El ADN de la República

En todos los regímenes verdaderamente republicanos existen mecanismos que permiten ejercer pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado a efectos de dirimir diferencias o de coartar el abuso de poder. Y entre ellos hay uno, de honda raigambre republicana, que es el juicio político o impeachment. Nacido en el derecho anglosajón, hoy rige en casi todas las constituciones. Es el juicio que se inicia en el Parlamento contra el presidente, vicepresidente, miembros del Parlamento o de la Corte Suprema por violación de la Constitución u otros delitos graves. En nuestro país se establece con carácter general en el artículo 93 de la Constitución y se completa con los artículos 296, 102, 103, 172 y 178.

El juicio político no es moneda de uso corriente aunque en Uruguay se amenaza con usarlo a nivel departamental. Por la gravedad de su naturaleza, las constituciones prevén siempre que la cámara alta lo vote solo con mayorías especiales (generalmente de dos tercios), a fin de dar mayores garantías. También se establece un proceso especial para que el acusado tenga las garantías de defensa en juicio.

Pero lo que es una medida constitucional ha comenzado a verse, para variar, como “una maniobra desestabilizadora” de “la prensa” y de la “oposición”. En América del Sur en los últimos años se usó en Paraguay contra el presidente Lugo y ahora parece que prosperaría una moción contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, con final incierto. En el caso paraguayo, la oposición, mayoritariamente de derecha, realizó un juicio político a Lugo y lo destituyó: el Mercosur aplicó la llamada “cláusula democrática” y sacó temporalmente a Paraguay del bloque, habilitando en paralelo el ingreso de Venezuela. Al Mercosur (Brasil, Uruguay y Argentina) no les gustó cómo se ejerció el juicio político en Paraguay. Ahora parece que tampoco les gusta el hecho de que Dilma pueda ser sometida a juicio político, como le ocurrió a su colega Fernando Collor de Melo por denuncias de corrupción en los años 90. Collor de Melo, viendo venir la votación, prefirió renunciar, pero a nadie se le ocurrió decir que “las instituciones habían sido debilitadas”, ni que era un “ataque de la prensa”, aunque sí fueron denuncias de la prensa las que descubrieron los hechos de corrupción. Es verdad que Collor de Melo era un presidente de centro derecha…

Ahora, con abundantes denuncias de corrupción que recorren casi todo el espectro político, pero especialmente el PT de Lula y Dilma por los casos del “mensalao” (pago mensual a legisladores para que votaran leyes) y por el “petrolao” (caso de corrupción en Petrobras, que afecta al partido de gobierno y a la oposición), se dice en Uruguay, y probablemente en la Unasur, que se trata de una operación desestabilizadora de las instituciones democráticas por parte, cuando no, de la “prensa y de la oposición”. ¿Por qué no se deja que actúe la Justicia? ¿Y que actúe el Parlamento? El caso de corrupción en Brasil ha terminado con poderosos empresarios en la cárcel. ¿Son también ellos víctimas de la prensa y de la oposición?

Si cada vez que se va a ejercer el instituto del impeachment con un presidente de izquierda, todos los países con gobiernos de ese signo van a criticar y a decir que es una “operación desestabilizadora de la prensa y la oposición”, vamos por mal camino. Pero si es un presidente de derecha, lo dejamos pasar. Ello implicaría un profundo desconocimiento y hasta desprecio de lo que es el ADN de una República. Dejemos que la Justicia resuelva este asunto y si no nos gusta como actúa, recurramos a las instancias de apelación. Después de todo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, compuesto de 11 miembros, tiene siete de ellos designados por el PT. ¿Estarán también conspirando?