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Generales advirtieron a Manini Ríos sobre las confesiones de Gavazzo

El Tribunal de Honor detuvo sus actuaciones hasta que el comandante en jefe les ordenó que siguieran adelante

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03 de abril de 2019 a las 05:04

La asunción del socialista Jorge Menéndez al frente del Ministerio de Defensa tras la muerte del tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro significó un cambio en la relación entre el gobierno y los militares. De perfil diferente, Menéndez nunca llegó a tener la confianza y el respeto que los uniformados le tenían a su antecesor.

A los pocos meses de asumir en el cargo, Menéndez tomó una decisión que sería crucial en los destinos de la institución. El ministro anunció la conformación de Tribunales de Honor para cinco militares retirados involucrados en causas penales por violaciones a los derechos humanos. Se trataba de Jorge “Pajarito” Silveira, Luis Alfredo Maurente, José Nino Gavazzo, Ernesto Rama y Gilberto Vázquez. Los últimos dos no fueron juzgados, el primero por encontrarse en “estado delicado de salud”, mientras que el segundo por haber sido pasado a reforma.

El Tribunal de Honor se conformó el primero de setiembre de 2017, según la resolución del Ministerio de Defensa a la que accedió El Observador y comenzó a funcionar a los pocos días. Los generales designados para juzgar a sus camaradas fueron Gustavo Fajardo, que por antigüedad fue nombrado presidente, José González y Alfredo Erramún.

Menéndez aprovechó un Consejo de Ministros abierto en Trinidad para anunciar que no tenían un plazo para expedirse, pero que esperaba que lo hicieran con la “premura necesaria, por el tiempo que ha pasado sin laudar en la materia”.

Con las órdenes recibidas, los generales delinearon un cronograma de trabajo y dispusieron una serie de citaciones. Entre ellas estaban la de los implicados Gavazzo, Silveira y Maurente. El objetivo era determinar si habían dañado el honor de la institución militar, del cuerpo de oficiales y el suyo propio, en el "segundo vuelo", el traslado clandestino de 28 uruguayos desde Argentina a Uruguay.

A aproximadamente dos meses de iniciar sus tareas, entre octubre y noviembre de 2017, los generales recibieron a José Nino Gavazzo en la primera de sus dos citaciones con el objetivo de preguntarle acerca de su actuación en el “segundo vuelo”. Pero la declaración del teniente coronel retirado giró hacia otro lugar: sin que le preguntaran, Gavazzo admitió que arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé al vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, sostuvo.

La confesión, que traería múltiples consecuencias, sorprendió a los generales, que conscientes del artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor, automáticamente pidieron órdenes al mando superior.

El artículo señala que cuando el Tribunal de Honor “intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”.

Días después, los tres generales se reunieron con Manini Ríos, lo enteraron de la situación y "pidieron órdenes" al mando superior. Es decir: hicieron lo que la norma les pedía que se hiciera en este tipo de casos. Se suspendieron las actuaciones y el trabajo del Tribunal de Honor quedó detenido, según supo El Observador.

El entonces comandante en jefe del Ejército analizó el caso y aproximadamente un mes después les contestó que siguieran adelante. Los generales volvieron a concretar citaciones y nuevamente interrogaron a Gavazzo, entre otros testigos.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, reconoció este martes en una entrevista con el informativo de VTV que no sabía “si el Tribunal de Honor le comunicó al comandante Manini Ríos” pero sí “que las actuaciones siguieron adelante”.

El 15 de setiembre de 2018, a un año de haber empezado y cumpliendo con la premura solicitada por el ministro, finalizaron su actuación. Emitieron tres sentencias.

En los tres casos consideraron que los hechos por los que la Suprema Corte de Justicia los había condenado como autores de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real no estaban lo “suficientemente aclarados” por lo que no había “elementos” que fundamentaran la “convicción” que los oficiales habían faltado “a los códigos de honor” de la institución militar.

La resolución sobre Silveira y Gavazzo rechazó que los retirados no le comunicaran a la Justicia penal que el coronel Juan Carlos Gómez (preso tres años y medio por la muerte de Gomensoro en el grupo de Artillería N° 1) era inocente y resolvió –por unanimidad– descalificarlos por “falta gravísima”.

Los fallos fueron apelados y confirmados por un Tribunal de Alzada (compuesto por los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry) el primero de febrero de 2019. Esto supone que ambos militares sean pasados a “reforma”, por lo que no pueden usar el uniforme ni su jerarquía.

Tras la confirmación, el 13 de febrero Manini Ríos entregó las sentencias en mano a Menéndez. Junto a ellas escribió un alegato en el que no mencionó las confesiones de Gavazzo y criticó a la Justicia, lo que le valió la destitución del presidente Tabaré Vázquez un mes después. Ese día, el presidente homologó los fallos sobre Gavazzo y Silveira, y rechazó la resolución sobre Maurente. Además, nombró a José González como nuevo comandante. 

Pero veinte días después la situación volvió a cambiar. El Observador informó acerca de las declaraciones de Gavazzo y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió las actuaciones del Tribunal de Honor al fiscal de turno, Rodrigo Morosoli, para que investigue si hubo omisiones. Este lunes, Morosoli dijo que investigará “a fondo”.Entre las personas que pueden ser citadas por Morosoli están el presidente Tabaré Vázquez, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, las autoridades del Ministerio de Defensa, los militares que integraron los tribunales de Honor y Alzada y militares retirados.

El lunes, Vázquez resolvió destituir a Menéndez y al subsecretario Daniel Montiel, y a los seis generales que juzgaron a Gavazzo, descabezando así al Ministerio de Defensa y el Ejército. El presidente dispuso que José Bayardi sea el nuevo ministro, y que el general Claudio Feola pase a ser el nuevo jefe del Ejército.

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