La propuesta del vicepresidente Danilo Astori de dejar de lado el proyecto que elimina la ley de Caducidad y en su lugar votar la derogación de esta norma, fue rechazada este lunes por varios sectores del Frente Amplio (FA).
La propuesta del vicepresidente Danilo Astori de dejar de lado el proyecto que elimina la ley de Caducidad y en su lugar votar la derogación de esta norma, fue rechazada este lunes por varios sectores del Frente Amplio (FA).
Así lo dijeron a El Observador los senadores Mónica Xavier (socialista) y Óscar López Goldaracena (comunista) y los diputados Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Álvaro Vega (MPP).
Astori inició el viernes pasado con el presidente José Mujica una ronda de contactos para intentar convencer al oficialismo de dar marcha atrás y no dar sanción definitiva al proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
La votación en Diputados fue fijada para el viernes 20. Consultado este lunes por El Observador acerca de si tomará partido por algunas de las posiciones sobre la caducidad que se dan dentro del FA, el presidente respondió: “No me voy a meter, sino complico todo. Tengo cuatro años por gobernar”.
“Lo estuve conversando con Mujica. El presidente comparte mi preocupación, o mejor dicho yo comparto la de él”, precisó este lunes el vicepresidente.
El vicepresidente propone que una vez derogada la ley se utilicen los fallos de inconstitucionalidad de la ley de Caducidad que en adelante pueda adoptar la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para poder juzgar así a los militares que hasta ahora fueron amparados por esta norma.
Astori tomó para sí la sugerencia del constitucionalista de la Universidad Católica, Martín Risso, de revocar los actos administrativos de gobiernos anteriores que ampararon a los militares en la ley de Caducidad.
“Primero la derogación, que la ley salga de nuestra estructura de derecho jurídico, que no exista más, eso tiene efectos hacia adelante. Hacia atrás caben los caminos del trámite de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que ya se hizo en el caso de Nibia Sabalsagaray y que sabemos que va a terminar de la misma manera cualquier otro caso que se plantee al respecto. Tenemos la esperanza de que se pueda lograr la misma finalidad que se busca con el otro proyecto pero por caminos más razonables, y todo eso sin la enorme dificultad de desconocer pronunciamientos populares importantes”, explicó Astori.
El vicepresidente reconoció que es difícil ir contra lo que ya resolvió la coalición de izquierda.
Pero a pesar de las advertencias de Mujica y de Astori, y de los contactos que inició el vicepresidente, su propuesta no parece tener eco por ahora en la interna del oficialismo.
Es más, según dijo un diputado cercano a Astori, la única forma de que la nueva propuesta tenga éxito es que Mujica, en persona, se la ponga al hombro y reclame a sus legisladores que la respalden.
Este lunes el Comité Ejecutivo del Partido Socialista evaluó el planteo de Astori.
“Estas cosas nos extrañan porque ya se dio un espacio más que suficiente dentro del FA para dar el debate sobre este asunto. Llama la atención que se llegue siempre a la conclusión de que hay alternativas mejores cuando todos hemos estado alrededor de una mesa buscando la decisión jurídica más correcta”, dijo a El Observador la senadora Xavier.
El diputado Vega dijo que no habrá vuelta atrás y que el 20 de mayo se votará la eliminación de la ley de Caducidad.
“Esto no quita que luego se deba recurrir a la solución que propone Risso. Me parece que es lo más lógico, lo más coherente”, afirmó.
En el mismo sentido se pronunció Michelini, coordinador de la bancada de diputados del FA.
El senador suplente del Partido Comunista, Óscar López Goldaracena, dijo a El Observador que la derogación de la ley de Caducidad sería “validar la impunidad”.
“Deberíamos estar todos detrás de esta ley interpretativa que aprobamos en el Senado y dejarnos de proponer artilugios. Nosotros, y las organizaciones de derechos humanos, queríamos la anulación de la ley pero no se pudo hacer y aceptamos este camino. Ahora llegaremos hasta el final”, afirmó. Sostuvo que la propuesta del constitucionalista Martín Risso “no asegura que se haga justicia”.
Astori tiene 17 días para convencer al FA de cambiar una decisión que le tomó más de nueve meses adoptar y por la que ya pagaron altos costos.