El drama del progresismo argentino: sin vacunas, sin clases, sin asado y con un socio incómodo

Los pilares de esa tregua fueron la aprobación de la ley que legaliza el aborto -con lo cual se reconciliaba con la base juvenil y las organizaciones feministas que le reclamaban la promesa electoral- y, por otra parte, logró una paz financiera que disipó los fantasmas de los típicos caos sociales pre-navideños.

Pero con el 2021 ya volvieron los problemas que hicieron olvidar los logros de esa “agenda progresista”. Y, lo que más irrita a la dirección kirchnerista, muchos de esos nuevos problemas ponen al gobierno en la posición incómoda de que la oposición los “corra por izquierda”.

Uno de los casos más notorios es el de la provincia de Formosa. Fronteriza con Paraguay, con apenas medio millón de habitantes que en su enorme mayoría reciben sus ingresos directamente o indirectamente del Estado, es una de las provincias más pobres y atrasadas del país.

Pero, sobre todo, es una permanente fuente de denuncias. Para el peronismo constituye un socio incómodo: tiene todos los vicios típicos que caracterizan a los “feudos” donde unas pocas familias “dueñas” de la provincia manejan a su antojo la política, la economía y la justicia. Pero aportan votos: el gobernador Gildo Insfrán, que ocupa su cargo ininterrumpidamente desde 1995, obtuvo un contundente 70 por ciento de los sufragios en la última elección.

Ha sido acusado de hacer cruzar ciudadanos paraguayos desde la vecina ciudad de Clorinda para que votaran en cada comicio, ha sido acusado de reprimir manifestaciones de aborígenes quom y, en general, de comportarse como un mini dictador. Pero nunca el peronismo había sentido que Formosa podía ser un factor político tan nocivo como ahora.

Ocurre que Insfrán decidió echar mano a toda medida, por dura que fuera, para que su provincia quedara aislada del covid. Y eso incluyó la prohibición de ingresar a la provincia a ciudadanos que por algún motivo -incluyendo laborales o de salud- pudieran retornar.

Durante todo el 2020 esto llevó a debates en el sentido de si es constitucional que una provincia trate un límite como si fuera una frontera nacional, al punto de impedir el ingreso de un ciudadano. Pero, ajeno a las críticas, Insfrán prohibió los ingresos, de manera que con el paso de los meses fueron acumulándose los “refugiados” en la frontera, que debían dormir a la intemperie y vivir de la caridad.

El tema llegó al “prime time” televisivo, y entonces el gobierno formoseño organizó un sistema para que los sospechosos de covid fueran confinados, en teoría para pasar un período de aislamiento y ser hisopados. Pero en las últimas semanas se han conocido testimonios dramáticos en el sentido de que esos centros se parecen más a cárceles que a establecimientos médicos. Hubo denuncias de gente que, con test negativo, no recibió autorización para salir.

Se llegó a trasladar gente por la fuerza desde sus casas hasta estos centros, y hubo una denuncia de asesinato a cargo de la policía. Y quienes han denunciado la situación recibieron presiones sobre la posible pérdida de su trabajo estatal.

El asunto llegó a tales proporciones que ya no sólo es tema de debate nacional sino que mereció la atención de la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

¿Autoritario pero efectivo?

Para un gobierno que ha hecho de los derechos humanos una bandera y que se jacta de haber puesto el tema de los derechos de las minorías en la agenda, todo lo que ocurre en Formosa es un duro golpe.

Pero, además, hay otro problema: mientras en la TV se ven las inspecciones a los “centros de salud” y se escuchan las denuncias, surgió el debate interno en el peronismo por un dato incuestionable: los datos sanitarios de Formosa están entre los mejores del país.

Para un gobierno que cuenta la gestión de la pandemia como uno de sus grandes fracasos -casi dos millones de infectados, con un ritmo de 10.000 nuevos casos diarios y 47.000 fallecidos- no deja de ser llamativo la manera en que Formosa logró controlar la situación.

Apenas 1.000 infectados, mientras en la vecina Chaco ya se pasaron los 30.000. Testeos en calles y rutas, con una organización casi militarizada, hacen que un alto porcentaje de la población haya pasado el control sanitario y se mantenga una relativa tranquilidad sanitaria.

Todo lo cual llevó a que dentro del propio peronismo se planteara el debate más incómodo del momento: ¿hay que “bancar” a Insfrán por haber impedido la propagación de los contagios y el previsible colapso del sistema sanitario provincial? ¿O hay que “despegarse” de la imagen de un gobernador de tendencias autoritarias que está en la lupa internacional por violación a los derechos humanos?

Entre las clases suspendidas y las vacunas en camino

Ese es el debate interno que levanta la temperatura en las redes y entre los propios militantes oficialistas. Pero no es todo.

Porque otro tema importante en la “agenda progresista” del kirchnerismo está otra vez en peligro: las clases. Después de una guerra de cuatro años en los cuales se había acusado al gobierno macrista de haber degradado la enseñanza pública, el nuevo gobierno de Alberto Fernández se encontró con la realidad de la pandemia.

Y la medida de suspender las clases presenciales, que al comienzo fue respaldada por la mayoría de la población, fue progresivamente perdiendo apoyo. Finalmente, empezaron a aparecer los indicadores que confirmaban las peores sospechas: las videoclases no tenían la misma efectividad y sólo se sostenían en hogares de alto nivel socio económico, mientras que en los sectores de menores ingresos prácticamente se hablaba de un año perdido, con temor a un agravamiento en la deserción en las zonas marginales.

La llegada de la vacuna, así como un temprano acuerdo salarial con los docentes, parecían haber puesto una solución a este tema. Sin embargo, otra vez surgieron dudas. Porque la clave para el acuerdo fue que todos los maestros estarían vacunados de aquí a un mes.

Eso implica que deberán llegar al país y suministrarse cuatro millones de dosis de vacunas (recién se llegó al 10 por ciento), para cubrir al personal médico, policial y docente. Ya había dudas cuando el cronograma se diseñó, y ahora se agrandaron con las noticias sobre atrasos en las entregas de vacunas en todo el mundo.

Una reversión del “asado de Pepe”

Para colmo, en enero volvieron las presiones inflacionarias y varios gremios -incluyendo a los docentes- están reclamando acuerdos que no sólo recuperen lo perdido en 2020 sino que incluyan cláusulas de protección contra la inflación futura.

El argumento suena racional: a pesar de que en las proyecciones oficiales la inflación será del 29 por ciento, el consenso del mercado habla de un 50 por ciento.

Demasiados problemas para el inicio de año, y eso que el dólar sigue dando una tregua. Pero el gobierno no quiere bajar la guardia: es un año electoral y su obsesión es que se pueda garantizar un aceptable nivel de consumo, sobre todo en alimentos, donde la inflación del año pasado terminó 15 puntos encima del promedio.

Es por eso que el otro tema que ocupa la agenda por estas horas es una negociación con los empresarios, en la cual el planteo es, básicamente: el gobierno se abstiene de intervenir y no incluye trabas a la exportación siempre y cuando los productores garanticen un “desacople” entre los precios de alimentos locales ante el boom agrícola internacional.

Una primera prueba de ello se está realizando en estos días, con 10 cortes de carne popular. Un acuerdo que a muchos hizo recordar al célebre “asado de Pepe” de hace 15 años. Pero tampoco ahí hay mucho para celebrar: los carniceros ya pronosticaron que el plan no funcionará. Y en Argentina es difícil ganar una elección cuando se llegó a un mínimo histórico en el consumo de carne vacuna, con 50 kilos anuales por habitantes.

De hecho, uno de los placeres del macrismo es recordar que una de las promesas de campaña electoral era la vuelta del asado. Pero lo que más duelen son las críticas internas.

“Cómo puede ser que en el país del trigo no se puede comer pan y en la pampa de las vacas no se puede comer carne”, sintetizó el líder piquetero Juan Grabois, que se arroga ser intérprete del pensamiento político del Papa Francisco. Y pide medidas más radicales de intervención económica.

Este hecho marca la situación actual argentina: un gobierno que no encuentra paz política ni económica y que en su debate interno siente, cada vez con más fuerza, el reclamo de su sector más radicalizado para dar un brusco viraje a la izquierda.