Detenidos por Lava Jato comparan delación premiada con la dictadura
Defensa de dos imputados en Uruguay rechazó recurso de extradición
Claudio Fernando Barboza y Vinícius Claret fueron detenidos en Uruguay a principios de marzo por el caso conocido como "Lava Jato", la mayor causa de corrupción de Brasil de los últimos años, por la que se indagan operaciones de lavado de dinero y corrupción y que involucra a jerarcas, empresarios e incluso al expresidente Luis Inacio Lula da Silva, condenado recientemente a nueve años y medio de prisión. El 14 de marzo, la Justicia brasileña cursó un pedido de extradición que fue rechazado la semana pasada por la defensa uruguaya de ambos detenidos ante la jueza especializada en Crimen Organziado Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro.
Para los imputados, hay un "verdadero partido político judicial" en Brasil y la Justicia de ese país utiliza recursos en el caso "Lava Jato" que "terminan pareciéndose a la persecución en épocas de dictaduras en Chile, Uruguay o Argentina", según indica el escrito de Barboza, al que accedió El Observador. Con ese concepto la defensa se refiere a la delación premiada, una figura muy usada en esa causa mediante la que los imputados cambian información a cambio de beneficios en su condena o lugares de reclusión. Y para los dos detenidos, eso los transforma en delatores. Bajo esa figura fueron señalados por recibir sobornos millonarios Lula, Dilma Rousseff y el presidente brasileño Michele Temer, este último de manos de ejecutivos de JBS, el mayor procesador de productos derivados de la carne de Brasil. Precisamente, fue también bajo la delación premiada que Barbosa y Claret fueron detenidos, luego de haber sido vinculados a la red de lavado de dinero organizada por el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral.
"Este proceso tiene el agravante de que el delator se salva, o cambia su libertad por dinero", indica el escrito de la defensa de Barbosa y agrega: "Quien dispone acusando hoy en Brasil, lo hace para salvarse a sí mismo, no con el fin de averiguar la verdad o de colaborar con la Justicia. Y eso es contrario a los principios básicos de nuestro derecho penal". El escrito presentado por la defensa de Claret –representado por el penalista Juan Fagúndez– contiene, básicamente, los mismos conceptos. A su vez, la defensa de Barbosa, a cargo del abogado Pablo Correa, afirma que "en Brasil, cuanto alguien más delata, cuanto más importante es su grado dentro del mundo de corrupción delictivo y más paga, más beneficios recibe de la Fiscalía".
"Nadie se preocupa de averiguar si mintió o no, si encubre a peces más gordos en la verdadera trama de corrupción con el poder necesario y obvio para realizar los resultados supuestamente perseguidos en la causa del país requiriente", agrega.
En el escrito donde rechazan la extradición, se sostiene que la relación de Barbosa con la investigación "es mínima", que el detenido no tiene vínculo "con políticos corruptos, capitales públicos hurtados o planes de desestabilización económica, como señala el juez brasileño en su requerimiento".
El rechazo a la extradición también se funda en que Barboza "tuvo una mínima participación realizada exclusivamente en Uruguay", que tampoco es clara. "Si se comprueba que Barboza asistió lavado de activos, ocurrió en Uruguay y aquí debería ser juzgado", insiste la defensa uruguaya.
En un primer momento, la defensa en Brasil de los detenidos en Uruguay les recomendó escudarse en la delación premiada. Sin embargo, la figura se descartó porque se comprobó que nada tenían para aportar. De ese acuerdo solamente iban a participar el juez y fiscal de Brasil, que vinieron a Uruguay a interrogar a los detenidos.
Inconstitucionalidad
La defensa de los detenidos presentó en marzo un recursos de inconstitucionalidad contra leyes que amparan el pedido de extradición de los países del Mercosur, informó El País en esa oportunidad. El abogado Pablo Correa explicó que el plazo de 40 días que indican esas normas excede "el máximo de detención" establecido por la Constitución, partiendo de la base de que los delitos por los que se los acusa habrían sido cometidos en Uruguay. Están acusados de asociación ilícita, lavado de dinero, corrupción pasiva y evasión de divisas (que no existe en Uruguay).
