Aunque el estudio hizo hincapié en las políticas públicas a llevar adelante para mitigar las consecuencias sociales, también se mencionó que ante una coyuntura que de forma ineludible elevara el nivel de deuda pública del país, debería considerarse “subir impuestos sobre la renta y la riqueza para que la distribución del impacto sea más equitativa” con aquellos sectores sociales más desprotegidos.
El informe apuntó que sería desaconsejable utilizar impuestos regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el aumento de tarifas porque puede llegar a neutralizar efectos virtuosos de otras políticas. Según estimaron los profesionales, la paralización transitoria durante tres semanas de la actividad interna en el país a causa de la cuarentena podría provocar una caída de al menos 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales.
Los autores del trabajo fueron los economistas Mauricio De Rosa, Bibiana Lanzilotta, Ivone Perazzo y Andrea Vigorito.
"El gobierno deberá emprender una política de gasto contracíclica y focalizada en sectores prioritarios. Debido a la naturaleza de la crisis, la responsabilidad principal debería recaer sobre la política fiscal, aunque seguramente los recursos disponibles sean insuficientes y se requiera de un mayor endeudamiento (proveniente de préstamos pre aprobados disponibles para Uruguay cuyos montos exceden por mucho las previsiones de este documento) y un incremento de los impuestos a la renta y a la riqueza de manera de lograr que la contribución sea más elevada para quienes disponen de más recursos", se señaló en el documento.
En líneas generales, los economistas consultados por El Observador coincidieron con el objetivo de proteger a los más vulnerables y hacerlo rápidamente, aunque no necesariamente con algunos de los instrumentos planteados en el informe como la suba de impuestos.
El director de Vixion Consultores, Aldo Lema, planteó necesaria la asistencia en ingresos a las familias, brindar mayor liquidez y créditos a las empresas, junto a otras medidas que “atenúen la pérdida permanente de puestos de trabajo” como está ocurriendo en el presente.
Sin embargo, Lema criticó al informe por no hacer ninguna referencia a recuperar “la capacidad estructural de crear renta y riqueza”, con el fin de que el país retome un crecimiento económico alto y sostenido como el que tuvo de forma particular entre 2004 y 2014.
“Coincidiendo con los objetivos y algunas de las medidas, esperaba que también se pusiera foco en la capacidad estructural de crear ingreso y riqueza. Los impuestos a la renta de las personas podrían evaluarse hacia 2021 en el marco de un programa más integral que incluya medidas que suban el crecimiento potencial. Los impuestos a la renta de las empresas serían otro golpe a la inversión en capital físico y a la recuperación del empleo”, alertó Lema, que además aclaró que a su entender en Uruguay ya hay impuestos a la riqueza que son altos y otros muy ineficientes.
Por su parte, el socio de Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, señaló que en este contexto complicado en el que el país probablemente tendrá recesión en 2020, el rol del Estado deberá ser fundamental y ya lo está empezando a ser.
Sin embargo, el analista indicó que hay un contexto internacional que sí es posible aprovechar por parte de Uruguay aunque muchos otros no lo sean, que son las bajas tasas de interés que hay en el mundo.
“Hoy el valor del dinero vuelve a valer 0. En las potencias, y en particular en Estados Unidos, en principio esto va a repercutir en el mercado de capitales”, expresó Soto, que contempló razonable tomar deuda a costos bajos para financiar esta situación.
Para el contador hoy la capacidad contributiva parece “bastante topeada” incluso para los sectores que mantienen cierta capacidad, por lo que consideró que aumentar los impuestos hoy podría ser “incluso más recesivo y enfriar aún más la economía”.
“Si echo mano a los que todavía tienen capacidad de reservorio y contributiva, puedo afectar el consumo y la inversión, que es lo que se precisa hoy por hoy. Cuando el efecto comience a desaparecer y a moderar sus consecuencias, la economía debería repuntar y cuánto lo haga es lo que va a mitigar la carga tributaria”, señaló Soto.
De todas formas, al igual que Lema, Soto dijo que en el futuro sí habría que plantearse algunas alternativas de tipo fiscales, pero “deberá depender de cuán rápido y fuerte sea el rebote (de la economía)” una vez pasada la crisis que ha aparejado la llegada del coronavirus al país.
Lema indicó que el nuevo gasto fiscal y ciertas renuncias impositivas deberán ser financiadas con más deuda pública: “Habrá que hacer reasignación del gasto fiscal, alzas moderadas de tarifas públicas, eliminación de subsidios a sectores de ingresos medios-altos, e incluso si es necesario alza transitoria del IVA".
Sin evidencia excluyente
En tanto, uno de los autores del informe realizado, Mauricio de Rosa, dijo a El Observador que aunque el fondo del documento no era sobre aumentar las cargas impositivas, hay que reconocer que “costos para la economía va a haber y van a ser significativos”.
El investigador aclaró además que hay otro equipo de trabajo del Iecon elaborando un informe que tratará de forma específica el tema impositivo y el financiamiento del Estado para todas los costos que han aumentado tras la llegada del coronavirus.
“Como sociedad podemos hacer dos cosas. Dejar que los recursos se distribuyan en la economía casi que aleatoriamente, con sectores más expuestos a caer. O podemos intentar absorber este shock socialmente con una respuesta ordenada y organizada”.
En ese plano, De Rosa coincidió con Soto en que en primera instancia para afrontar la crisis habrá que contraer deuda, pero advirtió que después va a tener que ser financiada.
En este sentido, dijo que habrá que tener algún incremento impositivo y a priori “uno pensaría que va a tener que ver con los impuestos progresivos”.
“Lo razonable sería que sí eventualmente se van a implementar impuestos para financiar el pago de deuda o las medidas para la salida de esta crisis, esa imposición caiga más en impuestos más progresivos, tanto en capital como ingresos”, señaló.
Con respecto a que esas medidas puedan afectar el crecimiento económico, De Rosa reconoció que la expansión de impuestos puede generar efectos negativos para el trabajo y la inversión, “y que hay que considerarlo”.
“Ahora bien, la evidencia que existe no es súper concluyente sobre que los efectos sean tan grandes. Un ejemplo es el IPRF a los ingresos, que subirlo puede generar que algunas personas trabajen menos, pero la evidencia en otros países y también en Uruguay muestra que el efecto no es tan grande. Para algunos grupos el efecto es muy moderado. Esta afirmación de que la expansión tributaria sí o sí genera detraimiento o un daño importante para la actividad económica, es teóricamente relevante pero empíricamente no está tan claro”, cuestionó.
