Diferencias por financiamiento postergan apertura de juzgado de género en Rivera

Pese a esto, más de dos años después, solo se pudo abrir el juzgado de San Carlos en Maldonado, mientras que los de Rivera y Salto están demorados.

Sucede que la ley no garantizó los recursos para ponerlos completamente en funcionamiento, razón por la que desde el Poder Judicial, Inmujeres y Argimón realizaron gestiones en busca de locales que pudieran ser cedidos para instalar los juzgados.

En el caso de Rivera, en octubre del año pasado se firmó un preacuerdo para que el juzgado se instale en cuatro habitaciones en la estación departamental de AFE. Este edificio sería cedido en comodato por la empresa ferroviaria, mientras que el Ministerio de Transporte iba a ser quien pusiera los recursos para acondicionar el lugar para que pueda cumplir con su nueva función, según establecía el preacuerdo.

“Con el convenio ponemos en práctica algo de lo que se habla mucho y poco se concreta, que es la descentralización”, señaló el ministro José Luis Falero durante el evento en un discurso en el que también destacó que era “momento de ponernos a tiro”.

Aunque pasó más de un año desde la firma de ese acuerdo y las declaraciones de Falero, el MTOP nunca comenzó a reacondicionar la estación, que sigue funcionando normalmente, y lo más probable es que los juzgados se terminen instalando en otro lugar.

La situación fue reconocida por el presidente de la SCJ, John Pérez Brignani, durante su participación en el acto oficial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer realizado en la Torre Ejecutiva.

En ese encuentro, Pérez Brignani dijo que “al día de la fecha” el juzgado en Rivera “no se ha podido concretar por razones operativas” y que por eso habían decidido comenzar a analizar si era posible hacer modificaciones en las sedes que el Poder Judicial ya tiene en el departamento para que se instalen los juzgados.

El presidente de la SCJ también anunció que estaban tratando de concretar el juzgado en la ciudad de Salto, y uno en la ciudad de Paysandú, este último con fondos propios no previstos en la ley.

Pérez Brignani señaló que el juzgado de San Carlos “está funcionando al límite de su capacidad gracias a la eficiente labor desempeñada por funcionarios, jueces y actuarios, ya que el volumen de trabajo demuestra la necesidad de juzgados en la materia que requiere la sociedad”.

A su vez, el presidente de la SCJ planteó que por "razones operativas" tuvieron otra dificultad para poner en marcha juzgados de violencia doméstica (distintos a los de violencia de género). “A pesar de haber adquirido una sede para los juzgados de violencia doméstica y haber ahorrado los fondos necesarios para su refacción, no pudo ser concretado por razones operativas a más de tres años de su adquisición”, dijo. 

En una entrevista con El Observador en febrero, el presidente de la SCJ había dicho que algunos juzgados se podían transformar porque “realmente” hay una estructura. 

“El problema más claro es que no todos se pueden transformar. Es como que una ferretería vos quieras convertirla en una carnicería. Tenés que tener un local adecuado para eso. Una cosa es un juzgado penal y otro es de violencia doméstica. No es mala voluntad. En el proyecto del presupuesto se prevén un montón de juzgados de violencia de género, defensores, pero no hay recursos para nada. Se prevé y donde se ha podido se han hecho”, dijo.