El costo de volver a postergar un ajuste

La región es rica en experiencias fiscales recientes que intentaron evitar lo inevitable

M. Cerchiari

En momentos en los cuales la economía flaquea es cuando la puja distributiva cobra una mayor importancia para la izquierda. El reparto de la bonanza es una preocupación crucial, pero distribuir el precio de un ajuste es un asunto mayor. Una cosa es asignar la riqueza y otra muy distinta es repartir privaciones.

A diferencia de otros episodios en la historia reciente, esa decisión hoy recae en el Frente Amplio, que tiene por delante una de sus mayores disyuntivas: honrar los ideales de un discurso histórico en el cual los principales responsables de la conducción económica en el gobierno hoy no creen; o seguir el camino de los grandes referentes ideológicos de la región, que hicieron la vista gorda durante años a sus limitaciones fiscales y hoy pagan el precio de esas decisiones.

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Sería muy fácil para el gobierno postergar el ajuste, no "jugar al achique" como reclaman el PIT-CNT y una parte del Frente Amplio. Uruguay perfectamente podría enfrentar un déficit de 4% del PIB este año. Es probable que aun sin que el gasto público suba, el déficit aumente porque Uruguay tendría que pagar un costo mayor para cubrir el exceso de gasto, pero el país tiene espaldas. El gobierno podría echar manos a las reservas, a los créditos preacordados con organismos multilaterales y explotar los beneficios del grado inversor, que rápidamente sería retirado por las calificadoras de riesgo, pero permitiría prefinanciar gasto y obligaciones por unos años.

Siempre se puede acudir también a una suba de los impuestos al capital o a los hogares de mayores ingresos, bien vista por una parte del partido en el gobierno. Eso también podría ayudar en el corto plazo, pero en un mundo globalizado es difícil pensar que esos capitales se queden en el país teniendo otras plazas en las cuales los impuestos son más bajos y las condiciones para colocarse son mejores, y ni hablar de recibir nueva inversión. Esa fuga en pocos años agravaría los problemas fiscales, pero también tendría un efecto negativo sobre la actividad y el empleo.

Cuando los fondos del exterior se vuelvan prohibitivos y la inversión escasee siempre se podrá seguir el camino marcado por Venezuela y Argentina. Para seguir esquivando un ajuste –a todas luces mayor del que se evitó en un principio–, se puede cerrar la economía y frenar a prepo (y a cepo) la salida de capitales.

Con un régimen de tipo de cambio controlado y rompiendo toda independencia del banco central el gobierno puede financiarse a través de emisión monetaria, acelerando la inflación pero manteniendo intacta su capacidad de gastar. Ya sin crecimiento, con las cuentas públicas y externas al rojo, cobrará protagonismo una nueva disyuntiva: dejar que la inflación barra con el poder de compra de los trabajadores o forzar ajustes que aceleren la destrucción de empleos.

Pasando raya a la experiencia de los países vecinos, el resultado no fue una economía saludable y mejor distribuida sino una más pobre e inestable, con una mayor dificultad para recuperar los niveles de empleo y las condiciones de vida perdidos. El ajuste no solo sigue siendo necesario, sino que es aun más acuciante y su costo es inmensamente más alto de lo que hubiera sido previamente.

El camino fácil es tentador, pero está condenado a desembocar en un ajuste mayor y en un costo más alto para aquellos uruguayos que algunos dentro de la izquierda dicen hoy defender al oponerse a un recorte de gastos. Si hay algo que la evidencia ha demostrado por encima de los postulados ideológicos es que los desequilibrios macroeconómicos se pagan. Un desequilibrio pequeño cuesta poco en relación con uno madurado por los años y la inacción.

La respuesta que dé hoy el gobierno a los desequilibrios que la economía uruguaya acumuló en la última década no lo hará más "de izquierda" o "de derecha", pero sí hablará mucho de su capacidad para asumir responsabilidades y costos políticos por el resultado de sus propias políticas, anteponiendo el interés de la sociedad de minimizar el impacto del ajuste a lo largo del tiempo respecto a su propia necesidad de preservar el capital electoral.

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