, argumentó.

La destitución sin el Parlamento

Este martes, en la Comisión de Defensa, el senador nacionalista Javier García rechazó que el Parlamento tenga que ser el que defina el pase a retiro de los generales. Basándose en el inciso 14 del artículo 168 de la Constitución, García dijo que esto debería hacerlo el Poder Ejecutivo ya que entre las potestades del presidente está la de destituir a militares. “Es incomprensible que el presidente quiera que el Senado tome un acto jurídico sobre el que no tiene competencia", afirmó.

Consultado por El Observador, el constitucionalista Martín Risso se mostró de acuerdo con esta afirmación. Dijo que a su juicio la situación era muy “clara” y que creía que se trataba de un “error” del Poder Ejecutivo. “Está utilizando otra norma constitucional y legal, que es de jubilación no de destitución”, señaló.

Pero para Bayardi, el asunto no es tan “claro” y ante los legisladores dijo que la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los militares estaba regulado por ley. “A partir de la ley se pide –y creo que es absolutamente razonable desde el punto de vista normativo– que si la persona ascendió con venia debe destituirse también con venia. ¿Por qué? Porque, de lo contrario, habría un acto discrecional que estaría por encima de la propia venia. Entonces, ese acto está, en mi opinión, regulando una potestad y sujetándola a la venia”.